Del diálogo a la colaboración E-Book

Autores varios

• Herausgeber: FCEChile
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Seitenzahl: 368

Beschreibung

Este libro analiza el desarrollo global y de Chile en las últimas décadas, destacando que, junto al crecimiento económico y la expansión de la democracia, se ha agudizado la desconfianza, la fractura social y la degradación ecológica. Ello, sumado a la irrupción de las redes sociales, ha generado conflictos entre los diversos intereses que coexisten en la sociedad. Enfrentar con éxito estos conflictos, así como los complejos desafíos contemporáneos, requiere del diálogo y la colaboración de múltiples actores. Las formas tradicionales y verticales de organización de las relaciones sociales no logran aunar posiciones para impulsar la colaboración. Se requieren, por tanto, nuevas maneras de colaborar, más inclusivas, horizontales y simétricas, que reconozcan la mayor diversidad de intereses y su demanda por participar en los asuntos que les afectan. En esta obra, diversos autores y autoras analizan cómo la colaboración es indispensable para enfrentar con éxito los principales desafíos económicos, sociales y políticos que el futuro nos propone, y se ofrece un método de trabajo llamado Diálogo y Colaboración con Resultados (DCR), con fundamentos teóricos y etapas para promover la colaboración efectiva.

Leseprobe

Primera edición, FCE Chile, 2024

Del diálogo a la colaboración: Cómo construir soluciones colectivas a desafíos complejos / Álvaro García Hurtado … [et al.] – Santiago de Chile : fce, 2024

230 p. ; 21 × 14 cm – (Colec. Economía)

ISBN 978-956-289-349-7

1. Chile – Desarrollo económico – Siglo XXI 2. Chile – Desarrollo sustentable – Siglo XXI 3. Chile – Política económica – Siglo XXI 4. Economía – Chile – Aspectos sociales – Siglo XXI I. García Hurtado, Álvaro, coaut. II. Ser.

LC HC192 Dewey 338.9 D354

Distribución mundial en habla española

D.R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Chile S. A.

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

www.fondodeculturaeconomica.cl

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

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Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S. A.

Diagramación: Macarena Rojas Líbano

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN: 978-956-289-349-7

ISBN Digital: 978-956-289-358-9

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

Glosario

Introducción. La colaboración en nuestros tiempos

CAPÍTULO IEL IMPERATIVO DE LA COLABORACIÓNEN LA ERA POSCONSENSUAL

1. La democracia en el actual escenario

2. La economía actual: crecen la economía y el reclamo por mayor dignidad e igualdad

3. Deterioro ambiental y reclamo por el futuro de la vida

4. Un estilo de desarrollo insostenible

CAPÍTULO IIDEMOCRACIA Y ECONOMÍA DE LA COLABORACIÓN

1. Democracia de la colaboración

2. Economía de la colaboración y desarrollo sostenible

3. Lecciones para la sostenibilidad

CAPÍTULO IIICHILE, UNA OPORTUNIDAD PARA SUPERAR UN ESTILODE DESARROLLO INSOSTENIBLE

1. Evolución del desarrollo chileno según las cuatro dimensiones de la sostenibilidad

2. Una nueva oportunidad para el desarrollo sostenible de Chile

3. Lecciones para la sostenibilidad

CAPÍTULO IVDIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON RESULTADOS

1. Fundamentos del método: la negociación basada en principios

2. Dos actores indispensables para un DCR: La Organización Convocante y la Institución de Apoyo

3. Las tres etapas del proceso de Diálogo y Colaboración con Resultados (DCR)

Conclusión. Colaborar en la era de la diversidad y la interconexión

Bibliografía

GLOSARIO

AESOT: Análisis Estratégico de Sostenibilidad Territorial.

CEO: Chief Executive Officer (Director Ejecutivo).

CEP: Centro de Estudios Públicos.

CFA: Consejo Fiscal Autónomo.

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

CNID: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

COES: Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social.

CORFO: Corporación de Fomento de la Producción.

COSOC: Consejos de la Sociedad Civil.

CRC: Centros Colaborativos de Investigación en Australia (Cooperative Research Centers).

DCR: Diálogo y Colaboración con Resultados.

DIPRES: Dirección de Presupuesto.

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental.

ERD: Estrategias Regionales de Desarrollo.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

GEI: Gases de Efecto Invernadero.

GPS: Gestión de Proyectos Sustentables.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

IDT: Institucionalidad de Diálogo Territorial.

IEA: International Energy Agency (Agencia Internacional de Energía).

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).

IRENA: International Renewable Energies Agency (Agencia Internacional de Energías Renovables).

LEY REP: Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor.

MIPYME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PIB: Producto Interno Bruto.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PROT: Planes Regionales de Ordenamiento Territorial.

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

PTF: Productividad Total de Factores.

SBIF: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

SGPE: Sistema de Gestión de Proyectos Estratégicos.

SII: Servicio de Impuestos Internos.

SUPER: Sistema Unificado de Permisos.

TICS: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

INTRODUCCIÓN LA COLABORACIÓN EN NUESTROS TIEMPOS

LA CAPACIDAD DE COLABORAR es inherente a nuestra condición de seres gregarios que vivimos en comunidad. No podríamos ser humanos sin colaborar. Sin embargo, las formas que toma dicha colaboración cambian sustantivamente en el tiempo.

Históricamente, gran parte de nuestras prácticas colaborativas se han basado en generar relaciones verticales en que algunos organizan la colaboración, dictan sus reglas, y otros la ejecutan. Ello ha sucedido en los contextos de organizaciones formales como el Estado, las empresas, las escuelas o las entidades de la sociedad civil, pero también en el ambiente de las relaciones sociales informales y ciertamente en las familias. En la actualidad, esas formas tradicionales de organizar la colaboración se encuentran debilitadas o en abierta crisis por un conjunto de razones. Los progresos civilizatorios que hemos alcanzado en materia de derechos y libertades, el mayor acceso a la educación y la información, así como el desarrollo de formas más interactivas y abiertas de comunicación a través de las tecnologías digitales han dado paso a una sociedad donde las personas son más autónomas, empoderadas, críticas y capaces de expresar sus ideas y sentimientos. Una de las consecuencias de este escenario es que la ciudadanía tiende a ser más reacia a entregarles a otros el poder de representarla o dirigirla. Las jerarquías y las autoridades de todo tipo enfrentan exigencias de transparencia, horizontalidad y rendición de cuentas que nunca habían conocido. En consecuencia, los gobiernos, las empresas y todas las formas de organización se ven tensionadas por expectativas a las que no saben responder. Así, el tejido social se deteriora y las confianzas que le daban sustento se vuelven frágiles.

De hecho, en la mayoría de los países se aprecia una baja confianza en las instituciones clave de la democracia y la economía, principalmente el gobierno, Parlamento y las empresas privadas. Ello aparece vinculado al hecho de que la población percibe que las instituciones no dan cuenta de los intereses de las personas, sino de los poderosos, y que existe un quiebre entre la élite (política, económica y los expertos) y las personas comunes. De allí que una gran mayoría señale que los temas más importantes deben ser decididos por la gente.

Las escalas de esta transformación son muy amplias y alcanzan el nivel internacional. En ese ámbito, se habla de que estamos adentrándonos en una era posconsensual, donde muchos de los pilares que organizaron las relaciones internacionales pacíficas y de cooperación están en cuestión. Ello no significa mecánicamente que estemos entrando en una etapa de confrontación, pero plantea un desafío mayor en las relaciones internacionales, en términos de redefinir las bases de acuerdo que modelarán nuestro ordenamiento global a futuro. El reordenamiento de las grandes potencias, la mayor debilidad de organismos multilaterales como Naciones Unidas, la emergencia de poderosos líderes antiglobalización en la izquierda y derecha de diversos países, la persistencia de desafíos como la desigualdad y el cambio climático que el orden global no ha logrado resolver, son algunas de las razones que están a la base del agotamiento de los pactos y equilibrios mundiales que se instalaron en la posguerra y que sobrevivieron en gran parte hasta hoy.

En la economía también se aprecia un creciente nivel de conflictos socioambientales. Se trata incluso de una de las principales preocupaciones de las empresas que impulsan grandes proyectos de inversión. Por ello el nivel de cooperación multiactor es determinante en el cálculo del valor de mercado de una industria extractiva. A mayor colaboración con su entorno, mayor valor económico.

El cuestionamiento del orden patriarcal es otra de las tendencias de nuestros tiempos que ha hecho flaquear algunas de las formas más enraizadas de colaboración jerárquica de la sociedad. Ello ha tenido consecuencias en múltiples ámbitos, y particularmente en el orden familiar, que aparece convulsionado. Sus reglas tradicionales, basadas en la jefatura y provisión masculinas, están en franca retirada. Las mujeres reclaman crecientemente paridad en las decisiones, esperan una distribución equitativa de las tareas de cuidado, reivindican su sexualidad y se insertan crecientemente en todos los ámbitos laborales y de la vida social demandando igualdad de trato y salario. El retroceso del orden patriarcal representa un avance social y cultural significativo, pero todavía no se desarrollan suficientemente nuevas modalidades que lo reemplacen; en consecuencia, las formas de colaboración que funcionaban bajo su lógica ya no operan pero sin que hayan madurado las prácticas que ocuparán su lugar.

Los síntomas de estos cambios son experimentados como conflictividad. Las formas conocidas de colaboración comienzan a fallar y sus figuras de autoridad son cuestionadas, con el efecto inmediato de una desorientación entre las partes de cualquier colectivo, desde los integrantes de una familia, pasando por los actores sociales de una sociedad nacional hasta los países miembros de la comunidad internacional. Frecuentemente, la lectura que se impone es que hay fragmentación, dificultad para lograr acuerdos, subversión de las reglas de convivencia, y el reflejo natural de quienes añoran relaciones más colaborativas es intentar recuperar el orden perdido, revitalizar la autoridad cuya reputación está alicaída y afirmar el apego a las reglas establecidas. No obstante, las más de las veces ese camino no logra sentar las bases para una colaboración efectiva.

La dificultad para hacer funcionar las formas de colaboración que hemos conocido se resuelve habilitando nuevas maneras de colaborar. Si en el pasado la organización de la colaboración social descansaba en gran medida en estructuras de verticalidad que eran asumidas como naturales, en la actualidad es necesario desarrollar modalidades más inclusivas, horizontales y simétricas, que reconozcan una mayor distribución de las figuras de autoridad. Podemos encontrar expresiones de esta tendencia en múltiples ámbitos. En el ámbito del gobierno y las políticas públicas, por ejemplo, se ha instalado la preocupación por la gobernanza, es decir, la forma en que se desarrolla el acto de gobernar y, particularmente, las modalidades en que los distintos actores de la sociedad participan en ello. Se toma conciencia de que el gobierno por sí solo no alcanza para darles conducción a las sociedades actuales, y se requiere complementar sus potestades con una capacidad de articular la colaboración del sector privado y la sociedad civil. Desde esta mirada se desprende que el gobierno se ejerce en conjunto con la sociedad y no sobre esta, y ello se traduce en diversas variantes, como la gobernanza sistémica, la gobernanza multinivel y la gobernanza colaborativa. Esta última pone el acento en generar las condiciones para un diálogo efectivo entre diversos actores, preocupándose por la habilitación inicial de estos, el cultivo de relaciones de confianza y la definición ecuánime de las reglas del juego.

Algo similar ocurre respecto de las instituciones democráticas. La representación a través de partidos políticos y mediante la elección de autoridades se ha vuelto estrecha para las expectativas de participación de la población. A ello se ha respondido en diversas latitudes explorando nuevas modalidades de participación ciudadana, como las que se revisan en el informe de la OCDE del 2020, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions.

En el ámbito del conocimiento, la influencia de las ideas de colaboración horizontal se expresa en la búsqueda de métodos interdisciplinarios y transdisciplinarios, que combinan saberes y métodos para abordar problemáticas complejas. Ya está claro que asuntos como la salud, la educación, el desarrollo territorial, el medio ambiente, la inclusión social, el género y el urbanismo requieren de la integración de disciplinas distintas para ser comprendidos e intervenidos. Las disciplinas cuantitativas y cualitativas, las ciencias sociales y las exactas, junto a las humanidades e incluso las artes, se entienden como saberes incompletos y complementarios, abriendo camino a nuevas formas de colaboración interdisciplinar.

En el ámbito de las organizaciones y las empresas, por otra parte, se ha comprendido la necesidad de ir más allá de las estructuras y los procesos productivos para entender las culturas organizacionales, las prácticas, las formas de comunicación y los estilos de trabajo. Desde esa mirada se realizan intervenciones que ven a las organizaciones como órganos cuyas partes son interdependientes, y solo pueden cambiar o evolucionar en la medida en que todas ellas participen en el proceso. Así, las intervenciones desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba tienden a ser reemplazadas por procesos más sistémicos, horizontales y colaborativos.

Alrededor de estas experiencias en tan diversos campos como los que hemos revisado existe un desarrollo intelectual amplio y variado que ha dado sustento a estas búsquedas. En ciencias políticas, economía, filosofía, sociología, biología y muchos otros campos, se ha investigado y se ha escrito mucho sobre las formas de colaboración que estructuran las sociedades humanas y cómo estas se ponen en cuestión y cambian. Como se observa en el extracto que sigue, Humberto Maturana, por ejemplo, reivindicó desde la biología y la filosofía la colaboración como un aspecto fundamental de la estabilidad social:

El camino de la libertad es la creación de circunstancias que liberen en el ser social sus profundos impulsos de solidaridad hacia cualquier ser humano. Si pudiésemos recuperar para la sociedad humana la natural confianza de los niños en sus mayores, tal sería el mayor logro de la inteligencia operando en el amor, jamás imaginado.

Por el contrario, la paz conseguida por la negación del otro (en las múltiples formas con que esta negación se manifiesta) nos desvía de este camino de entendimiento mutuo. Por una parte, porque la incomunicación que tal rechazo e indiferencia produce, impide la colaboración, reduciéndose por tanto la solidaridad social espontánea y la creatividad que ésta trae consigo. Por otra parte, porque luchar por una cierta forma de estabilidad social, cuando es el caso que ésta ha sido conquistada haciendo un llamamiento a la negación de otros que genera el odio mutuo, es una falacia en su propia naturaleza y equivale, de hecho, a caminar con ayuda de un bastón de acero en la serena quietud de un polvorín (Maturana R. & Varela, 2003: XV-XVI).

Asimismo, Maturana cuestionó la excesiva confianza depositada en la competencia como motor de las capacidades humanas, argumentando que dicha confianza se sustenta en una interpretación errónea de la naturaleza, que la percibe regida por una “ley de la selva”, donde cada individuo persigue sus propios intereses en una competencia implacable. Por su parte, la filósofa Martha Nussbaum (2014) pone el acento en las condiciones que las personas requerimos alcanzar para dar forma a una sociedad democrática. En su pensamiento, hay dimensiones emocionales y capacidades que deben desarrollarse para que los integrantes de una comunidad política tengan vínculos de empatía, solidaridad y respeto, sin los cuales la democracia será siempre precaria y estará amenazada. Llevado al lenguaje de la colaboración horizontal, ello significa que la fortaleza democrática se logra en actitudes horizontales que incluyen a todas las personas y no solamente en estructuras de dirección o mecanismos de representación. Y podríamos citar a muchos otros autores que reflexionan en una dirección que es consistente con estas ideas.

Los desafíos que nuestro tiempo plantea son extremadamente demandantes desde el punto de vista de la colaboración. Ninguno de ellos se puede abordar sin articular la contribución de actores muy disímiles en sus intereses, ámbitos de origen, su escala y su forma de funcionar. Pensemos solamente en las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia del covid-19, en la complejidad de la crisis climática, de los fenómenos migratorios, de las nuevas formas de criminalidad y de los antiguos, y aún vigentes, problemas de exclusión social y desigualdad. Colaborar, en definitiva, es una exigencia, pero necesitamos aprender a hacerlo con formas que sean funcionales a la sociedad actual. La colaboración entendida como el acuerdo respecto de las orientaciones de una autoridad superior o como el entendimiento entre las élites ha perdido eficacia y legitimidad. En su lugar, ha ganado terreno la búsqueda de formas de colaboración basadas en relaciones más horizontales y en autoridades cuyo mandato está sometido a un escrutinio permanente desde el punto de vista de su alineamiento con el bien común. Ello vale en escalas muy distintas, desde las relaciones internacionales hasta las familias.

El desafío principal es que esas nuevas formas de colaboración no son nada de obvias. Necesitan ser exploradas y probadas. El futuro que nos espera estará marcado por esos ensayos y pondrá a prueba la capacidad de las sociedades de perseguir el objetivo de la colaboración pese a los obstáculos, de desarrollar una alta capacidad de innovación social y de resiliencia ante las dificultades. No es primera vez que el mundo enfrenta este desafío. Lo hizo en el siglo XIX con las reformas liberales (desamortización) que redistribuyeron la riqueza, especialmente la tierra. Volvió a enfrentar un desafío similar después de la Segunda Guerra Mundial que respondió con el nuevo contrato social de la posguerra, que combinó el capitalismo de mercado con un Estado social que dio lugar a un prolongado período de crecimiento con inclusión social, en los países donde este se implementó. Hoy enfrentamos nuevamente esa disyuntiva.

En el primer capítulo de este libro se analizan antecedentes internacionales que ponen de manifiesto que a nivel global el proceso de desarrollo ocurrido en las últimas décadas ha tenido una doble cara: hacia una búsqueda por el crecimiento económico y la integración, al tiempo que genera una desconfianza, fractura social y una degradación ecológica.

Así, en el segundo capítulo se indaga por un lado en que lo anterior se aprecia en la expansión de la democracia y de las preferencias por ella; pero también crece la insatisfacción con dicho modelo político y, especialmente, la desconfianza en las instituciones públicas. En efecto, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) han empoderado a la ciudadanía, pero simultáneamente la han fracturado y hecho nacer la brecha digital que la atraviesa. Por otro lado, se analiza cómo el crecimiento económico a nivel mundial ha sido alto por un prolongado período, disminuyendo la pobreza y aumentando las clases medias, al tiempo que ha crecido la desigualdad y los problemas ambientales han alcanzado un punto dramático, haciendo inviable la sostenibilidad de dicho crecimiento. Estas dos caras han creado movilizaciones sociales en contra de las élites y han sido acompañadas de una pérdida de confianza en las instituciones, que no han logrado generar respuestas, lo que ha debilitado más su capacidad de acción. Así, el segundo capítulo está dedicado a elaborar el concepto de colaboración como respuesta a la necesidad de renovar las bases del orden social a la luz de los desafíos actuales. Se revisa la expresión de esas nuevas formas colaborativas en el funcionamiento de la democracia y la economía, y se presentan ejemplos de experiencias internacionales que han intentado avanzar en esa dirección.

En el tercer capítulo se profundiza en la situación de Chile, que presenta varias características icónicas de dicho panorama global de desarrollo insostenible que llevaron al llamado Estallido Social de 2019. No obstante, se constata que el país se encuentra en un momento de inflexión, ya que se le presentan distintas oportunidades de desarrollo sostenible ligadas a la transición energética. Se argumenta que dichas oportunidades deben ser aprovechadas mediante el fortalecimiento de la colaboración a nivel nacional y territorial, como condición basal de los acuerdos que necesita el país.

El cuarto y último capítulo está dedicado a presentar, en detalle, un método de trabajo que denominamos “Diálogo y Colaboración con Resultados” (DCR). Se exponen sus fundamentos teóricos, sus principales actores y las tres etapas que componen el proceso: 1) las condiciones para el diálogo; 2) el diálogo para la colaboración; y 3) el acompañamiento y colaboración para la acción.

Así, el principal argumento del libro es que las tensiones descritas debieran dar lugar a un nuevo entendimiento respecto al estilo de desarrollo y la forma de organizar nuestra democracia. Ello, sin embargo, no ha sucedido. Parte de la explicación está en la resistencia de ciertos sectores a las transformaciones, pero hay otra parte que se explica por la dificultad de generar colaboración para hacer esos cambios posibles.

En el texto recurrimos a una rica bibliografía sobre el desafío de la colaboración y a una larga experiencia de apoyo a las organizaciones públicas, privadas y ciudadanas para adaptarse a este nuevo contexto incrementando su capacidad de colaborar de manera efectiva en el ámbito de sus actividades. Nuestra experiencia se ha desarrollado en proyectos públicos y privados de escala nacional, sectorial y local, pero se fundamenta en una visión más amplia de la era que estamos viviendo, de sus conflictos y sus desafíos. De todo ello hablaremos aquí, buscando compartir nuestra reflexión y nuestra experiencia. Abordamos la colaboración como un esfuerzo de entender los propios intereses y los del entorno, construyendo relaciones de confianza y respeto y validando la diversidad de perspectivas entre distintos actores. Así logramos cultivar nuevas prácticas colaborativas, que permitan movilizar la acción y obtener resultados.

CAPÍTULO I

EL IMPERATIVO DE LA COLABORACIÓNEN LA ERA POSCONSENSUAL

Los grandes cambios que ha experimentado el mundo en las últimas décadas no han ido acompañados de las adecuaciones institucionales que se requieren para hacer sostenible el desarrollo y la buena convivencia. En el ámbito político, la democracia se ha extendido, pero crece la insatisfacción con ella y empiezan a debilitarse las preferencias por la democracia. Todo ello enmarcado en un acelerado proceso de crecimiento en la desconfianza en las instituciones públicas. La pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, y también de las empresariales, limita su capacidad para resolver las diferencias entre los diversos intereses. Ello parece ocurrir porque la ciudadanía atribuye a la élite (gobierno y empresarios, o élite política y económica) la responsabilidad por la desigualdad, los abusos y el deterioro ambiental (PNUD, 2016). Ante la carencia de instituciones que procesen esa diversidad de intereses, estos se manifiestan a través de grandes movilizaciones y conflictos sociales, debilitando aún más la democracia y las instituciones que la sustentan.

En la economía, en las últimas décadas el mundo experimentó grandes cambios, que además están muy relacionados: la irrupción de las tecnologías de la información y el rápido crecimiento económico. Estos cambios han tenido dos caras que colisionan entre sí produciendo una ola de conflictos alrededor del mundo. Por una parte, ha existido un alto crecimiento que ha triplicado el producto en las últimas décadas, lo que ha integrado a amplios sectores a la sociedad contemporánea y ha permitido que mil millones de personas dejaran de ser pobres y se fortalecieran las clases medias en la mayoría de los países del Sur Global (PNUD, 2016). Sin embargo, simultáneamente ha crecido el descontento por la desigualdad. Un estudio de IPSOS (Suez & Ojeda, 2021) en 25 países da cuenta de que más de la mitad de la población encuentra que el sistema político y económico está roto. El 71% estima que la economía favorece a los poderosos y el 70% piensa que la principal división es entre la élite (política, económica y los expertos) y las personas comunes. De allí que el 60% de los encuestados señale que los temas más importantes deben ser decididos por la gente. Chile y otros países latinoamericanos son los que muestran mayores niveles de desafección con el sistema vigente. Considerando que esta desafección sucede en la época de las redes sociales virtuales, sus conflictos son más difíciles de sostener porque los grupos normalmente sin voz encuentran un canal para expresarse.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) facilitaron enormemente la expresión de la voz ciudadana y, a la vez, indujeron un mayor crecimiento económico. Hay varios debates abiertos en torno a la explosión de las TICS, porque su impacto no ha sido solamente en cuanto al acceso a la información, sino respecto de la facilidad para difundir noticias falsas, polarizar artificialmente los debates e incluso reproducir las desigualdades. No obstante, lo que no está en discusión es que las tecnologías de la información han permitido que amplios sectores puedan expresar su descontento en múltiples ámbitos, conectarse para actuar colectivamente y exigir participación. De hecho: todo ello ha incrementado la conflictividad en muy diversos países.

Un reciente informe de Naciones Unidas define la actual época como “una nueva era de conflictos y violencia” (ONU, s. f.). La última década, señala, probablemente pasará a la historia como una de las más agitadas por grandes movilizaciones sociales. Estas, en general, se orientan contra el poder establecido y van acompañadas de una pérdida de confianza en las instituciones públicas. Lo anterior debilita la habilidad de gobernar, o gobernabilidad, y pone en riesgo la sostenibilidad del progreso.

Todo lo anterior ocurre en el contexto del calentamiento global que afecta al mundo y, especialmente, a la población más vulnerable que no tiene medios para contrarrestar sus efectos. Los que menos aportan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero son los más perjudicados por sus efectos. A ello se suma el hecho de que el mundo no avanza en soluciones a la crisis climática al ritmo que la realidad lo exige, lo que sin duda refuerza el problema de gobernabilidad y sostenibilidad del progreso.

Atender esta situación requiere contar con instituciones que se concentren en la raíz de la conflictividad social y fortalezcan la colaboración para darle sostenibilidad al progreso democrático y económico. Ello es necesario en distintos frentes. En el ámbito de la creación de valor económico, se requiere esfuerzo colectivo, ya que este es co-producido por la interacción entre diversos actores públicos y privados. Por ello, es fundamental impulsar instituciones que faciliten el encuentro, la colaboración y la co-inversión. En el ámbito de la sostenibilidad social, es necesario renovar el pacto social y fortalecer o renovar las instituciones públicas para prestar servicios sociales de calidad que garanticen los derechos ciudadanos. En el ámbito ambiental urge una acción concertada y comprometida de todos los actores para usar los recursos de la naturaleza de manera sostenible. En el ámbito institucional, se deben diseñar nuevas formas en que las instituciones interactúen con la ciudadanía, para que representantes y representados encuentren formas de dialogar y colaborar consistentes con las características de la sociedad actual. Así, nos encaminaremos hacia el logro de la confianza y cohesión social que requiere la buena convivencia.

Se necesita, por tanto, de nuevas instituciones más inclusivas de los distintos intereses, no solo para que estos hagan presente su voz, sino para que logren incidir en los resultados y, así, los frutos del progreso se usen de manera sostenible y se distribuyan más equitativamente. El Estado debe ser el principal actor y promotor del diálogo y la colaboración, ya que los principales desafíos que enfrentan las naciones, y el mundo como un todo, solo pueden ser asumidos mediante la acción colectiva orientada al bien común. El Estado debe garantizar que ello ocurra, generando las instituciones y proveyendo la información que permita la participación simétrica e incidente de los diversos intereses y, así, logrará comprometerlos con la consecución de los resultados que se persiguen o, al menos, evitar su oposición frontal y paralizante. Solo de esta manera los distintos grupos se sentirán parte y se comprometerán con el contrato social que rige a la sociedad, fortaleciéndose la gobernanza y mejorando la convivencia.

Para que el Estado asuma con éxito este desafío, en el clima de desconfianza existente, debe actuar con transparencia y probidad, con la participación de todos y avanzando hacia una distribución más justa de los frutos del desarrollo. Esto es lo que se ha denominado un “gobierno abierto”: fuerte, transparente, probo y competente. A la vez, debe promover la gobernanza colaborativa que permite alinear esfuerzos entre múltiples actores para orientar y apoyar su colaboración en torno al logro de los desafíos societales, ya que alcanzarlos depende muy centralmente de que tengan apoyo y compromiso ciudadano.

A continuación, se presenta un análisis respecto del tipo de instituciones que pueden facilitar el diálogo y la colaboración entre intereses distintos, entendiendo estos procesos como condiciones basales de éxito para iniciativas públicas y privadas.

1. LA DEMOCRACIA EN EL ACTUAL ESCENARIO

En las últimas décadas, la democracia ha experimentado una paradoja. Por una parte, crece la aspiración democrática de la ciudadanía; por otra, se aprecia una creciente crisis de desconfianza e insatisfacción con las instituciones públicas, que pone en crisis a la gobernabilidad democrática.

Efectivamente, la democracia como modalidad de gobierno y como aspiración ciudadana es muy extendida y creciente, no así su calidad. De acuerdo con el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit (2023),1 casi la mitad de la población mundial vive en una democracia de algún tipo (45,3%). Según el mismo índice, 72 de los 167 países y territorios incluidos, es decir, 43,1% del total, pueden considerarse democracias (“plenas” o “defectuosas”). Los países no democráticos, por su parte, han caído del 68% en 1975 al 20% en 2018 (IDEA, 2019).

El mencionado estudio de “The Economist Intelligence Unit” (2023) resalta un estancamiento en el estado de la democracia, ya que la puntuación media mundial se mantiene prácticamente sin cambios en 5,29 (en una escala de 0 a 10), frente a 5,28 en 2021. Este estancamiento esconde acontecimientos más oscuros: en China y Rusia, que albergan más del 20% de la población mundial, se fortaleció el autoritarismo de manera importante en 2022 con el redoblamiento de la política “cero contagios” y la represión de las manifestaciones de fin de año en el primero, y la represión y censura que acompañaron la invasión de Ucrania en el segundo (Economist Intelligence Unit, 2023).

En paralelo a dicho estancamiento en la calidad de la democracia, disminuye el apoyo hacia la democracia como régimen político y aumenta la desconfianza en las instituciones propias de la democracia. El Latinobarómetro 2023 indica que el apoyo a la democracia en América Latina ha descendido desde un 63% en 2010 a un 48% en 2023; además, en la región se ha ido validando poco a poco el autoritarismo, apreciándose un aumento de población a la que le es indiferente el tipo de régimen (Latinobarómetro, 2023). Esto se combina con la caída en la confianza en las instituciones, que queda bien graficada en un estudio de la OCDE que incluye 43 países, de ingresos altos o medios, durante el decenio 2007-2016 (OCDE, 2017). De estos, solo 13 vieron mejorar la confianza ciudadana en su gobierno; los 30 restantes la vieron disminuir o, en pocos casos, permanecer constante. Entre los países cuyos gobiernos tienen baja confianza y además esta cayó en el período analizado, se encuentran España, Francia, México, Finlandia, Colombia, Grecia y Chile. Lo mismo ha ocurrido en América Latina. El estudio de Latinobarómetro para el período 1995-2015 demuestra que “el rango de confianza en que se mueven los partidos, el congreso y el Poder Judicial, las instituciones de la democracia en América Latina en los últimos 20 años, no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos” (Latinobarómetro, 2015: 9). El gobierno y las empresas privadas también se encuentran en ese rango. Chile en general muestra índices de confianza inferiores al promedio internacional y además decrecientes. El estudio longitudinal del COES da cuenta de que la confianza en el gobierno en Chile cayó de un promedio de 13,5% en 2016-17 a 3,7% el 2019 y 4,8% el 2021; ni siquiera 1 de cada 10 chilenos confía en el gobierno (González et al., 2022).

La desconfianza en las instituciones ha llevado a que el descontento se exprese por vías no institucionales, como las movilizaciones masivas, en ocasiones acompañadas de violencia. El informe de Naciones Unidas ya mencionado detecta que, en los últimos 30 años, el número de conflictos violentos ha aumentado continuamente (ONU, s. f.). Los conflictos involucran a grupos cada vez más fragmentados que se enfrentan por razones políticas o socioeconómicas. Adicionalmente, señala, crece la violencia contra la mujer y la violencia criminal. Esta última en 2017 causó medio millón de víctimas, bastante más que los conflictos armados o ataques terroristas (89.000 víctimas). El incremento en la violencia criminal ha sido particularmente intenso en América Latina, que actualmente concentra a 8 de los 10 países más violentos del mundo y a 40 de las 50 ciudades más violentas.

El aumento en la movilización social se ha visto acompañado de un incremento en la fragmentación social. La movilización social en la era digital reúne a grupos que no interactúan entre sí —salvo para acciones masivas— y no comparten posiciones —salvo su crítica al establishment—, ni cuentan con liderazgos claros. Como lo señala Zeynep Tüfekci, que ha estudiado la relación entre las redes sociales y las movilizaciones sociales, “los movimientos sociales han fracasado una y otra vez porque carecen de experiencia y profundidad organizacional; de herramientas y cultura para la toma de decisiones colectivas y de estrategia para la acción de largo plazo” (Tüfekci, 2017). La gran heterogeneidad de movimientos sociales dificulta la participación que permite resolver problemas comunes, lo que se denomina pérdida de capital social. En este escenario, el Estado no encuentra contrapartes claras para dialogar y lograr, por esta vía, superar los conflictos.

Los mecanismos de cooperación y gobernanza no han avanzado en consonancia con la velocidad de las redes digitales. Por eso, los conflictos actuales requieren nuevas respuestas y mayor colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Diversos estudios dan cuenta de que la desconfianza en las instituciones surge de la creciente percepción ciudadana de que estas operan en beneficio de unos pocos y que no producen los resultados en igualdad (de género, económica, social y política) que la ciudadanía espera. El estudio de Anderson y Singer (2008) demuestra —con encuestas en 20 países desarrollados— que allí donde hay mayores niveles de desigualdad, su ciudadanía tiene expresiones más críticas y mayor desconfianza hacia las instituciones y autoridades públicas (también se aprecia menor participación electoral). El estudio corrobora que ha crecido la desconfianza general en las instituciones públicas y privadas. La mayoría de los encuestados creen que los bancos y las empresas financieras tienen un impacto negativo sobre la democracia porque concentran el poder.

Un estudio de la OCDE para América Latina muestra que en la última década el capital social de la región se ha debilitado, lo que está relacionado con “la fragilidad del contrato social y del apoyo cada vez menor a la democracia electoral, la escasa confianza en el gobierno, y los altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta” (OCDE, 2022a). Ello es bien graficado por el hecho de que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International se ha mantenido estable en el mismo período, pero “ha aumentado del 71% al 76% la proporción de personas que consideran que el gobierno es corrupto” (OCDE, 2022a). Por ende, la democracia no está siendo una garantía contra la corrupción, lo que ayuda a explicar la pérdida de confianza en la política, los gobiernos y, en general, la crisis de gobernabilidad democrática.

La insatisfacción y desconfianza hacia el Estado se traslada también hacia el sistema vigente. El estudio Diez Años de Auditoría a la Democracia que realiza el PNUD para América Latina y Chile específicamente (Frei et al., 2019) corrobora que la creciente desconfianza en las instituciones públicas en Chile se produce porque estas no cumplen adecuadamente con su rol; la mala calidad de los servicios sociales y la creciente desigualdad son considerados como sus principales fracasos. La ciudadanía atribuye la responsabilidad de estos fracasos a la élite política y económica y al sistema vigente. Es un reclamo en contra del poder establecido y el estilo de desarrollo que ha impulsado; por ello aumenta la demanda por mayor participación ciudadana.

En este escenario, no es de extrañar que el estudio de IDEA Internacional, del 2019, concluya que “el valor, viabilidad y futuro de la democracia están en cuestión como nunca antes en la historia moderna” (IDEA, 2019). De hecho, la preferencia por la democracia se ha debilitado en los últimos años. En el 2012 alcanzó un máximo de 62% y desde entonces ha descendido 10 puntos porcentuales. Los que dejan de preferir la democracia se van a la categoría de indiferentes, y no optan por otro régimen político. La ciudadanía ya no se conforma con la noción de igualdad democrática (todos pesan igual al elegir a sus representantes), sino que demanda lo que se ha denominado “igualdad relacional”: evitar relaciones profundamente asimétricas que posibilitan la dominación, abuso y/o exclusión. En otras palabras, se basa en la existencia de derechos garantizados para que todos puedan participar en relativa igualdad de condiciones de la democracia y sus frutos.

Constatamos, como muchos lo han señalado, que experimentamos el ocaso de la democracia vertical, donde bastaba la construcción de acuerdos entre miembros de la élite para que la acción colectiva fuera eficazmente dirigida a través de un estilo de mando y control. En la actual sociedad compleja e interconectada este estilo es inefectivo, ya que existen grupos o actores que pueden incidir en el resultado (público o privado) que se persigue y que se encuentran fuera del radio de mando del que impulsa la iniciativa.

La democracia, como cualquier otra iniciativa que afecte intereses diversos, debe considerar que estos reclamarán participar y lograrán incidir en la suerte o resultado de esta iniciativa.2 Si bien esta situación no es nueva, la forma de atenderla no puede ser la de antes. Se requieren nuevos espacios de relación y comunicación entre el Estado y la ciudadanía donde cada uno respetando su espacio logre establecer relaciones de confianza y convenir las normas que permitirán construir resultados de bien común. Se requieren instituciones que canalicen y procesen esta voz ciudadana a riesgo de que permanezcan las formas violentas de expresión del conflicto social, con los consecuentes costos sociales, económicos y políticos (debilitamiento de la democracia) que ellas conllevan. Por otra parte, los grandes desafíos que enfrenta la humanidad (cambio climático, inclusión en la nueva revolución industrial) requieren espacios de colaboración entre diversos actores; ninguno por sí solo puede hacer frente con éxito a estos desafíos.

La gobernanza colaborativa hace referencia a estos desafíos y pone acento en la capacidad para concretar políticas que cuenten con aceptación y colaboración de la ciudadanía, lo que a su vez le da legitimidad al gobierno y potencia su capacidad de alcanzar resultados. Según esta mirada, la capacidad institucional para procesar los conflictos está muy vinculada al nivel de apoyo a las autoridades. Si se pierde ese apoyo, se erosiona la autoridad del Estado. Dadas las características de la sociedad actual y la pérdida relativa de poder de los gobiernos, la única forma de recuperar ese vínculo entre la ciudadanía y sus autoridades es activando la colaboración y la co-responsabilidad de múltiples actores en torno a objetivos compartidos.

Construir estas nuevas formas de relación Estado-Sociedad es indispensable y la gobernanza colaborativa es una herramienta adecuada para hacerlo, pero no basta. Como toda herramienta, esta solo dará frutos si se emplea para fines adecuados. En este caso, el fin adecuado es atender los fundamentos del descontento social. Es decir, la desigualdad, la discriminación y la amenaza de la vida en el planeta, todos reclamos con sólidos fundamentos en la realidad.

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La actualidad democrática revela una paradoja: a pesar del crecimiento en la aspiración democrática, se evidencia una crisis de desconfianza en las instituciones públicas. Aunque la democracia está extendida, su calidad presenta estancamiento y retrocesos. La desconfianza en las instituciones ha generado una disminución en el respaldo a la democracia, manifestándose en movilizaciones y fragmentación social.

Esta realidad destaca la urgencia de repensar la democracia para adaptarse a una sociedad interconectada. La estructura vertical de toma de decisiones ya no es efectiva. La democracia futura debe considerar la diversidad de actores, estableciendo nuevos espacios de relación entre el Estado y la ciudadanía. Ante esto, la gobernanza colaborativa emerge como herramienta clave para construir el bien común y abordar desafíos globales como el cambio climático. Sin embargo, su implementación exitosa exige un compromiso auténtico con los fundamentos del descontento social, abordando integralmente la desigualdad, discriminación y la urgente amenaza ambiental, como se verá en las próximas secciones. En este contexto, la democracia debe evolucionar hacia nuevas formas de participación, promoviendo una colaboración activa que refleje los valores y necesidades de una sociedad en constante cambio.

2. LA ECONOMÍA ACTUAL: CRECEN LA ECONOMÍAY EL RECLAMO POR MAYOR DIGNIDAD E IGUALDAD

El siglo XX, particularmente en su segunda mitad, experimentó el mayor crecimiento en la historia económica mundial: la economía global creció 19 veces en su tamaño (Bradford DeLong, 1998). El período de mayor expansión fue 1950-1973, con un crecimiento del PIB por persona de 2,8% anual, para descender a 1,8% entre 1973 y 2000, todavía una tasa relevante si se considera el alto crecimiento en la población durante toda esa época. El período de la posguerra hasta la crisis del petróleo (1973) no solo fue el de mayor crecimiento; también mejoró la distribución del ingreso y existió una gran movilidad social al interior de los países desarrollados (PNUD, 2016). Ello lo convierte en el medio siglo de mayor progreso de la humanidad, lo que permitió reducir radicalmente la incidencia de la pobreza y, con ello, fortalecer la cohesión social y el propio desarrollo.

Según datos del Banco Mundial, entre 1960 y 2018 el ingreso promedio por persona a nivel mundial casi se triplicó (creció 2,9 veces de US$ 3.747 a US$ 10.858) y entre 1990 y 2015, en torno a 1.100 millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema (BM, 2010). En 2015, 736 millones de personas vivían con menos de 1,9 dólares al día, cifra inferior a los 1.850 millones de 1990 y eso a pesar del alto crecimiento de la población en esos 25 años. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI el mundo avanzó hacia una mayor sostenibilidad social. Sin embargo, también creció la desigualdad entre países y regiones. Ello porque durante la etapa de mayor crecimiento —la posguerra—, el crecimiento estuvo muy concentrado en los países desarrollados.

Posteriormente, en las cuatro últimas décadas, crecieron más rápido las economías emergentes. Entre 2000 y 2019, los países desarrollados crecieron 1,9% al año, mientras los emergentes a un 4,9% anual. Sin embargo, dentro de estos últimos países existen grandes diferencias en sus tasas de crecimiento. Los países del Asia Pacífico (7%) y del sur del Asia (5,1%) crecen mucho más que los de América Latina y el Caribe (1,5%) y de África (2%). América Latina aparece como la región de más lento crecimiento y, junto a África, no está logrando cerrar las brechas con los países más desarrollados, a la vez que Asia lo hace rápidamente. En otras palabras: la brecha entre Norte y Sudamérica creció a lo largo del siglo.

El Informe sobre la Desigualdad Global demuestra que desde la última década del siglo XX la desigualdad no ha dejado de aumentar (Alvaredo et al., 2018). Ello porque a la desigualdad entre naciones, a partir de fines de la década de los setenta, se sumó una dura cara de creciente desigualdad al interior de los países, que se perpetúa hasta ahora. En las últimas tres décadas la desigualdad de ingresos se ha incrementado en prácticamente todos los países. El 1% de mayores ingresos del mundo recibió una proporción dos veces mayor del crecimiento que el 50% de menores ingresos desde 1980 a 2018, y es probable que estas diferencias solo se hayan ahondado con la pandemia del covid-19 y la guerra de Ucrania.

La tendencia a la desigualdad que se arrastra desde los ochenta se vio agudizada por la crisis financiera del 2008-2009. Un estudio de Mckinsey Global Institute da cuenta de que, en los países desarrollados, en el período 2005-2014 los ingresos del trabajo cayeron en dos tercios de los hogares, un fenómeno que no se apreciaba desde la crisis del petróleo (Manyika et al., 2017). Por el contrario, aumentaron las utilidades de las empresas. En el mismo período, en la OCDE el 0,001% más rico captó la misma proporción del incremento en el ingreso que el 80% más pobre (Blanchet et al., 2019). El resultado final de este proceso es que, actualmente, el 1% más rico del mundo concentra alrededor del 20% del ingreso global, mientras el 50% más pobre solo llega al 9%.

Sin embargo, la desigualdad de ingresos no es el único ámbito donde se manifiestan las diferencias de calidad de vida y oportunidades entre los países. El informe de desarrollo humano del PNUD da cuenta de que a nivel internacional las diferencias entre países con alto y bajo nivel de desarrollo humano son apabullantes (Conceição, 2019). En los países de más bajo nivel de desarrollo humano la proporción de la población que solo llega a tener educación primaria es 42 veces más grande que en los más desarrollados, y la proporción de la población que muere antes de los 20 años es 17 veces más grande. A nivel global, la proporción de personas de países más desarrollados que completan la educación superior es 10 veces mayor que en los menos desarrollados. Ello solo augura mayor desigualdad en el futuro.

Además, la desigualdad adquiere diversas formas al interior de los países. Una de las formas que más han incidido en las movilizaciones sociales es el hecho de que algunas personas sean tratadas de manera irrespetuosa y con menos dignidad que otras. Esta realidad, reflejo de la discriminación arraigada, ha impulsado a comunidades y activistas a alzar su voz en busca de igualdad, respeto y reconocimiento de la diversidad como pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. Ejemplos de movimientos mundiales que luchan contra la discriminación y desigualdad de tratos son Mee Too, que surge en 2017 desafiando la cultura del acoso y la agresión sexual hacia las mujeres, y Black Lives Matter