Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grado Cero Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Periferias: crónicas del Ecuador invisible es una publicación colectiva que reúne cinco investigaciones periodísticas que dan cuenta del olvido y la inacción del Estado ecuatoriano. Los autores de los reportajes son periodistas locales que integran la Red de Periodismo de Investigación. La Fundación Periodistas Sin Cadenas empezó a tejer esta red de trabajo colaborativo en 2020 y diseñó un programa de capacitación virtual sobre periodismo de investigación con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito. Las historias recogidas en el libro reflejan la destrucción que ha dejado la minería y la industria agroalimentaria en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, respectivamente; el olvido en el que se sumió Manta después del terremoto de 2016; y la penetración de bandas delincuenciales transnacionales en Carchi. Además, retomamos la investigación del secuestro y asesinato del equipo de prensa de diario El Comercio para denunciar una vez más la negligencia del Estado por no seguir una pista importante: los celulares y las comunicaciones que tuvieron los hombres de Guacho en la cárcel de Latacunga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PERIFERIAS CRÓNICAS DEL ECUADOR INVISIBLE
Oro de sangre
El imperio del miedo y la resistencia
Un pulmón herido de muerte
Color de hormiga
Las cuentas no dan
Oro de sangre
Resistir es asunto de mujeres
Los primeros pasos de una banda transnacional en Ecuador
Tren de Aragua: Una locomotora del crimen recorre América Latina
Las operaciones de la banda en la frontera entre Ecuador y Colombia
De dónde viene el Tren
Manta, la ciudad de las obras inconclusas
Un hospital inconcluso
Los problemas de la reconstrucción del Hospital
La contingencia no es suficiente
Puentes del olvido
No hubo estudios ni diseños del proyecto
La construcción de esta vía trajo inconvenientes
Viviendo en riesgo
Nadie se hace cargo del agua contaminada que apaga la vida de los tsáchilas
Conviviendo con agua sucia
Impacto irreversible: se pierde la tierra, el agua y los derechos
Se denunció, se investigó pero nada pasó
La empresa privada responde a medias
Las descargas siguen y las soluciones están paralizadas
Enfermedades y otras pérdidas
Los celulares de los intercambiables de ‘Guacho’
Los hombres de ‘Guacho’
La pista de los celulares tras las rejas
El hermetismo de las fuentes y el intento de ocultamiento
Las familias claman por la desclasificación de la información
Acerca de los autores
DEPRESIÓN EN ZARUMA
LA BRECHA DEL OLVIDO
DESVELAR
Periferias: crónicas del Ecuador invisible es el resultado de llevar el periodismoa la periferiadel país, aunque es más preciso decir que como fundación hemos acompañado a diez periodistaslocales para que sean ellos los que cuenten lo que pasa en sus territorios.
Como Periodistas Sin Cadenas estamos comprometidos con la libertad de expresión, el periodismode investigación y la seguridad de lostrabajadores de la comunicacióny hemos empezado a tejer una red de periodismode investigación para contar Ecuador más allá de las centralidades. El proyecto empezó en 2020 y la Universidad San Francisco de Quito fue un puntal importante en la fase de formación de los comunicadores seleccionados.
En el camino conocimos a profesionales que luchan día a día por seguir informando en sus provincias. Están literalmente solos, desprovistos de protocolos de seguridad y sin recibir un salario digno por su trabajo. Esta situación se agudizó durante la pandemia, más aún cuando varios medios echaron el cierre, por eso tratamos de incluir en este proyecto a los periodistas que habían perdido sus empleos.
El aprendizaje fue de ambos lados. Los colegas seleccionados aprendieron a hacer piezas periodísticas de largo aliento y nosotros nos contagiamos de su entusiasmo por seguir haciendo periodismo contra todo.
El libro que tienen en sus manos hace un recorrido por cuatro provincias del país: Esmeraldas, Carchi, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Los autores de estos viajes periodísticosrecibieron una beca de la Fundación PeriodistasSin Cadenas y empezaron a hurgar en situaciones que les inquietaban y que no habían podido contarlas en sus medios: la ruta de la minería ilegal, la llegada de bandas transnacionales a Ecuador, la reconstrucción fallida tras el terremoto de 2016, y la contaminación de los ríos por parte de la industria agroalimentaria.
Todos estos temasapuntan a la inacción del Estado ecuatoriano y, por tanto, este libro aspira a que las problemáticas descritas, que afectan a esas porciones alejadas del territorio ecuatoriano, sean parte del debate nacional.
También volvemos la mirada hacia la investigación del secuestro y asesinato del nuestros compañeros de Diario El Comercio, ocurrido en 2018. Este doloroso suceso nos unió como colectivo y es el origen de todo nuestro trabajo.
La Fundación PeriodistasSin Cadenas nació en la frontera norte y, desde el primer encuentro que tuvimos con comunicadoreslocales en San Lorenzo, Esmeraldas, en 2019, vimos la necesidad de trabajar con ellos y poner en marcha algunas estrategias para romper el silencio que existe en estas zonas olvidadas por los distintos gobiernos de turno.
Ninguna de las piezas periodísticasestán firmadas para preservar la seguridad de los investigadores que han participado en este proyecto.
PERIFERIAS CRÓNICAS DEL ECUADOR INVISIBLE
Oro de sangre
La minería artesanal y de pequeña escala en Ecuador opera mediante amenazas de muerte, extorsiones, trabajo infantil, violencia sexual y destrucción de ecosistemas. En los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, hay comuneros que han muerto sepultados bajo minas de oro. Otros habitantes de la zona denuncian complicidad de la fuerza pública, mientras los mineros ilegales cubren la ausencia de las autoridades estatales.
La mañana del miércoles 18 de noviembre del 2020, Segundo Caicedo murió sepultado por un talud de loma mientras buscaba oro. Tenía 13 años. El derrumbe ocurrió en el frente minero de Balzar de Los Ajos, en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. Su muerte se sumó a las estadísticas del día: de las cinco víctimas, cuatro fueron mujeres. El quinto fue él, un niño. Cinco miembros del pueblo afroesmeraldeño, el cual representa al 23% de los habitantes de la provincia.
Cuando Patricio Pazmiño, exjefe de distrito de la Policía Nacional de San Lorenzo, trasladó el cadáver de Segundo, vio sus piernas fracturadas. Mientras cuenta, a su memoria vuelven las escenas que ese día vio en las minas ilegales: la cantidad de trabajadores sin ningún tipo de protección, niños, niñas, adolescentes, mujeres que iban y venían de las minas a sus casas y ese paisaje signado por la deforestación, los fuertes olores y el agua sucia de los ríos.
María Izquierdo Angulo se cuenta a sí misma entre las sobrevivientes de ese talud. Una de las mujeres sepultadas era su hermana Maura, estaban también dos de sus primas y una amiga: “Yo me salvé porque corrí. Bueno, la verdad, corrimos todas, pero la tierra nos alcanzó. Una de mis hermanas logró salir, pero Maura se ahogó”.
Maura Izquierdo Nazareno, Johanna Izquierdo Cortez, Alexandra Cuero Caicedo, Daisy Mina Caicedo y Segundo Caicedo murieron enterrados bajo una loma donde buscaban pepitas de oro para enriquecer a otros.
María ha trabajado durante más de 20 años como minera informal en estas tierras del norte de Ecuador, muy cerca de la frontera con Colombia. Hoy ella tiene 44 años y nada ha cambiado en su calidad de vida durante más de dos décadas. Es más, ahora se quedó a cargo de los dos hijos de su hermana, de dos y tres años.
En esta zona, ningún trabajador de las minas ha firmado contratos ni goza de beneficios de ley, mucho menos, de vacaciones remuneradas. Si alguien decide abandonar su trabajo, deberá convencerse de que todo lo que miró y escuchó mientras estuvo en las minas no saldrá de ahí. De lo contrario, podría pagar con su vida.
Virginia Valencia, especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de San Lorenzo, ensayó una breve explicación: “En nombre de la necesidad económica y el estatus migratorio, en los frentes mineros se normaliza la explotación laboral”. La funcionaria tiene fresca en su memoria la historia de una madre venezolana –cuyo nombre hemos protegido por su seguridad– que llegó a un frente minero y fue consignada a cocinar y lavar para los mineros a cambio de 150 dólares mensuales y de la comida.
Las autoridades locales están al tanto de estos hechos pero muchas de ellas también se sienten vulnerables. El concejal rural de San Lorenzo, Lenín Caicedo Mina, devanea entre el miedo y el coraje. Los recaderos de los mineros le han llevado el mensaje: “Que si sigo fastidiando o denunciando me van a matar”. Para infundirse algo de valentía se repite una y otra vez: “Soy la voz de los intimidados”, pero no quiere hablar sobre cómo y dónde los mineros comercializan el oro que sacan. Caicedo reconoce el poder que ejercen las mafias mineras en la zona de frontera y prefiere no decir más. La amenaza que sufrió no llegó a la Fiscalía. Más bien, le obligó a callarse.
El fiscal de San Lorenzo, José Cevallos Álvarez, debe andar con un guardaespaldas. Él también recibió una amenaza de muerte en 2020, durante la pandemia. Cevallos cuenta que la alerta provino de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Colombia. El personal colombiano de la DGI informó a oficiales de Inteligencia de Ecuador, en San Lorenzo, del riesgo que corría el fiscal. Cevallos cuenta que las víctimas de amenazas como estas no presentan denuncias formales porque, si lo hacen, “por lo general, resultan víctimas del sicariato”. En San Lorenzo –continúa– “incluso, ‘vacunan’ a los mineros”.
La vacuna es un método de pago extorsivo que los delincuentes tomaron de prácticas comunes entre los grupos irregulares de Colombia. Con amenazas de muerte obligan a empresarios, mineros, tenderos o palmicultores a pagarles una mensualidad a cambio de su protección. El monto depende del ‘pato’, es decir, según la cantidad de producción del ‘protegido’. “Si eres un simple trabajador, tu capacidad de pago no será de más allá de 100 a 200 dólares mensuales. Si eres empresario minero, palmicultor, la vacuna será superior”, explicó el fiscal.
Sin embargo, Cevallos va más allá. Hasta donde están los frentes mineros –relata– llevan a “adolescentes, niñas y mujeres que, por el hecho de ir a trabajar, no están permitiendo un acto sexual sin su consentimiento, pero eso ocurre”. La prostitución, la trata de personas, la extorsión y el sicariato –dice Cevallos– son también consecuencias derivadas de la actividad minera en Esmeraldas e incluso “asesinatos que no se conocen porque ocurren en lugares difíciles de acceder”.
El 17 de julio del 2021, en el I Encuentro de Pueblos Montuvios de Esmeraldas, Luis Valencia, gerente de la empresa Minera Buenos Aires (Minbuenarsa S.A.), le dijo al secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala, que los pequeños mineros son víctimas de extorsiones y le pidió la intervención del Gobierno para regularizar su trabajo y gozar de protección estatal. Cerca de un mes después, el 8 de agosto, Valencia contó al equipo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) que, desde entonces, no ha recibido respuestas de parte del funcionario.
En marzo del 2011, un juez de San Lorenzo dictó medidas cautelares para prohibir toda actividad de explotación minera legal e ilegal en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. La medida cautelar fue ratificada el 4 de junio del 2018 y, hasta el cierre de esta publicación, continúa vigente. Sin embargo, no hay autoridad local ni del gobierno central que sea capaz de exigir su cumplimiento.
Al respecto, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables respondió, a través de un correo electrónico, a un pedido de información de este equipo de investigación en el que aseguró que “se fortalecerá la estructura del órgano de control y se aplicarán políticas claras y efectivas que coadyuven a eliminar el desarrollo de la minería ilegal en el sector”; y añadió el mensaje que el Gobierno “se encuentra diseñando una estrategia integral para la prevención, combate y aplicación de sanciones a la explotación ilícita de minerales en todo el país”.
El imperio del miedo y la resistencia
Un grupo de comuneros de Barranquilla exige al equipo de Periodistas Sin Cadenas no grabar. El miedo en esta comunidad de la parroquia San Javier de Cachaví, del cantón San Lorenzo, parecería ocupar un lugar en los espacios vacíos.
La conversación se reanuda. Todos aquí coinciden en que el dinero es la clave para sostener la minería ilegal en la provincia. Los hombres presentes –todos mayores de cincuenta años– lamentan que ahora la fiebre por el oro se haya vuelto “más agresiva” y que con retroexcavadoras, incluso, cambien el cauce de los ríos para dragar. Pero, ¿cómo llegan esas retroexcavadoras hasta los frentes mineros si las comunidades están vigiladas por militares? Ellos se miran en silencio y sus gestos hacen sentir al foráneo como ingenuo. “Se les paga a los militares”, responden, casi al unísono. “Quinientos dólares les dan –precisa uno de ellos–, con eso los mineros ingresan sus máquinas en cama baja hasta el lugar que deseen”. Cama baja es una especie de remolcador de contenedores y maquinaria pesada que se usa en la zona.
En julio del 2021, en Playa Nueva –otra comunidad del mismo cantón pero en la parroquia Selva Alegre–, los mineros usaron cuatro retroexcavadoras para hacer fosas en un área en la que cabrían unas cinco canchas de fútbol. Los habitantes de esa localidad afroecuatoriana se resignaron ante la desaparición del bosque que ahora dará paso a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Los comuneros de Barranquilla hablan también de la comunidad de Carondelet, donde dicen que la actividad minera está tan arraigada que hay incluso quienes han decidido dejar sus viejas actividades productivas para fundar negocios relacionados con la extracción de oro. Comentan sobre un comunero que vende baldes, mangueras, palas, picos, y sobre otros que compran el oro que los mineros sacan y luego los venden en Colombia.
Luego de ser testigos de estas experiencias en las comunidades cercanas, las 120 familias de Barranquilla han declarado a su comunidad en resistencia. Sus habitantes no se prestan para trabajar en minas y prefieren dedicarse a la agricultura.
Esperanza Castillo, de la comunidad de San Javier de Cachaví, recuerda que cuando fue minera también arriesgó la vida por la frecuencia con que ocurren los deslizamientos de tierra y el constante riesgo de morir sepultada, pero ahora es de las que piensa que sí es posible vivir sin depender de la minería aunque ella y sus vecinos vivan rodeados de frentes mineros, 15 aproximadamente.
San Javier de Cachaví cuenta con unas 400 personas. Esperanza dice que aunque le propongan ir a trabajar como minera ya no lo haría: “No iría… porque no”, responde, sin intención de dar más razones. Esta mujer afroecuatoriana de 69 años subsiste de la agricultura. En su pueblo cultiva plátano y cacao, a pesar de que sabe que su trabajo también está amenazado, pues las fuentes de agua cercanas “están sucias, puro lodo, es de lo que trabajan en la minería y va bajando. No nos podemos bañar y utilizar el agua del río. Está horrible, puro lodo”.
El ganado de los comuneros tampoco cuenta con agua segura. Para tener agua limpia en casa los habitantes de la zona tienen que comprar, pasando un día, bidones de 20 litros a los comerciantes que llegan en camionetas desde San Lorenzo. Cada bidón cuesta un dólar con cincuenta centavos.
Todas las semanas, Esperanza Castillo viaja hasta la ciudad en ranchera –un tipo de vehículo colectivo que es común en las zonas rurales de la costa ecuatoriana– para comprar lo que no le da su tierra: aceite, sal, carbón, papa, cebolla… Aunque ella supo de la muerte del niño Segundo Caicedo y de las cuatro mujeres sepultadas por el talud de tierra y oro en el frente minero Balzar de Los Ajos, prefiere no hablar. “De eso no sé nada”, se escabulle. Luego se apresura a subir a la ranchera para regresar a su comunidad donde muchos como ella ya decidieron dejar atrás la minería y volver al trabajo de la tierra.
Un pulmón herido de muerte
Los frentes mineros ilegales de la provincia de Esmeraldas se encuentran dentro del Chocó biogeográfico, una región de 187400 kilómetros cuadrados que se extiende desde Panamá en el norte y que cubre toda la Costa y buena parte de la Sierra de Ecuador, en su extremo sur. En esta zona se registran 9000 especies de plantas vasculares, 830 especies de aves, 235 especies de mamíferos y 350 especies de anfibios, casi todas endémicas.
Los mineros han sacado provecho del abandono estatal para extorsionar, precarizar el trabajo y destruir sistemáticamente las aguas y los bosques de este territorio considerado uno de los más biodiversos de todo el planeta.
En Esmeraldas, el Chocó ha sido habitado históricamente por comunidades afrodescendientes e indígenas de las nacionalidades Chachi, Épera y Awá que ahora se han convertido en defensores de los derechos de la naturaleza y de los Derechos Humanos, pero que reciben constantes amenazas por parte de empresas extractivistas y grupos ilegales.
En el reporte del 2019 del Monitoring of the Andean Amazon (MAAP), un proyecto de la organización Amazon Conservation dedicado a presentar análisis del monitoreo de la deforestación, se determinó que, entre el 2000 y el 2017, el Chocó ecuatoriano perdió el 61% de su bosque, es decir, cerca de 2 millones de hectáreas.
Al comunero José Pachito Bennett, de la parroquia San Javier de Cachaví, le entristece que la actividad minera esté involucrando a su “gente negra”. Pero aclara: “De nuestra comunidad no hay trabajadores en las minas, son de otras que se están convirtiendo en mineros. Antes eran extranjeros, de Colombia”. Bennett critica que la minería y las palmicultoras hayan contaminado fuentes de agua como los ríos Bogotá y Cachaví, al punto de que quince de sus terneros que beben de los esteros que pasan por su finca cacaotera nacieron ciegos. Otros murieron “porque no se pegan de la teta de la vaca”. José está convencido de que la contaminación del río donde se bañan los niños de la comunidad es consecuencia de los químicos usados en la minería. Él ha oído hablar del mercurio, pero no conoce más detalles.
Eduardo Rebolledo Monsalve, biólogo marino y magíster en Ambiente, quien desde el 2010 estudia el agua, los suelos y los peces de esta zona del país, reveló que luego de tres años de monitoreo en las fuentes de agua de veinticinco comunidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, se detectó que la turbidez era siete veces más elevada que la natural y la coloridad del río no era café, sino verde claro y gris, lo que delata la presencia de residuos mineros.
Los estudios que cita Rebolledo detectaron químicos hasta veinte kilómetros río abajo desde el frente minero. Los investigadores trabajaron en los ríos Tulumbí, Palabí, San Francisco del Bogotá, Durango, entre otros, y concluyeron que los sumideros eran las parroquias Borbón y Maldonado, del cantón Eloy Alfaro, en cuyos ríos la captura de peces de agua dulce para el consumo humano es frecuente.
Tras analizar las muestras de agua, sedimentos y peces en laboratorios se detectaron niveles altos de manganeso, cromo, cobre, zinc. En el suelo y subsuelo de estas localidades esmeraldeñas sobresalen el hierro y el aluminio. Metales pesados como el aluminio son teratogénicos que provocan malformaciones congénitas y mutagénicos que alteran o cambian la información genética de un organismo. Una de las enfermedades degenerativas en el ser humano es el Alzheimer. “Eso implica que otra persona que tiene que trabajar dejará de hacerlo por cuidar a quien incluso puede olvidar su nombre y dónde vive. Desde lo socioeconómico eso va a tener un impacto negativo en la zona”, advierte el científico.
En la investigación, los especialistas que trabajaron con Rebolledo detectaron el poco uso de mercurio debido a que el oro de la zona norte de Esmeraldas es laminar, es decir, que parece escama, lo que con tamizaje o por efecto de la gravedad se logra separar. “Nunca vimos que estuvieran ocupando mercurio en las minas o quemando la amalgama de mercurio y oro –aseguró el investigador–, pero sí nos enteramos de que las partículas juntadas en las mantas son trasladadas a centros urbanos, por lo que suponemos que no usan el mercurio en la montaña, pero lo más preocupante es que lo estén usando en San Lorenzo o en Tumaco (Colombia), donde hay más gente expuesta”.
Una investigación de la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas (PUCESE), hecha en el 2013 para el Ministerio del Ambiente y Agua, determinó que en las aguas del Estero María, en Eloy Alfaro, había aluminio por sobre las 580 veces que la norma ambiental permite; además, se determinó un exceso de 2,4 veces la norma de cobre, 33 veces la norma de hierro y 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.
Aunque el uso de mercurio sea poco frecuente en estos frentes mineros, existe y no es poco importante. De hecho, la presencia de este mineral en la MAPE es una preocupación mundial. El 29 de julio del 2016, Ecuador ratificó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, “que tiene como objetivo proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio”, reza el documento.
En 2018 el Ecuador produjo aproximadamente 23,6 toneladas de oro de 24 quilates mediante minería artesanal y de pequeña escala y liberó al ambiente, desde 20 frentes mineros, 29,6 toneladas de mercurio. “Entre los lugares más destacados por el uso y liberación de mercurio se encuentran Buenos Aires, Nangaritza, Chinapintza, Nambija, La Maná y Esmeraldas”, detalla el Inventario de emisiones y liberaciones de mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de oro en Ecuador
