Poder de clase y política laboral E-Book

Pablo Pérez

• Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Seitenzahl: 518

Beschreibung

La crónica debilidad del movimiento sindical en Chile ha sido explicada esencialmente por la desregulación laboral impuesta por la dictadura de Pinochet y por la subordinación de los sindicatos frente a los partidos políticos. En este libro, Pérez Ahumada introduce una perspectiva crucial e innovadora: el poder de clase. Estudia meticulosamente cómo la fuerza de los actores sociales, especialmente del empresariado, canalizada por su "poder asociativo", cobra un carácter decisivo para explicar la ausencia de reformas pro-sindicales, incluso en momentos en que las condiciones políticas eran inmejorables, como en el gobierno de la Nueva Mayoría. En el camino, muestra cómo la reproducción del poder de clase tiene una lógica propia y presente, que va mucho más allá de los legados institucionales de la dictadura. Un libro clave para entender no solo el caso de Chile, sino también cómo se juegan las relaciones de poder en las economías políticas contemporáneas.

Leseprobe

PODER DE CLASE Y POLÍTICA LABORAL

Sindicatos, asociaciones empresariales y reforma en Chile

Pablo Pérez Ahumada

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-504-0

ISBN libro digital: 978-956-357-505-7

Coordinadora colección Sociología: personas, organizaciones, sociedad

Alejandra Luneke

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Elba Peña

Diseño portada

Francisca Toral

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

ABREVIACIONES

INTRODUCCIÓNUNA MIRADA DESDE CHILE AL NEOLIBERALISMO, LAS REFORMAS LABORALES Y EL PODER DE CLASE

CAPÍTULO IINTERESES DE CLASE Y PODER ASOCIATIVO: UN ENFOQUE RELACIONAL

CAPÍTULO IIPOLÍTICA DE CLASES Y REFORMAS LABORALES DURANTE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN (1990-2001)

CAPÍTULO IIIDESIGUALDAD DE PODER ASOCIATIVO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA LABORAL NEOLIBERAL: LA REFORMA DE MICHELLE BACHELET (2015-2016)

CAPÍTULO IVLA PROBLEMÁTICA CONSTRUCCIÓN DE PODER ASOCIATIVO DE CLASE TRABAJADORA: EL CASO DE LA CUT

CAPÍTULO VORGANIZACIÓN COLECTIVA Y PODER EMPRESARIAL: EL EXITOSO EJEMPLO DE LA CPC

CAPÍTULO VIPODER ASOCIATIVO Y REFORMA LABORAL EN PERSPECTIVA COMPARADA: LOS CASOS DE ARGENTINA Y URUGUAY

CAPÍTULO VIIREPENSAR EL PODER DE CLASE Y LA POLÍTICA LABORAL EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

ANEXO METODOLÓGICO

FIGURAS Y TABLAS

REFERENCIAS

AGRADECIMIENTOS

Muchas personas e instituciones me ayudaron a concretar este proyecto. Desde que era un joven estudiante de educación media en San Felipe, mi madre María Eugenia, mi padre Miguel (1945-2016), y mis hermanos mayores Pachi, Rodrigo y Marcelo me animaron a perseguir mis objetivos académicos. Mi interés por el estudio de las clases sociales y el trabajo surgió cuando era estudiante de pregrado en Sociología en la Universidad de Chile, y comenzó a adoptar un enfoque más empírico y comparativo durante mis años como estudiante de posgrado en la Universidad de California, San Diego. A lo largo de mi estadía en la UC San Diego, recibí el apoyo y la orientación de Stephan Haggard, Jeff Haydu, Lane Kenworthy e Isaac W. Martin. Agradezco especialmente a mi profesor guía Carlos H. Waisman, que siempre me empujó a situar mi interés por Chile en una perspectiva comparativa más amplia.

En los últimos años, me he cruzado con varios académicos y académicas, expertos y expertas en estudios laborales y grandes dirigentes sindicales que contribuyeron al desarrollo de este libro. Ya sea en conferencias académicas, talleres, reuniones sindicales o en conversaciones informales –en persona o por videollamada– todas esas personas desempeñaron un papel importante en diferentes etapas de este proyecto. Agradezco a Lucas Cifuentes, Gonzalo Durán, Andrés Giordano, Francisco Gómez, Cristian González, Francisca Gutiérrez, Francisco Neira, Claudia Muñoz, Sebastián Osorio, Karen Palma, Ricardo Santana, Camilo Santibáñez, Rafael Torres, Pablo Zenteno, José L. Ugarte y a María E. Feres, cuya dedicación al movimiento obrero chileno nos sigue inspirando, aunque ya no esté con nosotros. No quiero perder la oportunidad de agradecer a don José Luis Figueroa Jorquera (Q.E.P.D.), histórico dirigente de la CUT, quien sin conocerme estuvo disponible para responder todas mis preguntas y me puso en contacto con muchos/as otros/as dirigentes cuando empecé el trabajo de campo de este proyecto, en 2015. Agradezco también a Eric Campos y Angélica Salgado, cuya disposición a responder mis inquietudes sobre la CUT fue fundamental para terminar esta versión en español del libro.

También quiero agradecer a Florencia Antía, Antonio Aravena, Maurizio Atzeni, Carolina Bank Muñoz, Juan Bogliaccini, Lucía Carnelli, Rossana Castiglioni, Sebastián Etchemendy, Francisco Favieri, Eloísa González, Aldo Madariaga, Katherine Maich, Antoine Maillet, Omar Manky, Clara Marticorena, María V. Murillo, Fernando Leiva, Yao-Tai Li, Rodrigo Medel, Ana Natalucci, Lucas Oviedo, Domingo Pérez, Marcos Pérez, Mariela Quiñones, Andrea Rodríguez, Chris Rhomberg, Jeffrey Rothstein, Ben Ross Schneider, Cecilia Senén, Andrés Schipani, Andrew Schrank, Chris Smith, Antonio Stecher, Eduardo Silva, Joel Stillerman, Chris Tilly, Diego Velázquez y Ángela Vergara. Con todos/as ellos/as conversé o discutí partes de este libro. Agradezco especialmente a mis amigos Lucila D’Urso y Rodolfo Elbert, que siempre estuvieron dispuestos a responder a mis preguntas sobre la política argentina y a pasar tiempo conmigo durante mis visitas a Buenos Aires. Mi hermano, el antropólogo Miguel Pérez, me ayudó a llevar a cabo mi trabajo de campo, obligándome a prestar atención a varios detalles sutiles que de otro modo habrían pasado desapercibidos para un sociólogo cuantitativo como yo.

A medida que el proyecto iba tomando forma, recibí valiosos comentarios a través de conferencias, talleres y presentaciones en diversas instituciones. Me gustaría agradecer a los participantes de los paneles organizados por la sección “Labor and Labor Movements” de la American Sociological Association (ASA), la International Labor Process Conference (ILPC), la Sección de Estudios Laborales de la Latin American Studies Association (LASA), y los Comités de Investigación sobre Sociología del Trabajo (RC30) y sobre Movimientos Laborales (RC44) de la International Sociological Association (ISA), donde se presentaron versiones preliminares de este libro. También quiero agradecer a los participantes de mis presentaciones en la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), la University of New South Wales (Australia), el Centro de Innovación de los Trabajadores y las Trabajadoras (CITRA) de la UMET (Argentina) y la Universidad de Valparaíso.

Quiero expresar mi gratitud a los investigadores e investigadoras del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), a mis antiguos colegas del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, y a mis nuevos colegas del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con quienes discutí diferentes secciones de este libro. Estoy particularmente en deuda con Nicolás Angelcos, Alexis Cortés, Pedro Güell, Alfredo Joignant, Julieta Palma, Camilo Sémbler, Tomás Undurraga y Miguel Urrutia. No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi gratitud a mis estudiantes de la Universidad de Chile (especialmente a quienes toman mi curso de Sociología del Trabajo) y los asistentes de mis proyectos de investigación, Valentina Andrade, Álvaro Arancibia, Kevin Carrasco, Emilia Cuadros, Nicolás Godoy, Gino Ocampo y Daniela Olivares. Puede que ya lo sepan, pero yo aprendo de ellos tanto como espero que ellos aprendan de mí. Me gustaría dar las gracias especialmente a Valentina Andrade, cuya ayuda con la visualización de datos y de estadísticas laborales facilitó enormemente la redacción de este libro.

También quiero agradecer a la Editorial de la Universidad Alberto Hurtado y al Departamento de Sociología de dicha universidad por darme la oportunidad de mejorar este manuscrito y apoyarlo en su publicación. Agradezco especialmente el trabajo de Beatriz García Huidobro, Alejandra Luneke y Omar Aguilar. Asimismo, agradezco a Pablo Abufom por su impecable trabajo de traducción.

Docenas de dirigentes sindicales, empresarios, políticos y funcionarios estatales se tomaron generosamente el tiempo de responder a todas mis preguntas durante las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto de investigación. A ellos y ellas les agradezco sinceramente que me hayan dado la oportunidad de aprender de sus experiencias. Como suele ocurrir en las entrevistas con una muestra tan heterogénea de personas, a menudo estuve en desacuerdo con los puntos de vista de las personas entrevistadas. Sin embargo, hablar con ellas me permitió darme cuenta de que los procesos políticos están llenos de matices y son más complejos de lo que la gente cree; al menos eran más complejos de lo que yo creía cuando empecé este proyecto. Mi sincero agradecimiento también a los trabajadores del Archivo Nacional de Chile y de la Biblioteca del Congreso Nacional, que fueron muy generosos conmigo durante el trabajo de campo que realicé en Santiago en 2015.

Otras personas ajenas al ámbito académico me acompañaron y motivaron durante la redacción de este libro. A la mayoría no los he conocido y algunos ya no están entre nosotros, pero creo que merecen un reconocimiento. Gracias, Fermín Muguruza, Iñigo Muguruza, Evaristo Páramos, Claudio García, Joe Strummer, Joey Ramone, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tim Armstrong, Matt Freeman, Zach de la Rocha, H. R., Darryl Jennifer, Milo Aukerman, PhD, Greg Graffin, PhD, Sr. Flavio Cianciarulo y Kevin Seconds.

A lo largo de los años, he recibido el generoso apoyo de muchas instituciones. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Gobierno de Chile y la Comisión Fulbright financiaron mi programa de doctorado en la Universidad de California, San Diego, donde comenzó este proyecto de investigación. El proyecto también fue financiado por la División de Postgrado, el Departamento de Sociología y el Centro de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos (CILAS) de la UC San Diego, y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES (ANID-Fondap 15130009), donde fui investigador postdoctoral entre 2017 y 2019. Las etapas finales de este proyecto de investigación también fueron financiadas por la ANID a través de un Proyecto Fondecyt que realicé entre 2019 y 2022 (Proyecto de Investigación 11190229 “Determinantes políticos e institucionales del conflicto entre trabajadores y empresarios: los casos de Argentina y Chile en perspectiva comparada”).

Partes de los capítulos III y VI aparecieron originalmente en “Why Is It So Difficult to Reform Collective Labour Law? Associational Power and Policy Continuity in Chile in Comparative Perspective”. Journal of Latin American Studies 53, núm. 1 (2021): 81-105. Una versión previa de este libro fue publicado bajo el título “Building Power to Shape Labor Policy: Unions, Employer Associations, and Reform in Neoliberal Chile” (Pittsburgh, PA: The University of Pittsburgh Press, 2023).

Finalmente, mi más profunda gratitud está reservada para Patricia. Su amor ilimitado, su apoyo y su compromiso con la justicia social (que he admirado desde el día en que nos conocimos) fueron una fuente constante de motivación que me empujó a seguir adelante en los momentos en que las cosas no funcionaban. Ella siempre dice que “nos encontramos en el momento adecuado” y yo no podría estar más de acuerdo. Desde que iniciamos nuestra vida juntos, sus acciones me han recordado que las actividades cotidianas como andar en bicicleta, practicar kung-fu, cuidar a nuestros sobrinos Emiliano y Camilo, o simplemente salir a caminar, pueden ser una fuente de inmensa felicidad si se hacen con amor y compañía.

Por todo ello, y por los planes que tenemos para el futuro, este libro está dedicado a ella.

ABREVIACIONES

ABIF

Asociación de Bancos e Instituciones Financieras

AEA

Asociación Empresaria Argentina

ASECH

Asociación de Emprendedores de Chile

ASIMET

Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos

ARU

Asociación Rural del Uruguay

CAC

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

CAT

Central Autónoma de Trabajadores

CCE

Confederación de Cámaras Empresariales

CChC

Cámara Chilena de la Construcción

CCU

Cámara de la Construcción del Uruguay

CDS

Consejo de Diálogo Social

CGE

Confederación General Económica, Argentina

CGT

(Argentina) Confederación General del Trabajo

CGT

(Chile) Confederación General de Trabajadores

CIUS

Comité de Iniciativa Unidad Sindical

CNC

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Chile

Conapyme

Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile

Cosupem

Consejo Superior Empresarial, Uruguay

CPC

Confederación de la Producción y del Comercio

CTA

Central de Trabajadores Argentinos

CTC

Confederación de Trabajadores del Cobre

CUT

Central Unitaria de Trabajadores (antes llamada Central Única de Trabajadores)

DC

Democracia Cristiana, también llamado Partido Demócrata Cristiano

Enade

Encuentro Nacional de la Empresa

FA

(Chile) Frente Amplio

FA

(Uruguay) Frente Amplio

FR

Federación Rural, Uruguay

ISI

Industrialización por Sustitución de Importaciones

Mercosur

Mercado Común del Sur

Mosicam

Movimiento Sindical por los Cambios

MTA

Movimiento de Trabajadores Argentinos

NM

Nueva Mayoría

PC

Partido Comunista de Chile

PCU

Partido Comunista Uruguayo

PIT-CNT

Convención Nacional de Trabajadores-Plenario Intersindical de Trabajadores

PJ

Partido Justicialista

PS

Partido Socialista de Chile

RN

Renovación Nacional

SNA

Sociedad Nacional de Agricultura

Sofofa

Sociedad de Fomento Fabril

Sonami

Sociedad Nacional de Minería

SRA

Sociedad Rural Argentina

TMRL

Agrupación de Trabajadores por una Mejor Reforma Laboral

UDI

Unión Demócrata Independiente

UIA

Unión Industrial Argentina

UNT

Unión Nacional de Trabajadores

UPCh

Unión Portuaria de Chile

INTRODUCCIÓNUNA MIRADA DESDE CHILE AL NEOLIBERALISMO, LAS REFORMAS LABORALES Y EL PODER DE CLASE

El neoliberalismo representa un proyecto económico, político e ideológico basado en la desorganización de las economías políticas, es decir, en la liberalización del mercado y en la promoción de la acción individual y la agregación espontánea de preferencias basada en el mercado (Harvey 2005; Streeck 2009). Baccaro y Howell (2017, 177) sostienen que esta “desorganización” conlleva la eliminación de leyes que protegen los derechos laborales con el fin de ampliar el poder discrecional de los empleadores. Ambos autores muestran, además, cómo desde la década de 1980, el desmantelamiento de la legislación laboral protectora ha coincidido con un cambio en el equilibrio del poder entre clases; un cambio en el que sindicatos cada vez más débiles comenzaron a enfrentarse a organizaciones empresariales radicalizadas, politizadas y “seguras de sí mismas”, deseosas de liberalizar cada vez más los sistemas nacionales de relaciones laborales. Al subrayar la importancia del poder de clase, el análisis de Baccaro y Howell sugiere que para comprender la naturaleza del neoliberalismo se requiere examinar no solo la transformación institucional que condujo a su aparición y consolidación, sino que también la dinámica de poder entre clases que configura su desarrollo posterior.

Este libro estudia el neoliberalismo, el poder de clase y la legislación laboral. Más específicamente, este libro estudia las reformas laborales “prosindicales” llevadas a cabo por gobiernos de centro-izquierda con el fin de explicar por qué la legislación laboral proempresarial establecida durante el giro neoliberal es tan difícil de derogar. Enfocándose en reformas a la ley colectiva del trabajo (que regula los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga), este libro sostiene que analizar el equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios es crucial para entender los resultados de las reformas laborales prosindicales. La literatura existente sobre reformas laborales ofrece explicaciones que ponen el énfasis en la voluntad de los gobiernos para llevar a cabo las reformas, en los efectos de los legados autoritarios, y en cómo los vínculos entre sindicatos y partidos gobernantes de centro-izquierda definen los resultados de las reformas (por ejemplo, definen la probabilidad de que una reforma pro-sindical sea exitosa. Sin negar la importancia de tales factores, este libro sostiene que ellos deben entenderse junto con los procesos a través de los cuales los trabajadores y los capitalistas se organizan colectivamente para en la elaboración de políticas laborales. En otras palabras, este libro afirma que para estudiar el efecto de dichos factores es necesario examinar cómo los trabajadores y los empresarios construyen y movilizan poder asociativo para influir en las políticas gubernamentales.

Este libro analiza las reformas laborales y el poder de clase a partir del caso de Chile. Siguiendo la terminología de Baccaro y Howell (2017), Chile es un país en el que la implantación del neoliberalismo supuso un “ataque frontal” a la anterior legislación laboral. En Chile, este ataque tuvo lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y se consagró mediante la promulgación del Plan Laboral de 1979. El Plan Laboral descentralizó la negociación colectiva restringiéndola únicamente al ámbito de la empresa, debilitó el poder de negociación de los sindicatos promoviendo la competencia entre sindicatos dentro de las empresas y a nivel sectorial, y socavó el derecho a huelga permitiendo a los empresarios contratar trabajadores de reemplazo (“rompehuelgas”) durante las huelgas. La legislación autoritaria también socavó el poder de negociación de los sindicatos al promover la competencia entre sindicatos y “grupos negociadores”, los cuales pueden formarse para firmar instrumentos de negociación colectiva independientemente de que la empresa ya tenga un sindicato (Feres 2009b; Rojas 2017).

Con el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos de la coalición política de centro izquierda (la Concertación de Partidos por la Democracia) reconocieron la necesidad de reformar el código laboral. Para ello, los presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos (2000-2006) propusieron proyectos de ley para modificar la legislación laboral. Sin embargo, aunque tales reformas mejoraron la protección de algunos derechos laborales individuales, ellas no afectaron los pilares centrales de la legislación pinochetista (Barrett 2001; Carnes 2014; Cook 2007; Feres 2009b; Murillo y Schrank 2005; Rojas 2017; Frank 2015). Como resultado, a pesar de la exitosa transición de Chile a la democracia, aún no se han cumplido las demandas centrales del movimiento sindical chileno. La negociación colectiva sigue teniendo lugar a nivel de empresa, y el poder de negociación de los sindicatos sigue siendo débil. Aunque las tasas de afiliación sindical han aumentado lentamente en la última década, probablemente debido a la revitalización del activismo sindical observado desde fines de los 2000, en 2015 las tasas de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva en Chile se encontraban entre las más bajas de todos los países de la OCDE (alrededor del 15 por ciento de los trabajadores asalariados estaban sindicalizados, mientras que solo el 7 por ciento estaban cubiertos por un convenio colectivo)1. Como se muestra en el Gráfico I, en 2015 las tasas de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva en Chile estaban incluso por debajo de las encontradas en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay.

Figura 1. Tasas de cobertura de la negociación colectiva y tasa de densidad sindical. Países de la OCDE, Argentina, Brasil y Uruguay (circa 2017)

Fuente: Autor, basado en datos de ICTWSS (Visser 2019). Los datos sobre la cobertura de la negociación en Chile se basan en las estimaciones de Durán y Gamonal (2019), y los de Uruguay en estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILOstat). Las líneas punteadas representan el valor promedio para cada eje.

Para hacer frente a estos problemas y a la demanda histórica de los y las trabajadoras de derogar la legislación de 1979, en 2014 la presidenta socialista Michelle Bachelet hizo el último intento por reformar el Plan Laboral. Ella propuso un proyecto de ley para ampliar el poder de la negociación colectiva, empoderar a los sindicatos frente a los grupos negociadores y revocar las disposiciones que permitían a los empresarios reemplazar huelguistas. Algunos políticos y dirigentes de partidos de centro-izquierda incluso afirmaron que aprovecharían esta oportunidad para proponer medidas para promover la negociación sectorial o ramal (El Mercurio 2015e). Los dirigentes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoyaron con entusiasmo el proyecto de reforma de Bachelet. Por el contrario, la asociación de empresarios chilenos, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se opuso firmemente al proyecto de reforma. Los empresarios afirmaron que la propuesta del Gobierno establecería una “dictadura sindical” dentro de las empresas y socavaría el libre mercado al ampliar los derechos de negociación colectiva a nivel sectorial (El Mercurio 2014; 2015c). En respuesta a tales cuestionamientos, la ministra del Trabajo insistió en que el Gobierno estaba comprometido a cambiar las leyes que “no habían sido reformadas desde 1979” (El Mercurio 2015a).

En comparación con los intentos de reforma anteriores, a mediados de la década de 2010 las condiciones para una reforma pro-sindicatos habían mejorado. La reforma constitucional iniciada por el presidente Lagos en 2005 había eliminado a los nueve senadores “designados”, los cuales solían votar a favor de los partidos de derecha en los años 90. Asimismo, la cómoda victoria electoral de 2013 dio a la coalición de la presidenta Bachelet (“Nueva Mayoría”, NM) la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Desde finales de la década de 2000, Chile también fue testigo de una revitalización del activismo sindical. Después de años de inactividad, los sindicatos de sectores estratégicos como la minería y la industria portuaria, así como de industrias tradicionalmente “no organizables” como el comercio minorista, lideraron movilizaciones altamente disruptivas que, en muchas ocasiones, se tradujeron en importantes conquistas para los y las trabajadoras (Aravena 2009; Bank Muñoz 2017; Manky 2018; Fox-Hodess y Santibáñez 2020). Como resultado de ello, a mediados de la década de 2010, el poder disruptivo de los sindicatos era significativamente más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo (OHL 2016; D. Pérez, Medel, y Velásquez 2017). Asimismo, las masivas protestas iniciadas en 2011 demostraron que la demanda por transformaciones profundas al modelo neoliberal era respaldada por un número importante de personas (Von Bülow y Donoso 2017). Conscientes de esta situación, los dirigentes de la NM y la propia presidenta Bachelet adoptaron un enfoque más “izquierdista” que sus antecesores de la Concertación y, entre otras cosas, decidieron incluir al Partido Comunista (PC) en la coalición de Gobierno. Esto fue crucial para los sindicatos. En 2012, la líder comunista Bárbara Figueroa fue elegida presidenta de la CUT, y el PC se convirtió en la fuerza política hegemónica dentro de la confederación nacional. Así, por primera vez desde su fundación en 1988, toda la dirigencia de la CUT –desde demócratas cristianos hasta socialistas y comunistas– se alineó con la coalición gobernante2.

Sin embargo, a pesar de las esperanzas del movimiento sindical, de los esfuerzos de los políticos de la NM y de las condiciones favorables para el cambio, el proyecto de reforma de Bachelet no logró derogar los aspectos centrales del Plan Laboral de 1979. Todas las medidas pro-trabajadores que se incluyeron inicialmente en el proyecto de ley, o que se sugirieron durante los debates legislativos de 2015-2016, fueron eliminadas o diluidas de tal manera que la ley resultante (Ley 20.940) no tuvo ningún impacto positivo en los derechos colectivos de los trabajadores. Al igual que la legislación anterior, la Ley 20.940 sigue definiendo la negociación colectiva supra-empresa como voluntaria para los empleadores. Además, el poder de negociación de los sindicatos sigue debilitado por leyes que promueven la competencia entre los sindicatos y que permiten la proliferación de convenios colectivos “semi-regulados” como alternativa a los acuerdos de negociación colectiva estándar (regulados y protegidos legalmente), los contratos colectivos. Como mostraré en el tercer capítulo, debido a la falta de normas específicas que regulen esta cuestión, en la práctica la nueva legislación sigue permitiendo a los empresarios promover la firma de convenios semi-regulados y, por extensión, la formación de grupos negociadores que los suscriban. Estos convenios son favorables para los empresarios porque no otorgan a los y las trabajadoras las protecciones típicas de un contrato colectivo estándar, en particular, el derecho a huelga y el derecho a fuero para el o la dirigente sindical. Por ello, a pesar de que la utilización de grupos negociadores ha disminuido debido a la falta de legislación clara, los sindicatos han criticado duramente la falta de disposiciones que prohíban explícitamente a los grupos negociadores. Por último, el derecho a huelga sigue estando menoscabado por unas cláusulas que, si bien prohíben formalmente el reemplazo de huelguistas, autorizan a los empresarios a realizar cualquier “modificación necesaria” en los turnos y actividades de los no huelguistas, con el fin de garantizar la prestación de “servicios mínimos” ampliamente definidos por parte de las empresas.

¿Por qué el proyecto de ley de Bachelet no desmanteló las normas proempresariales que han socavado los derechos colectivos de los trabajadores desde 1979? En términos más generales, ¿por qué es tan difícil reformar la legislación laboral colectiva proempresarial? ¿Cómo, en el contexto de las sociedades altamente globalizadas y neoliberales, pueden los movimientos sindicales superar las limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos progresistas a la hora de promover políticas favorables al trabajo? ¿Cómo, en estos contextos, pueden los sindicatos influir en el proceso de elaboración de políticas? Este libro aborda estas cuestiones mediante una explicación que enfatiza en la acción y el poder colectivo de clase. En este libro sostengo que estudiar cómo trabajadores y empresarios se organizan colectivamente para construir y defender sus intereses de clase es fundamental para entender los resultados de las reformas laborales, así como el modo en que se configura la desigualdad de poder entre clases.

La literatura existente sobre reformas laborales ofrece explicaciones que enfatizan la voluntad de los gobiernos para llevar a cabo las reformas, que ponen el énfasis en los efectos de legados de regímenes autoritarios del pasado y, tal como se teoriza en el tradicional Enfoque de Recursos de Poder (ERP) (Korpi 1985), que se centran en el modo en que los vínculos entre los sindicatos y los partidos gobernantes de centro-izquierda afectan los procesos de reforma laboral (Caraway, Cook, y Crowley 2015; Carnes 2014; Cook 2007; Murillo y Schrank 2005). Sin negar la importancia de esos factores, sostengo que ellos deben entenderse junto con los procesos a través de los cuales los trabajadores y los capitalistas se organizan para influir en el proceso de formulación de políticas sociales. Esto requiere una nueva teorización del poder de clase que, a su vez, refuerce las explicaciones derivadas del ERP tradicional. El ERP explica las variaciones en la política social centrándose en el poder de la clase trabajadora, el cual es definido según la existencia vínculos entre sindicatos y partidos gobernantes de centro-izquierda (Korpi 1985; Esping-Andersen 1985). Aunque el ERP contribuyó de manera significativa al estudio de cómo el poder de clase trabajadora facilita la formulación políticas redistributivas, dicho enfoque prestó poca o ninguna atención a dos aspectos clave de las relaciones de clase, a saber: el poder empresarial y aquellas formas de poder que van más allá de los vínculos entre sindicatos y partidos de centro-izquierda; en particular, aquéllas definidas bajo la noción de “poder asociativo” (Wright 2000; Bank Muñoz 2017; Schmalz, Ludwig, y Webster 2018). Estos aspectos de las relaciones de clase se han convertido en una característica central de la sociedad neoliberal actual. El equilibrio de poder se ha desplazado del trabajo al capital, y las ideologías neoliberales han impregnado los partidos tradicionales de centro-izquierda, debilitando así sus vínculos con los sindicatos (Roberts 2002; Collier y Handlin 2009; Gumbrell-McCormick y Hyman 2018). En este libro, contribuyo a la literatura sobre recursos de poder abordando estas dos dimensiones. Para ello, propongo un modelo relacional del poder de clase que subraya la importancia central del poder asociativo. Esto, sostengo, permite analizar cómo el equilibrio de poder entre trabajadores y capitalistas ayuda a explicar por qué las leyes laborales proempresariales son tan resistentes al cambio.

El concepto de poder asociativo fue definido originalmente como el tipo de poder desarrollado por la clase trabajadora a través de la formación de asociaciones colectivas como sindicatos y comités de empresa (Wright 2000). En este libro amplío tal concepto con el fin de estudiar cómo se organizan los trabajadores y los empresarios para defender sus intereses de clase. Aunque el poder asociativo puede desarrollarse a diferentes niveles –el lugar de trabajo, un sector económico o a escala nacional (Wright 2000)–, en este libro me enfoco en este último nivel (escala nacional). En otras palabras, estudio la construcción de poder asociativo analizando cómo este se moviliza a nivel del sistema político a través de la formación de asociaciones “cupulares” (multisectoriales o de toda la economía) de empresarios y trabajadores. Lo hago así porque es en este nivel donde el trabajo organizado y los empresarios interactúan con el Estado para influir, con diferentes grados de éxito, en la elaboración de políticas sociales.

El modelo teórico que propongo en este libro se basa en dos premisas básicas. La primera es que el poder denota una capacidad. Esto significa que el poder se refiere a la capacidad que tienen las clases sociales para actuar colectivamente con el fin de construir poder asociativo, así como a su capacidad de movilizar recursos en diferentes ámbitos de la sociedad (por ejemplo, recursos económicos, políticos o discursivos) con el fin de defender sus intereses de clase (Brookes 2018; Rhomberg y Lopez 2021). Mi segunda premisa es que el poder debe entenderse como un concepto relacional. En otras palabras, el análisis del poder de la clase trabajadora tiene que considerar cómo este afecta y es afectado a su vez por el poder de clase empresarial, y viceversa (Wright 2000; Schmalz, Ludwig, y Webster 2018).

Partiendo de estas premisas, en este libro explico no solo cómo las clases tienen éxito (o fracasan) en la construcción del poder colectivo, sino también cómo la disparidad de poder asociativo afecta los resultados de las reformas laborales. En los capítulos siguientes demuestro que, a pesar de revitalización sindical reciente, la CUT ha sido incapaz de construir poder asociativo a nivel del sistema político no solo debido a la continuidad del Plan Laboral de 1979 sino que también como resultado de sus propias estructuras organizativas. Diseñadas para asegurar acuerdos partidistas y no entre sindicatos de base, estas estructuras organizativas reproducen prácticas que perpetúan (o perpetuaron por mucho tiempo) la subordinación del movimiento sindical a los partidos políticos. Asimismo, dichas estructuras organizativas amplifican los conflictos políticos y partidistas entre los sindicatos, lo que aumenta la fragmentación y las divisiones estratégicas dentro movimiento sindical. En los siguientes capítulos también muestro cómo, en contraste con la CUT, la CPC ha construido exitosamente poder asociativo empresarial a través de estructuras organizativas que facilitan el consenso entre las asociaciones sectoriales que la conforman. Con esto, la CPC ha forjado una fuerte solidaridad de clase capitalista y un consenso respecto a las estrategias para enfrentarse a los gobiernos de centro-izquierda. Esto explica por qué los empresarios chilenos han sido tan exitosos en la defensa de la legislación laboral de 1979, a pesar de que, a mediados de la década de 2010, varios de los recursos de poder político utilizados en décadas anteriores (por ejemplo, vínculos con partidos de derecha y senadores designados con poder de veto) habían sido minimizados o ya no existían.

En este libro, sostengo que la disparidad del poder asociativo es crucial para explicar la resistencia de la legislación laboral proempresarial. Esto se debe a que, en cuanto poder en acción (Rhomberg y Lopez 2021), el poder asociativo define cómo las clases movilizan otras formas de poder. Poniendo énfasis en gran medida (pero no exclusivamente) en cómo la CUT y la CPC han tratado de influir en la elaboración de políticas laborales movilizando recursos de poder político –por ejemplo, vínculos con partidos y tomadores de decisión–, demuestro que cuando el poder asociativo es fuerte, el impacto de estas formas de poder político aumenta. Enfatizando los aspectos asociativos del poder de clase, sostengo que los desequilibrios de poder no deben ser conceptualizados como el mero resultado de las diferencias económicas entre, por ejemplo, la clase capitalista y la clase trabajadora. Los recursos económicos ciertamente facilitan la capacidad organizativa de los empresarios al proporcionar a las asociaciones empresariales recursos técnicos, materiales y de infraestructura. Sin embargo, numerosas investigaciones demuestran que los recursos económicos pueden ser perjudiciales para el poder asociativo de los empresarios, ya que pueden desalentar la afiliación de las empresas a las asociaciones empresariales (Schmitter y Streeck 1999; Traxler, Blaschke, y Kittel 2001). En otras palabras, aunque son importantes, las disparidades económicas no son la única explicación del desequilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Si así fuera, el poder de los empresarios sería una constante, es decir, sería igual de fuerte en cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, en el sexto capítulo realizo un análisis comparativo de reformas laborales prosindicales en Argentina y Uruguay, y muestro que en, en comparación a Chile, en ambos países la organización de los empresarios es sustancialmente más débil, tal como lo es su poder para oponerse a dichas reformas. En dicho capítulo presento evidencia que indica que en Argentina y Uruguay las asociaciones empresariales están más fragmentadas y divididas que en Chile, ya que no existe ninguna asociación que desempeñe el papel unificador de la CPC en Chile. Muestro, además, que el débil poder asociativo empresarial y el mayor poder asociativo de clase trabajadora explican por qué en ambos países las reformas protrabajadores fueron más exitosas que en Chile.

A partir de esta evidencia, sostengo que en la sociedad neoliberal la naturaleza relacional del poder de clase se expresa de diferentes maneras, en las que el nivel de organización de los empresarios afecta la capacidad de organización de la clase trabajadora, y viceversa. En el caso de Chile, la debilidad de los sindicatos es en gran medida el resultado de cómo la construcción exitosa de poder asociativo empresarial les ha permitido a los empresarios asegurar la continuidad de la legislación neoliberal de 1979. Al final del libro, sostengo que la clase trabajadora puede contrarrestar este escenario desarrollando un poder asociativo autónomo que le permita establecer una relación más simétrica con los partidos de izquierda (es decir, una relación en la que los partidos puedan defender los intereses de la clase trabajadora sin sacrificar la autonomía sindical). El análisis comparativo con Argentina y Uruguay me permite argumentar que, cuando esto ocurre, los vínculos entre sindicatos y partidos de izquierda pueden efectivamente convertirse en una fuente de poder eficaz que permita que la clase trabajadora tenga mayor influencia política.

Relaciones laborales neoliberales y poder de clase: el caso del Plan Laboral de 1979

Hay varias razones por las que Chile es un caso interesante para estudiar políticas laborales y poder de clase. En primer lugar, en términos comparados, Chile representa un caso “maduro” de economía política neoliberal. El neoliberalismo puede definirse como un proceso general de liberalización del mercado que tiene sus raíces en la desregulación o “desorganización” de las economías políticas, es decir, en el paso desde de la coordinación centralizada de las relaciones económicas a la competencia dispersa, la acción individual y la agregación espontánea de preferencias basada en el mercado (Streeck 2009, 96-97). En el ámbito de las relaciones laborales, este proceso de liberalización implica la expansión de la “discrecionalidad” de los empleadores en la determinación de los salarios, la gestión del personal, la organización del tiempo de trabajo, y en las modalidades de contratación y despido (Baccaro y Howell 2017, 20). Thelen (2014, 12-15) identifica tres vías ideales de liberalización del mercado laboral. El primer camino, que ella define como “liberalización desreguladora”, implica no solo el desmantelamiento político activo de las instituciones creadas para coordinar las relaciones laborales (por ejemplo, la negociación colectiva centralizada), sino también una disminución de la capacidad de dichas instituciones para producir resultados igualitarios o solidarios (por ejemplo, para proteger a un número significativo de trabajadores y trabajadoras a través de los acuerdos colectivos). Esta vía de liberalización, observada en economías liberales de mercado como la de Estados Unidos y el Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980, se logró mediante el “desplazamiento” de las instituciones laborales anteriores (Baccaro y Howell 2017; Thelen 2014, 13). Por lo tanto, este tipo liberalización supuso un “ataque frontal” a las instituciones “que antes habían apoyado la regulación colectiva y limitado la discrecionalidad de los empleadores” (Baccaro y Howell 2017, 173). En contraste con la vía “desreguladora”, en las otras trayectorias de liberalización identificadas por Thelen la coordinación de las relaciones laborales persiste, pero en el contexto de una reducción del número de empresas y trabajadores cubiertos por los acuerdos resultantes (por ejemplo, el proceso de “dualización” observado en Alemania), o en un contexto en el que la flexibilización laboral se produce dentro de marcos institucionales abarcadores que tienden a proteger a los sectores más desfavorecidos del mercado laboral a través de la colectivización del riesgo (por ejemplo, la “flexibilización integrada” de Dinamarca).

A partir de la terminología de Thelen, el Plan Laboral de 1979 en Chile representa un caso de liberalización desreguladora basada en el “ataque frontal” a la legislación anterior, similar a los casos de EE. UU. y el Reino Unido durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente. En EE. UU., por ejemplo, la liberalización de las relaciones laborales implicó un ataque directo a los sindicatos, el desmantelamiento del antiguo sistema de negociación colectiva y el establecimiento de un marco individualizado compuesto por “un conjunto de opciones legales a las que los trabajadores individuales pueden recurrir si los empleadores violan diversas leyes laborales” (Thelen 2014, 36). Bajo la influencia de los Chicago Boys, en Chile la dictadura de Pinochet inició este ataque frontal a finales de la década de 1970. Así, debido al contexto autoritario en el que se aplicaron las políticas neoliberales, la liberalización del mercado laboral de Chile no solo se produjo antes, sino que se afianzó más que en ningún otro lugar (Cook 2007). En otros países latinoamericanos, se produjeron cambios políticos similares despuésde sus transiciones democráticas. Influidos por la agenda desreguladora del Consenso de Washington, a principios de la década de 1990 estos países implementaron reformas que promovieron los contratos laborales atípicos (temporales), redujeron la indemnización por despido y, en ocasiones, flexibilizaron las jornadas y los horarios de trabajo (Cook 2007; Fraile 2009; Murillo 2005a; Vega Ruiz 2005; Weller 1998). Sin embargo, debido al contexto democrático en el que se implementaron estas reformas, el aumento de la discrecionalidad de los empleadores fue más resistido por los sindicatos y, en muchos casos, menos “exitoso” que en Chile (Cook 2007; Marshall 2005).

En cambio, en Chile la agenda neoliberal se promulgó a través de varios decretos ley que sustituyeron totalmente la legislación contenida en el Código del Trabajo de 1931. El primero de ellos fue el Decreto Ley 2.200 de 1978, que desreguló las políticas de contratación y despidos3. Un año después, en 1979, la dictadura llevó a cabo la transformación más significativa y duradera de la legislación laboral al aprobar los decretos 2.756 sobre organización sindical y 2.758 sobre negociación colectiva y huelga (Feres 2009b; Narbona 2014; Rojas 2017). Con el objetivo manifiesto de liberalizar y “despolitizar” las relaciones laborales colectivas (Piñera 1992), estos dos decretos se fusionaron a través del Plan Laboral de 1979. Centrado exclusivamente en la regulación de las relaciones colectivas del trabajo, el Plan Laboral fue, en palabras de su artífice, el Ministro del Trabajo José Piñera (1992, 23), un “plan sindical” que pretendía desmontar cualquier componente “corporativista” de la ley laboral de 1931. Según Piñera, la economía de mercado necesitaba una legislación laboral que se deshiciera de las antiguas “políticas corporativistas” del código laboral de 1931. Según piñera, a través de la promoción de relaciones industriales “politizadas”–basadas, por ejemplo, en negociaciones dirigidas por el Estado–, las políticas corporativistas afectaban la “equivalencia natural” entre salario y productividad laboral. Por lo tanto, sostenía Piñera, la nueva legislación debía desmantelar cualquier interferencia de las relaciones laborales sobre las fuerzas del mercado, ya fuera en forma de negociación centralizada, control sindical de los puestos de trabajo o representación sindical exclusiva de los empleados en una empresa o en toda una rama económica.

Sobre la base de estos principios extremadamente liberales, proempresariales y represivos con respecto a los trabajadores (Rojas 2007), el Plan Laboral confinó la negociación colectiva al nivel de la empresa individual (aunque la ley reconocía la existencia legal de confederaciones laborales, la negociación a nivel sectorial o nacional estaba prohibida). Al mismo tiempo, limitó los objetos de la negociación colectiva exclusivamente a cuestiones económicas. Cualquier cuestión que pudiera socavar el derecho de los empresarios a gestionar la empresa quedó explícitamente excluida del proceso de negociación (Decreto Ley 2.758). Asimismo, la legislación de 1979 socavó el poder de negociación sindical al negar el principio de titularidad sindical, según el cual solo el sindicato tiene derecho a negociar colectivamente. El Decreto Ley 2.758 estableció que la negociación colectiva podía tener lugar no solo entre un empleador y un sindicato, o varios sindicatos que compitieran entre sí dentro de las empresas (principio de “paralelismo sindical”)4, sino también entre un empleador y “un grupo o grupo de trabajadores” (es decir, un “grupo negociador”) constituido con el único fin de firmar un acuerdo colectivo (Decreto Ley 2.758, artículo 2). En estrecha relación con esto, la ley estableció que los trabajadores también podían firmar convenios colectivos semirregulados como alternativa a los acuerdos de negociación colectiva regulares. Al reconocer esta distinción entre contratos y convenios colectivos, la legislación sentó un importante precedente para futuras políticas y para las relaciones laborales en su conjunto. Esta distinción se afianzó aún más mediante la Ley 16.620 (1987), que estableció que, a diferencia de los contratos colectivos, los convenios colectivos no otorgarían a los trabajadores protecciones especiales durante el proceso de negociación, en particular, derecho a la huelga y protección contra el despido (fuero) para los dirigentes del grupo –generalmente un grupo negociador– que firmara el convenio (Rojas 2007). Desde entonces, esta distinción ha tenido un impacto significativo en el poder de negociación de los trabajadores. Permitió (y, dependiendo de dictámenes de la Dirección del Trabajo, aún podría permitir) a los empresarios socavar el poder de los sindicatos fomentando la formación de grupos negociadores y la firma de convenios colectivos. Esto, en contraposición al proceso de negociación estándar expresado en un contrato colectivo firmado por un sindicato. Esto explica por qué, como se verá más adelante, la CUT ha exigido la derogación de estas políticas, así como por qué la CPC las ha defendido tan celosamente.

En cuanto al derecho a huelga, el Plan Laboral lo restringía permitiendo a los empresarios contratar reemplazos y limitando la actividad huelguística a los márgenes del proceso de negociación colectiva. Se prohibió cualquier tipo de acción industrial fuera de la negociación reglada (por ejemplo, huelgas de solidaridad). Según el ministro Piñera, el derecho de los trabajadores a movilizarse por mayores salarios debía someterse a la “disciplina del mercado” (Piñera 1992, 18), expresada en la productividad laboral. Así, afirmaba Piñera, en ningún caso la huelga debía ser utilizada con fines “políticos” o como un medio para la redistribución de la riqueza (Piñera 1992, 26-28).

A pesar de su orientación antisindical, los aspectos centrales de las leyes de 1979 han permanecido intactos durante todo el periodo democrático, ya que todos los intentos por derogarlas han fracasado. Aquí radica una segunda razón por la que Chile es un caso de estudio interesante. Aunque Chile suele ser descrito como un ejemplo de restauración democrática exitosa, este país difiere significativamente de lo ocurrido en otros países latinoamericanos como Argentina y Uruguay. En estos dos países, muchas de las reformas proempresariales aprobadas durante el giro neoliberal fueron posteriormente revocadas o transformadas sustancialmente mediante cambios legales que reforzaron los derechos colectivos de los trabajadores (Murillo, Ronconi, y Schrank 2011; Senén 2011; Quiñones 2011; Carnes 2014). Tomando nota de estos avances en materia de legislación laboral colectiva, Anner (2008, 35-36) concluyó a finales de la década del 2000 que las leyes laborales latinoamericanas eran, al menos en el papel, más “favorables a los sindicatos” que los sistemas legales de otras regiones. Aunque la afirmación de Anner puede ser correcta en términos comparativos, no es aplicable a Chile. La legislación laboral chilena destaca por su combinación de protecciones relativamente fuertes de los derechos laborales individuales y derechos colectivos muy restringidos (Gamonal 2011; Carnes 2014).

Algunos analistas sostienen que los derechos colectivos de los trabajadores están restringidos tanto por la resiliencia de las leyes laborales de 1979 como por la “hiperregulación” de las relaciones laborales resultante de los intentos infructuosos por derogarlas. Según los expertos laborales Sergio Gamonal (2011, 93) y María E. Feres (entrevista personal), desde el retorno a la democracia, los tomadores de decisión de centro-izquierda han compensado la falta de reformas significativas al Plan Laboral de 1979 con modificaciones que, si bien reforzaron la protección de los derechos laborales individuales, aumentaron la rigidez de las relaciones laborales colectivas. Estas modificaciones dificultaron, por ejemplo, la formación de sindicatos y establecieron numerosas etapas por las que se debe pasar dentro de la negociación colectiva para poder ejercer el derecho a huelga. Así, como consecuencia no deseada, estas enmiendas han socavado la capacidad de organización y movilización de los y las trabajadoras chilenas. En este sentido, desde el retorno a la democracia en 1990, Chile se asemeja a lo que Baccaro y Howell (2017, 185) definen como la “Tercera Vía” de la organización de las relaciones laborales. Tomando como ejemplo el caso británico durante el Gobierno del Nuevo Laborismo (1997-2000), estos autores sostienen que esta Tercera Vía aborda el dilema de proteger el trabajo en un contexto de debilidad sindical de dos maneras diferentes. En primer lugar, sin afectar la flexibilidad del mercado laboral, asegura la protección legal de los trabajadores en forma de derechos mínimos en el mercado laboral. En segundo lugar, enfatiza la “voz” de los trabajadores como un bien público. Es decir, fomenta que la voz de los sindicatos sea escuchada, aunque la política laboral haga poco por proteger o extender los derechos colectivos de los trabajadores. (En el caso británico, argumentan Baccaro y Howell, las reformas laborales durante el Gobierno del Nuevo Laborismo hicieron poco por restaurar los derechos laborales colectivos que habían sido eliminados durante la era Thatcher). En palabras más sencillas, Baccaro y Howell (2017, 185) describen este enfoque como uno centrado en “la provisión y el cumplimiento de los derechos individuales en el lugar de trabajo por parte del Estado, con un papel periférico para la representación colectiva y la negociación colectiva”. En los siguientes capítulos mostraré que los intentos fallidos de reformar el Plan Laboral de 1979 son, en parte, el resultado de cómo los tomadores de decisiones de centro-izquierda adoptaron un enfoque similar con respecto a las relaciones laborales en Chile. Sin embargo, también mostraré que, aunque jugaron un papel clave, dichos actores estatales no fueron el único factor causal que explica la continuidad de la legislación laboral neoliberal. En línea con el argumento de Baccaro y Howell (2017, 13), demuestro que el impacto de las acciones de estos estatales dependió en parte del contexto sociopolítico definidos por el equilibrio de poder entre clases.

Aquí radica la tercera razón por la que Chile es un buen caso de estudio. Chile representa un caso paradigmático de cómo el proyecto neoliberal fue acompañado por un cambio dramático en el equilibrio del poder entre clases. Baccaro y Howell (2017, 177) describen este cambio como uno en el que sindicatos debilitados y divididos se tuvieron que enfrentar a organizaciones patronales emergentes, radicalizadas y politizadas. Más específicamente, ellos muestran que en Europa Occidental el auge del neoliberalismo fue de la mano de la aparición de “una clase patronal más segura de sí misma y más politizada, dispuesta a buscar cambios sustanciales en los sistemas nacionales de relaciones laborales, y siempre en una dirección más liberalizadora”. En los siguientes capítulos, utilizo la noción de poder asociativo para explicar este desequilibrio de poder entre las clases trabajadora y capitalista. Analizo el “resurgimiento” de la CPC a partir de la década de 1980 para describir los procesos a través de los cuales se formó en Chile una clase patronal neoliberal, altamente politizada y “segura de sí misma”.

Neoliberalismo y reformas laborales

Los debates sobre reformas laborales han sido recurrentes en las últimas décadas. La mayor parte de la investigación académica se ha centrado en explicar las variaciones internacionales en términos del alcance y extensión de las regulaciones que protegen los derechos individuales y colectivos de los trabajadores (Murillo y Schrank 2005; Cook 2007; Anner 2008; Fraile 2009; Murillo, Ronconi, y Schrank 2011; Carnes 2014). Las investigaciones recientes han hecho hincapié en explicaciones basadas en tres factores interrelacionados: 1) legados autoritarios, particularmente, legados de regímenes dictatoriales del pasado reciente; 2) el rol que juegan actores estatales como líderes políticos, partidos y tomadores de decisión; y 3) explicaciones basadas en la idea de política de clases, entendida como resultado de las relaciones de poder entre clases y del modo en que ellas afectan a las políticas estatales. Estas explicaciones han contribuido al estudio de la política laboral matizando las explicaciones económicas estándar, las que, en el actual contexto de capitalismo globalizado, asumen que el impacto de las presiones económicas internacionales (por ejemplo, la promoción de políticas de liberalización de las relaciones laborales) ha sido el mismo para todos los países, independientemente de sus legados institucionales y de sus dinámicas políticas específicas. En contraste con esta perspectiva económica, los analistas han propuesto explicaciones que enfatizan cómo el impacto de los procesos económicos externos está mediado por las instituciones nacionales, el tipo de Gobierno o el equilibrio de poder entre las clases. Aunque los factores enfatizados en estas explicaciones suelen solaparse, es posible separarlas en función del mecanismo que se considere el factor principal que explica el cambio o la persistencia de las políticas, las leyes y los regímenes laborales.

Legados

Sin negar la importancia central de los determinantes económicos derivadas de la globalización, este tipo de explicaciones se centra en cómo los “acontecimientos pasados” –comúnmente denominados “legados”– configuran las políticas laborales existentes en el presente. Al hacer hincapié en la dependencia de la trayectoria recorrida (path dependency), esta explicación se centra en el modo en que los legados sociopolíticos, institucionales e ideológicos heredados del pasado -por ejemplo, de regímenes autoritarios anteriores- tienen efectos duraderos que moldean tanto las leyes laborales como los actores que luchan por cambiarlas5. Caraway, Cook y Crowley (2015, 17) sostienen que los legados autoritarios pueden observarse no solo en la continuidad de las leyes laborales que definen el “terreno estratégico” en el que operan los actores laborales, sino también en la supervivencia de actores e ideologías, formados durante el antiguo régimen, que pueden desempeñar un papel crucial en la defensa de tales legados institucionales. A partir de este marco analítico, Collier y Schipani (2015) afirman que, aunque las leyes más represivas establecidas durante los gobiernos autoritarios no suelen sobrevivir a la restauración de la democracia, países como Chile, Indonesia, Filipinas y Rusia destacan por tener varias normas de la época autoritaria que restringen los derechos laborales básicos –como el derecho a huelga– hasta el día de hoy.

Partiendo de esta idea, Cook (2007) constata que el patrón de reforma de la legislación laboral en América Latina está configurado por legados heredados de la trayectoria histórica de cada país. Cook muestra que en los países con trayectorias corporativistas fuertes tales como Argentina y Brasil, las leyes que fortalecen el poder sindical, por ejemplo, leyes que limitan la competencia entre sindicatos y garantizan seguridad financiera a los sindicatos –fueron más resistentes al cambio durante los regímenes autoritarios–. Esta continuidad de las regulaciones corporativistas otorgó a los sindicatos importantes recursos de poder institucional tras el retorno a la democracia. La legislación corporativista les permitió movilizarse y oponerse a los intentos de los gobiernos por aumentar la flexibilidad laboral de forma más eficaz que en países como Chile, donde tal tipo de trayectoria corporativista no existió (Etchemendy y Collier 2007; Bensusán 2016).

En su estudio de Chile durante los gobiernos de la Concertación, Frank (2015) destaca la importancia de los legados ideológicos neoliberales. Heredados de la dictadura de Pinochet y consolidados durante el periodo democrático, estos legados impregnaron a líderes políticos de centro-izquierda y se expresaron en la adopción por parte de los líderes de la Concertación de concepciones “minimalistas” de las relaciones laborales y los pactos sociales. Según estas concepciones, los acuerdos sociales eran óptimos siempre y cuando el trabajo y el capital estuvieran dispuestos a mantener un nivel de diálogo mínimo y el país no estuviera plagado de conflictos laborales. Para Frank, los legados ideológicos en Chile también se expresaron en cómo las experiencias de polarización de principios de la década de 1970 –que finalmente condujeron al golpe de Estado– empujaron a los líderes de centro-izquierda enfatizar la construcción de consensos con los partidos de oposición de derecha y las élites empresariales (Frank 2015, 190). Al igual que Frank, otros estudios han señalado la importancia de legados políticos e institucionales tales como el sistema electoral mayoritario binomial (que existió hasta mediados de la década del 2010), los senadores designados (eliminados en la reforma constitucional de 2005) y el Tribunal Constitucional (que sigue vigente hasta hoy). Estos legados proporcionaron a los partidos de derecha un poder de veto que no habrían tenido de otro modo (Garretón 2000; Fuentes 2012). De este modo, facilitaron la influencia empresarial en discusión y elaboración de políticas sociales (Frank 2002; Durán-Palma, Wilkinson, y Korczynski 2005).

Actores estatales

En estrecha relación con el enfoque basado en la idea de legados, la investigación reciente también ha demostrado que los actores estatales desempeñan un papel crucial en la configuración de la política laboral. En su formulación original, esta explicación se basa en el “enfoque estatista” (state-centered approach) de la política social (Evans, Rueschemeyer, y Skocpol 1985; Skocpol 1985; Amenta 2005). Este enfoque define al Estado no como el mero resultado de la influencia de fuerzas sociales, sino como un actor con sus propios recursos financieros y organizativos, que está formado por una clase de funcionarios de la administración pública que responden a sus propios intereses (Skocpol 1985, 21; Amenta 2005, 96). A partir de esta idea, las investigaciones con un enfoque estatista sostienen que los actores estatales desempeñan un papel clave en la elaboración de políticas sociales. Dichos actores no solo están interesados en conseguir resultados políticos específicos –por ejemplo, la expansión del Estado de bienestar–, sino que también gozan de un acceso privilegiado a los recursos políticos y organizativos para conseguir tales resultados (Orloff y Skocpol 1984; Skocpol y Amenta 1986; Steinmo 1993).

La investigación latinoamericana ha utilizado este tipo de formulaciones para explicar por qué la política laboral varía entre países. Algunas investigaciones señalan, por ejemplo, que en Chile la legislación heredada de la dictadura ha sido más resistente al cambio que en otros países, ya que en Chile las visiones neoliberales fueron más fuertes e impregnaron a importantes sectores de la Concertación. Esto, a su vez, hizo que los líderes de centro-izquierda estuviesen menos dispuestos a implementar reformas laborales protrabajadores sustanciales (Barrett 2001; Taylor 2004; Feres 2009a)6. Los investigadores también han recurrido a argumentos basados en el rol de los actores estatales para explicar por qué durante los años 2000, el ascenso de gobiernos de centro-izquierda con agendas posneoliberales resultó en la extensión de derechos laborales en países como Argentina y Uruguay, pero no en Brasil (Senén 2011; Quiñones 2011; Cook y Bazler 2013). Según estos análisis, las reformas pro-trabajadores tuvieron menos éxito en países como Brasil durante el primer Gobierno de Lula Da Silva, debido a que los actores estatales tendieron a fomentar políticas conciliadoras con el fin de garantizar la neutralidad política de las élites (Mayer 2018, 155; Krein y Biavaschi 2016, 63).

Política de clase y poder de clase

Por último, existe una amplia literatura que explica las variaciones las variaciones en la legislación laboral a partir de un análisis centrado en el equilibrio de poder entre actores de clase (especialmente los sindicatos) y los partidos políticos aliados a ellos (generalmente, partidos de centro-izquierda). Esta literatura se deriva directamente del ERP mencionado más arriba. Inspirado en la teoría marxista clásica, este enfoque sostiene que, para entender el tipo de política social (laboral o de otro tipo) predominante en cada país, es necesario analizar el conflicto distributivo resultante de las divisiones de clase desarrolladas en el marco de las relaciones laborales y los mercados laborales (Esping-Andersen 1985; Korpi 1985). Según los investigadores que siguen el ERP, dicho conflicto conforma la dinámica principal de la política y la formulación de políticas sociales (Korpi 2006). Partiendo de esta premisa, los estudios han demostrado que los partidos de izquierda que representan a la clase trabajadora o que se apoyan electoralmente en el poder de los trabajadores, son los principales promotores de la expansión del Estado del bienestar (Esping-Andersen 1985; Huber y Stephens 2005; Korpi 2006). En su estudio sobre los orígenes de los estados de bienestar, Korpi (2006) afirma que esta es una diferencia clave entre los partidos de izquierda y los de derecha: mientras que los partidos de izquierda son protagonistas de las políticas de protección social, los partidos de derecha respaldan la expansión del estado de bienestar solo cuando se ven obligados a hacerlo. Esto último suele ocurrir en contextos de competencia partidista y de creciente movilización de clase trabajadora. En esas circunstancias, los partidos de derecha dejan de ser antagonistas y se convierten en consentidores de las políticas de bienestar.

Sobre la base del argumento central de la ERP, la investigación sobre el neoliberalismo en América Latina ha demostrado que cuando los vínculos entre los partidos de izquierda y los sindicatos son más fuertes, las reformas promercado son más difíciles de aprobar ya que los sindicatos tienen más poder para influir en la elaboración de políticas sociales (Murillo 2001; Madrid 2003; Huber y Stephens 2012). Otras investigaciones han formulado argumentos similares en relación con la política laboral: cuando los vínculos entre partidos y sindicatos son fuertes, es más probable que se aprueben leyes laboral protectoras del sindicalismo y de los derechos laborales en general (Murillo y Schrank 2005; Murillo, Ronconi, y Schrank 2011; Carnes 2014; Antía 2018). Por el contrario, cuando dichos vínculos son laxos y, por lo tanto, el poder del movimiento de trabajadores es débil, las leyes laborales tienden tener una orientación proempresarial más marcada. Esto es precisamente lo que los investigadores han observado en relación con el caso de Chile a principios de la década de 1990 y 2000. Tras años de represión dictatorial y de una reestructuración neoliberal radical en los años 70 y 80, los sindicatos llegaron al período democrático en la década de 1990 en una posición de debilidad que les impidió impulsar reformas redistributivas significativas (Durán-Palma, Wilkinson, y Korczynski 2005; Cook 2007; Feres 2009a).

Algunas investigaciones recientes que han ampliado este argumento central del ERP. Por ejemplo, algunos estudios sostienen que el poder de clase trabajadora depende en parte de la capacidad de los sindicatos para establecer alianzas con otros movimientos sociales. Según estos estudios, cuando los sindicatos actúan junto con movimientos indígenas, de género y estudiantiles, su poder para oponerse a las medidas de austeridad es más fuerte (Huber y Stephens 2012; Kingstone, Young, y Aubrey 2013; Niedzwiecki 2014). Otras investigaciones han sostenido que el poder de clase trabajadora también depende del grado de poder del Gobierno. En su estudio sobre estados bienestar europeos y la protección a los “outsiders” del mercado laboral, Rathgeb (2018) demuestra que cuando los gobiernos de centro-izquierda son débiles -es decir, cuando están divididos internamente o no tienen mayoría de escaños en el parlamento-, necesitan del apoyo de actores extraparlamentarios como los sindicatos para conseguir sus objetivos redistributivos. Cuando esto ocurre, señala Rathgeb, el poder sindical se ve reforzado porque los gobiernos son más receptivos a las demandas de los trabajadores.

En resumen, sin descartar la importancia de los factores enfatizados en otras explicaciones, el ERP ha contribuido al estudio de la política social destacando la importancia central del poder de clase, definido como la existencia de vínculos y alianzas entre sindicatos y partidos gobernantes de centro-izquierda. Por ello, el ERP es el más adecuado para analizar cómo las relaciones de poder entre clases afectan a la política social en general, y laboral en particular.

Sin embargo, al centrarse casi exclusivamente en los vínculos entre sindicatos y partidos, el ERP ha prestado poca atención a dos aspectos centrales de las relaciones de clase de la sociedad neoliberal actual. El primer aspecto se refiere al poder empresarial. El poder empresarial está muy poco estudiado en los trabajos académicos de la ERP, a pesar de que se ha convertido en un factor crucial de la economía política neoliberal. El capitalismo neoliberal está definido, tal como lo afirman Baccaro y Howell (2017), por un aumento de la desigualdad de poder entre trabajo y capital. Esto implica que el estudio de la política social y las relaciones de clase debe considerar tanto el poder sindical como el papel de los empresarios–particularmente, cómo el poder empresarial afecta a las políticas laborales y al propio poder sindical–. Algo similar ocurre con el segundo aspecto desatendido por la investigación tradicional del ERP, a saber, aquellas formas de poder que no se derivan de los vínculos entre sindicatos y partidos, en especial las expresadas en la noción de “poder asociativo”. En un período en el que la ideología neoliberal ha impregnado a gran parte de los partidos de centro-izquierda y los lazos entre estos y los sindicatos se han debilitado (Gumbrell-McCormick y Hyman 2018), los recursos de poder no partidistas se han vuelto cruciales para que los trabajadores puedan avanzar en sus intereses de clase (Bank Muñoz 2017). Por lo tanto, un análisis de las políticas laborales debe incluir estos otros tipos de poder y examinar cómo ellos interactúan con los vínculos partidistas.

Este libro responde a este desafío y propone un modelo relacional del poder de clase que enfatiza la importancia central del poder asociativo y que lo extiende para analizar el poder colectivo de los trabajadores y los empleadores. Este modelo me ayuda a desarrollar un análisis relacional del poder que, a su vez, me permite mostrar cómo opera la relación mutuamente condicionante entre el poder de clase trabajadora y el poder capitalista.

En los siguientes capítulos, presento en detalle el argumento desarrollado a lo largo de este capítulo. El capítulo I muestra los elementos centrales de mi modelo relacional del poder de clase. Este capítulo también ofrece una definición operacional del poder asociativo.

El capítulo II analiza los primeros intentos de reforma al Plan Laboral de 1979, llevados a cabo por los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2001. Este capítulo demuestra que el poder colectivo de los empleadores, manifestado en la movilización exitosa de la CPC contra las reformas, fue crucial para asegurar la persistencia de la legislación de 1979.

El capítulo III explica los contratiempos de la reforma laboral de Bachelet de 2015-2016, enfatizando cómo la disparidad entre el poder asociativo de los trabajadores y de los empresarios definió la capacidad de cada clase para influir en el proceso legislativo. Esto es clave, argumento, para explicar por qué dicho intento de reforma no alteró las bases del Plan Laboral.

En los capítulos IV y V cambio el foco de análisis, pasando desde las reformas laborales al poder asociativo. El capítulo IV se centra en la CUT y explica por qué, a pesar del reciente resurgimiento del activismo sindical en Chile, el poder asociativo de la clase trabajadora sigue siendo débil a nivel nacional.