Juvenicidio E-Book

José Manuel Valenzuela

• Herausgeber: Ned Ediciones
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2015

Seitenzahl: 438

Beschreibung

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa, en Iguala - Guerrero, tomaron autocares con el fin de trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, pero fueron interceptados por la policía y el ejército. Los jóvenes fueron secuestrados y entregados al narcogrupo Guerreros Unidos. Los sucesos de Ayotzinapa se inscriben en un marco definido por el Juvenicidio, proceso que implica una condición precaria persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México, a cientos de miles en América Latina y se ha extendido también por Europa. El Juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial de algunos grupos y sectores juveniles) y la banalización del mal. El orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de estos grupos usando ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad. El libro pone frente al espejo el caso de Ayotzinapa con otras formas de juvenicidio acaecidas en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia y Centroamérica, asi como con nuevas formas de juvenicidio moral emergentes en Europa.

Leseprobe

Juvenicidio

Juvenicidio : Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España / José Manuel Valenzuela, coord. — Barcelona : Ned Ediciones ; — Guadalajara : ITESO ; — Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte, 2015.

274 p. ; 15 x 21 cm

ISBN: 9788494442407 (Ned Ediciones)

ISBN: 9786079361853 (ITESO)

ISBN: 9786074791785 (El Colef)

1. Juventud y violencia — América Latina. 2. Juventud y violencia — España. 3. Juventud — América Latina — Condiciones sociales. 4. Juventud — España — Condiciones sociales. 5. Juventud — México — Condiciones sociales — Siglo XXI. 6 México — Política y gobierno — Siglo XXI. I. Valenzuela Arce, José Manuel. II. El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, Baja California). III. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, Jalisco).

HQ 799 .L38 J8 2015

© José Manuel Valenzuela (coord.), 2015

© Rossana Reguillo Cruz, Maritza Urteaga, Hugo César Moreno, Alfredo Nateras Domínguez, Germán Muñoz, Valeria Llobet, Marisa Feffermann, Lucia Rangel, Rita Alves, Carles Feixa, M. Àngels Cabasés y Agnès Pardell

© De la imagen de cubierta: Oliver Uribe, «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», 2014

Primera edición: octubre de 2015, Barcelona

Derechos reservados para todas las ediciones en castellano

© 2015, Nuevos emprendimientos editoriales, S. L., Barcelona

D.R. © 2015 El Colegio de la Frontera Norte, A. C.

Carretera escénica Tijuana-Ensenada, Km 18.5

San Antonio del Mar, 22560 – Tijuana, B. C. – www.colef.mx

D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,

Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604.

www.publicaciones.iteso.mx

Preimpresión: Editor Service, S.L.

Diagonal, 299, entlo. 1ª – 08013 Barcelona

eISBN: 978-84-944424-1-4

Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, de esta versión castellana de la obra.

Ned Ediciones – www.nedediciones.com

Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo

sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Rosario Castellanos

«¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!»

Índice

PRÓLOGO: AUNQUE NOS SANGRE EL CORAZÓN

José Manuel Valenzuela Arce

1 REMOLINOS DE VIENTO: JUVENICIDIO E IDENTIDADES DESACREDITADAS

José Manuel Valenzuela Arce

2 LA TURBULENCIA EN EL PAISAJE: DE JÓVENES, NECROPOLÍTICA Y 43 ESPERANZAS

Rossana Reguillo Cruz

3 CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD VERSUS JUSTICIA Y DERECHO EN MÉXICO

Maritza Urteaga Castro Pozo y Hugo César Moreno

4 EL ANIQUILAMIENTO IDENTITARIO INFANTO-JUVENIL EN CENTROAMÉRICA: EL CASO DE LA MARA SALVATRUCHA (MS-13), Y LA «PANDILLA» DEL BARRIO 18 (B-18)

Alfredo Nateras Domínguez

5 JUVENICIDIO EN COLOMBIA: CRÍMENES DE ESTADO Y PRÁCTICAS SOCIALMENTE ACEPTABLES

Germán Muñoz González

6 GENOCIDIO DE LA JUVENTUD NEGRA: DECONSTRUYENDO MITOS

Marisa Feffermann

7 LOS JÓVENES QUE MÁS MUEREN: LOS NEGROS Y LOS INDÍGENAS EN BRASIL

Lucia Helena Rangel, Rita Alves Oliveira

8 POLÍTICAS Y VIOLENCIAS EN CLAVE GENERACIONAL EN ARGENTINA

Valeria Llobet

9 EL JUVENICIDIO MORAL DE LOS JÓVENES… AL OTRO LADO DEL CHARCO

Carles Feixa, M. Àngels Cabasés y Agnès Pardell

ENCARTE COLOR

PRÓLOGO:AUNQUE NOS SANGRE EL CORAZÓN

José Manuel Valenzuela Arce

Hijo, donde quieras que estés, te seguiré buscando, aunque mi corazón sangre.

Bernardo Campos

(Padre de uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala.)

A partir de la supuesta guerra contra las drogas impulsada por Felipe Calderón en México en diciembre de 2006, se incrementó la muerte artera e impune de decenas de miles de jóvenes, situación que evidencia la presencia de juvenicidios1 (Valenzuela, 2012), que involucran a múltiples sectores sociales y enmarcan los cruentos sucesos de Iguala donde murieron 6 personas y 43 desaparecieron por elementos policiales con la complicidad de militares y funcionarios. Tras ser víctimas de desaparición forzada, los jóvenes fueron entregados al narcogrupo Guerreros Unidos, formación del crimen organizado vinculada al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Pensar en los sucesos de Iguala, obliga a construir una reflexión amplia que nos permita entender la descomposición del Estado y cómo el llamado crimen organizado ha permeado una parte importante de las instituciones y de la vida social y que posee, en el juvenicidio, una de sus consecuencias más dolorosas.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero (una universidad a la que acuden principalmente estudiantes campesinos e indígenas pobres), tomaron camiones urbanos con el fin de trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, pero fueron interceptados por la muerte que circulaba en vehículos de la policía y del ejército.

Los sucesos de Ayotzinapa se inscriben en un marco definido por el juvenicidio, proceso que implica una condición persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México y a cientos de miles en América Latina. El juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial de algunos grupos y sectores), la banalización del mal, que alude al desdibujamiento de los referentes dicotómicos entre el bien y el mal, lo que permite a los asesinos matar sin mayores cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalterizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad.

El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan desarrollar proyectos viables de vida. Motivados por la necesidad de construir una plataforma reflexiva que acompañe la justa indignación que recorre diversos escenarios latinoamericanos caracterizados por el artero asesinato de personas que poseen identidades desacreditadas que les vuelven vulnerables frente a las fuerzas del Estado y frente a grupos paramilitares o del llamado crimen organizado, ofrecemos este trabajo colectivo con la intención de visibilizar la fuerte presencia del juvenicidio, incrementado en las últimas décadas en América Latina dentro del marco del capitalismo neoliberal, cuya presencia se expresa de manera clara en los sucesos de Iguala, Guerrero, donde se cometió un crimen de lesa humanidad que ha provocado amplia solidaridad internacional.

En esta obra colectiva incorporamos trabajos originales emanados de una necesidad compartida de generar marcos interpretativos desde los cuales darle sentido a la profunda indignación generada por la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa. En este esfuerzo colectivo se incorporan tres trabajos sobre el juvenicidio en México, escritos por Rossana Reguillo, Maritza Urteaga y José Manuel Valenzuela, un texto que nos ayuda a entender el juvenicidio en Centroamérica elaborado por Alfredo Nateras, otro texto que escudriña el tema de los falsos positivos en Colombia escrito por Germán Muñoz, un capítulo sobre el asesinato de niños y jóvenes afrobrasileños pobres en las favelas brasileñas que presenta Marisa Fefferman, la violencia contra las y los jóvenes en Argentina elaborado por Valeria Llobet y una reflexión desde España sobre la violencia moral contra los jóvenes que escriben Carles Feixa, M. Àngels Cabasés y Agnès Pardell, completan esta obra. El elemento común en todos estos trabajos se encuentra en la precariedad y vulnerabilidad de las y los jóvenes latinoamericanos, condiciones que se acentúan cuando la condición juvenil se encuentra asociada con otros repertorios identitarios como ser mujer, pobre, afrodescendiente o indio.

Notas:

1 Valenzuela Arce, J. M. Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social. El Colef-UANL. México. 2012, 264 págs.

1 REMOLINOS DE VIENTO: JUVENICIDIO E IDENTIDADES DESACREDITADAS

José Manuel Valenzuela Arce2

Formemos un remolino de viento para que regresen nuestros desaparecidos.

Subcomandante zapatista Moisés

El juvenicidio alude a la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven. Sin embargo, los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de jóvenes sean asesinados, implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen procesos de precarización económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas, la banalización del mal o la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la probidad, la construcción de cuerpos-territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y muerte que le acompaña y la condición cómplice de un Estado adulterado o narcoestado (Valenzuela, 2009, 2010, 2012), concepto que alude a la imbricada relación entre fuerzas criminales que actúan dentro y fuera de las instituciones o, para plantearlo de manera más directa, dentro de un imbricado colaboracionismo entre figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado.

Precarización y pobreza3

El capitalismo neoliberal genera condiciones de polarización social donde unos cuantos son beneficiados frente a las grandes mayorías que resultan empobrecidas y precarizadas, concepto que incluye condiciones económicas, sociales y de violación sistemática a sus Derechos Humanos, generando amplios sectores de población que deviene excedente, superflua o residual para los poderes dominantes. Zygmunt Bauman considera que la permanencia de esta población es negada por los poderes dominantes y sus formas de vida son degradadas por el neoliberalismo global (Bauman, 2005). El modelo de globalización ha sido fértil en la producción de sectores sociales excluidos y abandonados, una suerte de parias de la modernidad como los llama Judith Butler, quienes viven en condiciones de postración social y sus vidas valen menos que las de los privilegiados del sistema (Butler, 2010). Esta condición es definida por Bourdieu desde el concepto de precariedad, concepto que alude no sólo a las condiciones de desigualdad —sino a las dimensiones estructurales que garantizan la reproducción de condiciones sociales de la desigualdad y las poblaciones precarizadas son aquéllas con escaso capital social a quienes se degradó sus modos de ganarse la vida (Bourdieu, 1995)—. La precariedad económica y social de la población también precariza sus condiciones de acceso a la justicia, pues, sus vidas son vidas proscritas, prescindibles, sacrificables, ubicadas en los márgenes de la justicia, son subalternos sin voz y sin escucha (Castells, 2000), son los homo sacer de Agamben (2006), personas identificadas por la nuda vida y por su condición excluida de derechos, vulnerable, sacrificable, suprimible, eliminable, vida a la que puede aniquilarse sin cometer homicidio (Valenzuela, 2012).

Sin embargo, destacar las condiciones de precarización, nuda vida, desechables, excedentes o residuales, han oscurecido los procesos de resistencia, evitando que se coloque suficiente atención a las voces y resistencias que emergen desde abajo para denunciar la injusticia. El racismo, el feminicidio, el juvenicidio, la pobreza, el abuso, son las voces que dan vida a la consigna: 2 de octubre no se olvida, quienes han puesto en el banquillo de la justicia a los militares-criminales de las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala; son las voces de jóvenes y estudiantes que recolocaron el debate sobre movimientos sociales en América Latina, son las voces indígenas que sentencian: nunca más un México sin nosotros y luchan por mundos donde quepan todos los mundos, son las voces de Rosario Ibarra y el Comité Eureka de México junto a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, junto a los padres de Ayotzinapa que gritan claro y fuerte: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

El juvenicidio tiene como antecedente la obliteración de los canales de movilidad social para las y los jóvenes. Estamos hablando de horizontes de vida restringidos tanto en términos de empleos disponibles, como en su capacidad para superar la línea de pobreza. Los jóvenes son los más afectados por el desempleo y el subempleo, situación que los coloca en la necesidad de acceder a la informalidad y la paralegalidad, condiciones de precarización que engrandecen la alternativa de las actividades ilegales como opciones disponibles para adquirir diversos bienes básicos y simbólicos publicitados hasta el hartazgo, por los medios de comunicación como elementos que definen las vidas exitosas. Sin embargo, la mayoría de las y los jóvenes se encuentran excluidos de esos estilos de vida y de las opciones de consumo promovidas por el neoliberalismo.

Si consideramos algunos aspectos que definen las condiciones de vida de jóvenes en el mundo, observamos que, con una población planetaria de 7.162 millones de personas, los jóvenes de 15 a 24 años constituyen el 17% de esa población, con 1.205 millones y su presencia es mayor en los países pobres (18%), que en los desarrollados. Entre 2012 y 2014, 152 millones de jóvenes en el mundo, recibieron menos de 1,25 dólares como pago por su trabajo. 2,6 millones de adolescentes y jóvenes mueren anualmente, 430 adolescentes y jóvenes mueren cada día debido a violencia interpersonal y cada año ocurren más de 250.000 homicidios entre adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años, por cada joven que muere, 20 ó 40 reciben heridas graves, además, 780.000 jóvenes se infectaron de sida en 2012.4 Existen 74,5 millones de jóvenes desempleados (37% de los 202 millones del total de desempleados) y su tasa de desempleo es mayor al doble de la que existe en la población adulta, además de que sus empleos son más precarios.5

En América Latina, radican 42 millones de jóvenes pobres y 14 millones en pobreza extrema, mientras que la informalidad es su principal opción laboral (6 de cada 10 empleos disponibles). En 2011 la tasa de desempleo juvenil era de 13,9%, tres veces más alta que la que existía entre los adultos, 22 millones de jóvenes no estudian ni trabajan (70% son mujeres que en su mayoría realizan trabajo doméstico). En cuanto a los indicadores de violencia, tenemos que la tasa de homicidios entre jóvenes hombres (15-29 años) es de 70 por 100.000.6 Recientemente, el Banco Mundial reconoció que América Latina sigue siendo una de las regiones más violentas del mundo con un promedio anual de 6,2 asesinatos por 100.000 habitantes, situación que se exacerba en algunas subregiones de América Latina, como ocurre en América del Sur, América Central y el Caribe, con tasas de 24, 26 y 19 asesinatos por 100.000 habitantes (Martínez, 2015: 3).

En México, el gobierno de Felipe Calderón incrementó en 13 millones la cantidad de personas que viven en pobreza patrimonial y no logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación, vestido y transporte público. Mientras que 21,2 millones de personas viven en pobreza alimentaria, por lo que no tienen acceso a la canasta básica, y 30 millonesno cuentan con niveles adecuados de alimentación, salud y educación (Enciso, 2011: 2). De acuerdo con información de INEGI, de junio de 2011, 2.564.100 personas no lograron trabajar ni una hora a la semana, lo que representa un aumento del 60% del que existía al inicio del gobierno de Felipe Calderón y son más las personas que se encuentran en la informalidad que las que participan en el sector formal de la economía (González, 2011a: 24). También se registran 33,3 millones (83,5%) de niños que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social, CONEVAL, se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, situación que lo convierte en el sector social con mayor pobreza y carencias, pues entre la población infantil encontramos 21,4 millones que viven en pobreza multidimensional (53,8% frente a 46,2% nacional), más de nueve millones que sufren carencia social (22,5%) y 2,9 millones de niños vulnerables debido a los bajos ingresos (Avilés, 2011b: 44).

Las difíciles condiciones económicas del país expulsan anualmente a medio millón de mexicanos, quienes son desplazados de sus lugares y migran buscando mejorar sus condiciones de vida; muchos de ellos se ven obligados a interrumpir sus estudios, mientras que otros ingresan en sistemas de migración itinerante por motivos laborales, entre quienes se encuentra más de 3 millones de jornaleras y jornaleros de los cuales una tercera parte son menores de edad.

A partir de la información presentada, podemos reconocer a la precarización como el primer elemento que define la condición de vulnerabilidad de las y los jóvenes en América Latina, donde la pobreza y la falta de oportunidades reproducen un amplio sector juvenil e infantil que padece fuertes condiciones de vulnerabilidad e indefensión, situación que se amplía en las poblaciones estereotipadas o estigmatizadas desde criterios raciales, como ocurre con la población indígena y afro descendiente de varios países latinoamericanos como México, que posee una población indígena de 14,2 millones de habitantes, cifra que corresponde al 13,1% de la población, de la cual, el 21,2% es población joven.

¡No puedo respirar! Estigmas, estereotipos y racismo

Erving Goffman (1995), desarrolló el concepto de estigma para identificar las marcas distintivas a través de las cuales se imputan condiciones específicas a las personas y a los grupos sociales, considerados inhabilitados para una plena aceptación social. Los estigmas, usualmente aluden a condiciones negativas, identificadas a través de marcas visibles, conspicuas que se impone a los estigmatizados a quienes señala y significa a partir de códigos de sentido impuestos por quienes definen las marcas del estigma. De acuerdo con Goffman, los estigmas eran signos corporales a través de los cuales se exhibía algo malo o poco habitual de los portadores y también definía su estatus moral y, en la actualidad, el estigma, refiere al mal en sí mismo.

El estigma connota atributos desacreditados y funciona dentro de sistemas de representaciones que desacreditan a la persona y al grupo de pertenencia. A los estigmatizados, frecuentemente se les confieren conductas «desviadas» o carentes de probidad. Esta condición conduce a la construcción de identidades desacreditadas, concepto que refiere a la descalificación anticipada de los integrantes de un grupo social, independientemente de los rasgos que definen su conducta. Las identidades desacreditadas funcionan como comodín o argumento a modo que permite la constante descalificación, desacreditación y proscripción a partir de la fuerza inercial del estigma, que se produce y reproduce desde ámbitos institucionalizados y se (re)crea a través de los procesos de estructuración social y de los imaginarios sociales dominantes. La estigmatización de sectores juveniles permite la construcción de grupos socialmente desacreditados o desacreditables y es uno de los elementos que participan en construcción y aceptación social del juvenicidio (Valenzuela, 1998; 2012). Frecuentemente, el estigma se solapa con el prejuicio como prenoción construida sin los elementos que apoyen el juicio que se tiene sobre personas o grupos y en estereotipos, esas posiciones endurecidas, impermeables al conocimiento que demuestra lo erróneo de las posiciones que se defienden y que, junto con los estigmas, prejuicios y racismos, funcionan como sistemas de clasificación social.

La estructuración de las relaciones sociales obedece a ordenamientos de clase, no sólo como condición económica, sino como categoría sociohistórica. En América Latina, los procesos de estructuración social se han configurado desde ordenamientos clasistas, pero también étnicos, en los cuales ha tenido un papel preponderante el racismo, como sistema de clasificación y distinción social. Como destacaron las teorías del Colonialismo Interno en los años sesenta (González, 1969) en América Latina existió una imbricada relación histórica entre situación étnica y de clase (y de género), como ejes estructurantes de las oportunidades y, por lo tanto, de la pobreza, la desigualdad, la precarización y la vulnerabilidad social, sociología de la explotación.

Al igual que los estereotipos, los prejuicios y los estigmas, el racismo forma parte del sistema de clasificación social impuesto desde los poderes para producir y reproducir un orden social desigual. Sin embargo, el racismo refiere a los sentidos y significados de los sistemas de racialización como elementos que garantizan la reproducción del poder, por ello, el racismo refiere a un orden desigual en el cual unas clases o grupo social tiene la capacidad de producir y reproducir relaciones de subalternidad. Por lo tanto, los racismos no son sólo percepciones o representaciones, sino relaciones sociales desiguales y de dominio y el orden racializado se expresa en los ámbitos económicos, sociales y culturales.

El juvenicidio, posee varios componentes que rebasan el mero registro de jóvenes asesinados que podría inscribirse en la violencia que afecta a la sociedad en su conjunto y sólo refiere al peso socio demográfico de la juventud. El juvenicidio alude a algo más significativo, pues refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad estigmatización, criminalización y muerte. Refiere a la presencia de procesos de estigmatización y criminalización de las y los jóvenes construida por quienes detentan el poder, con la activa participación de las industrias culturales que estereotipan y estigmatizan conductas y estilos juveniles creando predisposiciones que descalifican a los sujetos juveniles presentándolos como revoltosos, vagos, violentos, pandilleros, peligrosos, anarquistas, criminales.

El juvenicidio construye una imagen criminal del sujeto juvenil, donde el delito de portación de rostro resulta contundente cuando se asocia con otros repertorios identitarios estereotipados, como son el hecho de ser joven, pobre, mujer e indio o afro descendiente, esta condición se ha vuelto conspicua en Estados Unidos, país que tiene menos del 5% de la población mundial y el 25% de los presos y en el cual la mayoría de los 40 millones de encarcelados desde el inicio de la llamada «Guerra contra las Drogas» en Estados Unidos por parte de Richard Nixon en 1971, han sido jóvenes afroestadounidenses y latinos.

Los afroestadounidenses y latinos, tienen mayores posibilidades de ser encarcelados por consumo de drogas en Estados Unidos, pues, a pesar de existir patrones similares de consumo entre blancos, latinos y afrodescendientes, los latinos poseen tres veces más posibilidades de ser arrestados que los blancos, mientras que en los afrodescendientes esta relación se incrementa en a seis; además, son ellos los más vulnerables a morir baleados por un policía. De acuerdo con datos federales de ProPública (2014): «jóvenes afroestadounidenses de entre 15 y 19 años corrían un riesgo 21 veces mayor que sus compatriotas blancos de ser baleados fatalmente por policías».7 A continuación presentamos algunos ejemplos que permiten comprender el trasfondo de lo que estos datos revelan.

En Estados Unidos, las reacciones contra el orden racista han tenido diversas expresiones como son los motines que colapsaron a la ciudad de Los Ángeles cuando el jurado falló a favor de los policías que habían golpeado de forma inmisericorde a Rodney King tras un incidente de tránsito, golpiza grabada por las cámaras de la propia policía y que ante los ojos no prejuiciados desmentían los argumentos mediante los cuales se trató de convencer que la acción de la policía había sido razonable. Este fallo, dictado en 1992, desató una revuelta social que literalmente incendió a Los Ángeles y dejó un saldo de 59 muertos, más de 2.000 heridos, y un despliegue inaudito de fuerzas policiales (Valenzuela, 1998; La Jornada Editorial, Ferguson: ecos represivos, viernes 28 de noviembre de 2014).

En noviembre de 2012, en Sanford, Florida, el joven afrodescendiente, Trayvon Martin de 17 años, fue asesinado por el vigilante George Zimmerman. Martin había ido a la tienda a comprar dulces y fue seguido por el vigilante George Zimmerman, quien le hostigó y asesinó con un disparo en el pecho a pesar de que Martin se encontraba desarmado. Nuevamente el dictamen de la justicia absolvió al asesino, situación que provocó una serie de disturbios en varias ciudades estadounidenses.

El lunes 24 de noviembre, en Ferguson, Missouri, se desató la indignación de amplios sectores sociales tras conocerse el fallo mediante el cual se absolvió al policía blanco Darren Wilson, quien disparó y asesinó el 9 de agosto de 2014 a William Brown, un jovencito de 18 años que se encontraba desarmado. Las manifestaciones y protestas se expandieron en decenas de ciudades estadounidenses. Estimaciones periodísticas indican que fueron cerca de 170 las ciudades marcadas por la indignación ciudadana y en las cuales se incendiaron edificios y coches. La guardia nacional ha salido a repeler a los manifestantes con saldo de cientos de personas detenidas. Una vez más, ha desatado una fuerte campaña de criminalización de la protesta social protagonizada por voceros oficiales y medios masivos de comunicación, con saldo de varios detenidos.

La policía estadounidense detuvo a más de 280 personas los días 4 y 5 de diciembre en Nueva York, entre quienes participaban en movilizaciones y actos de protesta en contra del acuerdo de un jurado investigador del Condado de Staten Island, mediante el cual se decidió no acusar penalmente al policía Daniel Pantaleo, quien aplicó por la espalda una llave mataleón hasta asfixiar a Eric Garner, un vendedor de cigarrillos afroestadounidense, mientras otros policías trataban de asegurarlo. A pesar de que Garner decía que no podía respirar y se encontraba desarmado y domeñado, Pantaleo le continuó oprimiendo el cuello hasta matarlo por asfixia. Garner no era joven, pero su muerte, producida cuando aun no terminan las movilizaciones producidas frente a la absolución del policía que asesinó a Brown, ilustra el orden racializado y racista estadounidense y su clara inserción en ámbitos institucionalizados.

La criminalización juvenil abreva de prejuicios, estereotipos y estigmas inscritos en procesos estructurantes de racialización que construyen las condiciones de posibilidad de que se produzcan relaciones de producción y reproducción de las desigualdades sociales a partir de elementos nacionales, raciales, étnicos, de género. Construida la criminalización y estigmatización de los grupos, resulta relativamente fácil justificar los actos de abuso y vejaciones que padecen.

Rodney King, Trayvon Martin, William Brown, Eric Garner y Fredie Gray son sólo ejemplos de jóvenes doblemente sacrificables, tanto por su condición desacreditada como jóvenes estigmatizados por ser pobres y afrodescendientes (o latinos), como por la impunidad garantizada que la justicia otorga a sus asesinos. Posteriormente, la respuesta sigue un guión preestablecido donde aparecen las fuerzas policiales y la guardia nacional para reprimir a quienes salen a las calles a protestar, generando procesos visibles de criminalización de la protesta social. Podemos identificar que el racismo y la construcción estereotipada de la condición juvenil han generado fuertes reacciones agresivas contra los jóvenes afrodescendientes en Estados Unidos, Brasil y otros países.

Más vale una hora de rey que una vida de buey

La representación dramática del juicio contra el criminal nazi Adolf Eichmann, narrada por Hannah Arendt (1963), encuentra su tono álgido cuando el fiscal Hausner declara con voz que buscaba enmarcar la importancia del caso: «[…] y aquí está el monstruo responsable de todo lo ocurrido». Para Arendt, Eichmann era una persona normal, no un débil mental, pero no podía distinguir el bien del mal y añadía que: «Lo más grave del caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron ni pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terribles y terroríficamente normales» (Arendt, 1963: 402). Arendt considera que «[…] este nuevo tipo de delincuente […] comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad» (Arendt, 1981: 403). Interpretando lo ocurrido en el juicio contra Eichmann, Arendt concluye: «Una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizá, a la naturaleza humana» (Ibid, 418). A partir de estas conclusiones, podemos reflexionar sobre la banalidad del mal inscrita en nuestros países, representada por gobernantes, políticos y funcionarios que no vacilan mantener políticas de hambre y represión contra los pueblos, empresarios voraces, militares y policías que no dudan en disparar contra el pueblo, miembros del llamado crimen organizado acostumbrados a matar arteramente a quienes no se someten a sus designios. La banalidad del mal inherente al quehacer de la clase política y las fuerzas policiales y militares, persiste en muchos de los eventos que se narran en este texto.

Ampliando la construcción de Arendt, podemos destacar la ruptura de los marcos axiológicos que definen los parámetros que tienen como referentes morales al bien y al mal, pero ante los ojos de las y los jóvenes, se desdibujan sus fronteras y adquieren contornos difusos. También se ha roto la pretendida relación inherente entre los referentes bien y mal y los actores que encarnan o expresan dichos atributos. Por el contrario, gobernantes, políticos, jueces, policías, militares, empresarios y religiosos han perdido credibilidad ante la población por su indolencia, por su corrupción, por la disonancia entre sus discursos y su forma de vida. Al mismo tiempo, para amplios sectores sociales, se incrementa la aceptación y, en muchas ocasiones, también la admiración de lo que eran figuras proscritas asociadas al polo del mal como son las y los personajes del llamado crimen organizado. Tal vez el ejemplo más contundente de esta afirmación lo proporciona la Encuentra Nacional de la Juventud en México, donde se observa que ante los ojos de las y los jóvenes mexicanos no existen diferencias cualitativas entre policías, judiciales y narcotraficantes. Procesos similares encontramos en la relación del bandido brasileño y los habitantes de las favelas, o entre guerrilleros, paramilitares y autodefensas con amplios sectores sociales y Pablo Escobar Gaviria, sigue siendo el caso emblemático.

Junto a la banalidad del mal, se presenta la banalidad moral, construida sobre el cierre de opciones para desarrollar proyectos viables de vida en millones de jóvenes, la fractura del marco axiológico asociado a la corrupción, la impunidad y la desfachatez con la que se exhiben fastuosos estilos de vida sostenidos por actos inmorales, estilos de vida que incluyen casas de más de 7 millones de dólares entre otras propiedades familiares millonarias o aviones Boeing 787-8, con un coste de 6.770 millones de pesos, o casas de 7 millones y medio pagados al contado por funcionarios a empresas consentidas del gobierno. Dispendio y fastuosidad mientras la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y precariedad.

Precarización, disfunción de las instancias encargadas de la procuración de justicia, códigos consumistas como criterios de vida, fractura del marco axiológico, la banalización de la vida reducida al poseer junto a la muerte artera e impune, generan figuras como los Tonas, que aluden a un amplio sector social que se decide por la apuesta más alta y se la juega en el todo o nada. Por si fuera poco, asumen con firmeza que más vale una hora de rey que una vida de buey, pues reconocen la ausencia de opciones de vida viables para ellos y se saben excluidos del disfrute de los grandes productos y de los estilos de vida que observan en revistas, programas televisivos y propiedades de magistrados, funcionarios y miembros de la clase política. Opciones reservadas para unos cuantos, pero ellos pueden irrumpir en esos escenarios, vestir las ropas de moda, beber los licores más caros, disfrutar de las mujeres trofeo, ser reconocidos como personas respetables o, por lo menos, suficientemente intimidantes como para obligar a que los tomen en serio. Ellos buscan el dinero rápido y saben que no lo obtendrán trabajando extenuantes jornadas de 8 o 10 horas, también saben que trabajando no van a salir de pobres, reconocen que la escuela se ha convertido en un camino incierto como recurso de movilidad social, y entienden que la única opción disponible para ellos es el camino del narcomundo o del llamado crimen organizado. Saben que no es dinero fácil, pero puede ser rápido. Fácil no es, pues llegar implica transitar por el sicariato, el trasiego de drogas o armas, el secuestro, el levantón, la cobranza, la tortura y saben que la muerte anda rondando, muy cerquita, esperando un descuido para hacerse presente.

Junto a los Tonas, hemos visto el despliegue de los Ponchis, niños aviones, halcones o sicarios que desde temprana edad se integran en los pliegues del narcomundo. Los Ponchis son prófugos de los mundos infantiles que salen a contar sus propios cuentos fuera de reinos imaginarios, reyes y princesas. Sus cuentos se forman de sangre y plomo, de dolor, muerte y tortura, de hazañas sin final feliz. El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), calcula que en México viven 31,7 millones de niños menores de 15 años y 6,7 millones habitan en condiciones de alta marginación y que son más de 100.000 los niños que se encuentran en situación de abandono que existen en este país, donde hay medio millón de niños entre 12 y 14 años que trabajan en condiciones infrahumanas (Notimex/Síntesis, 2010). Además, La Red por los Derechos de la Infancia en México, considera que más de 30.000 menores de edad se encuentran involucrados en actividades del narcomundo, realizando actividades de ojos, halcones, informantes, operadores de narcomenudeo, ladrones, vendedores de productos pirata y sicarios. Sabemos que no nacen niños sicarios, pero el modelo económico y social impuesto en nuestros países, ha generado condiciones de pobreza, necesidad, degradación social y banalización de la vida que posibilitan la producción masiva de Tonas y Ponchis y, una vez que los produce en masa, reacciona, pero reacciona de forma equivocada pues su objetivo busca exterminarlos en lugar de cambiar el modelo económico social que los genera.

Feminicidio y juvenicidio

El feminicidio se inscribe en un orden patriarcal que funciona y se reproduce desde los ámbitos institucionales y las inercias socioculturales inscritas en todos los niveles sociales. El patriarcado refiere a relaciones estructuradas de poder con base en la condición de género y funciona como sistema de clasificación social a partir de las relaciones sexo-género. El orden patriarcal participa en la (re)producción, significación e institucionalización de diferencias, desigualdades y subalternidad entre hombres y mujeres y su condición límite es el feminicidio entendido como el evento violento naturalizado y recurrente que tiene por objetivo el asesinato de la mujer como expresión de dominio y poder masculino, independientemente de los motivos y justificaciones emocionales que se aduzcan para ello, por ello, con Julia Monárrez, entenderemos por feminicidio al asesinato sistemático de mujeres por razones de género (Monárrez, 2009; Valenzuela, 2012).

El feminicidio es expresión límite de misoginia. Su asidero ideológico abreva en la razón patriarcal y sus posibilidades de acción derivan de la vulnerabilidad e indefensión social. Por ello, su expresión extrema ocurre cuando se atrofian canales institucionales de procuración de justicia y se debilita el tejido social. La dimensión patriarcal y el orden de género que impone, así como la biopolítica son elementos insoslayables para comprender el feminicidio (Valenzuela, 2009b). El feminicidio expresa un orden patriarcal que funciona como estructura de desigualdad entre hombres y mujeres, sistema de clasificación social y sistema sexo-género (re)productor de inequidad, de poder y de condiciones sociales, económicas y culturales, por ello, coincidimos con Lagarde cuando afirma que la violencia feminicida proviene de condiciones estructurales de la organización social de géneros.8

La combinación de los repertorios identitarios joven y mujer ha generado espacios importantes donde se despliega la condición misógina-patriarcal que ha tenido al feminicidio como condición límite. Al igual que en el feminicidio, el juvenicidio se encuentra precedido de la violencia simbólica que prefigura y predispone el acto homicida. Si en el feminicidio, la premisa se ubica en el orden patriarcal dominante, el juvenicidio descansa sobre estructuras adultocráticas que reproducen sus intereses sobre perspectivas inyuntivas y estereotipadas. El orden patriarcal alude a una determinación no homogénea pero persistente que legitima el dominio masculino y la desigualdad social de género.

Al igual que el orden patriarcal que produce y reproduce condiciones de género desiguales y subordinadas, el orden adultocrático genera relaciones generacionales desiguales y subordinadas. Por supuesto que no todos los jóvenes viven de la misma manera dicha condición de subalternidad y en estas construcciones diferenciadas participan sus repertorios identitarios, así como su situación étnica, de género, de clase y social. Entre ellas, vale la pena destacar matices que no invalidan la condición transclasista del orden adultocrático. Las formas de opresión de género incluyen a todas las clases sociales, pero no se expresa con la misma intensidad ni de la misma manera. De igual forma, el orden adultocrático se expresa de forma distinta entre las diferentes clases y grupos sociales, aún cuando atraviese de forma transversal al conjunto de relaciones sociales. Por ello, la precarización y vulnerabilidad juvenil se amplía con el incremento de repertorios identitarios proscritos o desacreditados como ocurre cuando se es joven, pobre, indio, afrodescendiente, mujer, homosexual, transgénero, identificadores que corresponden a quienes hemos identificado como grupos estigmatizados o identidades proscritas.

La discusión sobre el feminicidio ha implicado el reconocimiento de construcciones y significaciones diferenciadas de cuerpos-territorio definidos por la vulnerabilidad, la indefensión, la precariedad y el estigma que desacredita a las víctimas. De la misma manera, observamos construcciones y significaciones de cuerpos-territorio juveniles vulnerables y precarizados, son jóvenes cuyos rasgos y color de piel anticipan su supuesta criminalidad y son parte de los desechables, los desacreditados, los falsos positivos, los cholos, los mareros, los chavos banda, los funkies, los emos, los anarquistas, los migrantes, los proles. Estas adscripciones y culturas juveniles, producen jóvenes estereotipados y estigmatizados representados como figuras peligrosas, amenazantes, condición que también define el incremento en sus condiciones de vulnerabilidad y exposición a las violencias institucionalizadas. Varios ejemplos ilustran estas construcciones estereotipadas.

Eran jóvenes los pachucos, jóvenes organizados en barrios mexicanos y chicanos, quienes fueron considerados más peligrosos y amenazantes que los enemigos en el frente de guerra en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y desafiaron las relaciones racistas mediante la recuperación de elementos culturales de la tradición mexicana. Son jóvenes pobres los cholos criminalizados en los barrios mexicanos y chicanos de México, Estados Unidos, Centroamérica y España. Son jóvenes los mareros, a quienes muchos identifican como máquinas de muerte, sugiriendo que la única relación posible con ellos consiste en exterminarlos. En esta condición se ubica lo ocurrido en mayo de 2004 en el presidio de San Pedro Sula, Honduras, donde 102 personas pertenecientes a la Mara Salvatrucha murieron calcinados y 27 resultaron heridos por quemaduras. La versión policial señala que el incendio se originó por un corto circuito producido por la explosión de un motor, pero los familiares de los jóvenes calcinados denunciaban que fue provocado intencionalmente y como parte de una estrategia de limpieza social. Los presos no acudieron a ayudar a los reclusos que pedían auxilio, ni abrieron las puertas para trasladarlos a otra zona de la prisión. Poco antes, el 5 de abril de 2003, en otro evento carcelario dramático en la granja penal de El Porvenir, fueron asesinadas 68 personas y 39 resultaron heridas. 61 de los fallecidos y todos los heridos eran jóvenes mareros del Barrio 18 y muchos yacían quemados y descuartizados. Las políticas oficiales en Centroamérica, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, han carecido de medidas orientadas a la prevención y rehabilitación, por el contrario, hasta ahora han priorizado prácticas de exterminio y limpieza social (Valenzuela, Nateras y Reguillo 2007 y 2013; Nateras, 2014).

Han sido jóvenes la mayoría de los muertos en el largo conflicto civil colombiano, con decenas de miles asesinados, como los falsos positivos, personas inocentes asesinadas por militares para recibir prebendas y beneficios y presentados como supuestos guerrilleros a quienes se ultimó en combate. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2013),9 registra 220.000 muertes violentas entre 1958 y 2012 derivadas del conflicto armado, de las cuales, el 80% eran civiles. También refiere (con datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas) 25.007 desapariciones forzadas entre 1985 y 2012 (23%). También destaca severas secuelas del conflicto, expresadas en otras formas de violencia como el secuestro (27. 023 casos; de ellos, 16.000 entre 1996 y 2002), el desplazamiento forzado (4.744.046 personas), la violencia sexual (1.754 víctimas), las minas y artefactos explosivos (10.000 víctimas con 2.000 muertos en los últimos tres años), además de 158 masacres y 2.300 asesinatos selectivos de civiles realizados por la Fuerza Pública. Gran parte de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.

Eran jóvenes la mayoría de los asesinados por sus ideas políticas durante las dictaduras y la Guerra Sucia latinoamericana y las políticas de tierra arrasada. Eran jóvenes la mayoría de los asesinados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. También han sido jóvenes gran parte de los más de 100.000 muertos y desaparecidos durante el gobierno de Calderón (2006-2012) y los que integran las 57.000 muertes violentas durante el gobierno de Peña Nieto (desde 2012). Los datos de INEGI muestran que a partir de la llamada Guerra contra el Crimen Organizado de Felipe Calderón, al inicio del período presidencial de Peña Nieto, la muerte de hombres por agresiones se triplicó (7.776 en 2007, a 24.257 en 2011 y 23.986 en 2012. (INEGI, Registros vitales, mortalidad), siendo la principal causa de muerte de hombres jóvenes. También ha aumentado la proporción de mujeres víctimas de violencia, mientras que las desapariciones reconocidas oficialmente llegan a 25.000 personas y proliferan los levantones y secuestros, como actos violentos que frecuentemente terminan con la muerte de las víctimas. También son jóvenes los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. El estigma montado sobre el cuerpo juvenil adquiere rasgos monstruosos que se acrecientan al solaparse con otras identidades desacreditadas como el ser pobre o indio o afrodescendiente o mujer o campesino u homosexual.

Como ya señalamos, el juvenicidio refiere al asesinato amplio e impune de jóvenes portadores de identidades desacreditadas, aspecto que, en ocasiones, asume condiciones de limpieza social o que se intentan minimizar a partir de la utilización de estereotipos y estigmas donde las víctimas quedan atrapados en un halo de sospecha que pretende justificar su muerte por imputarles condiciones de delincuentes, pandilleros, violentos, comunistas, guerrilleros, anarquistas, punks, emos, skatos, bikers, góticos, afros, indios, pobres, proles, marginales, asalariados.

Narcomundo y violencia

Por si fueran pocos los problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta la sociedad mexicana, el llamado crimen organizado se desplegó a lo largo y ancho de México durante el siglo XX, adquiriendo presencia inaudita a partir de diciembre de 2006, con la llamada guerra contra el crimen organizado de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Desde entonces, no ha disminuido su capacidad de muerte ni su recorrido itinerante por el territorio nacional. El crimen organizado creció al amparo de un estado adulterado o narcoestado que ha generado figuras identificables de narcopolicías, narcojudiciales, narcojueces, narcopolíticos y narcofuncionarios, pero también narcoempresarios, narcosacerdotes y narcomilitares. Cerca de 135.000 muertos y desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, cientos de casas de seguridad, escenas límite de personas torturadas, secuestradas, levantadas, ejecutadas, desolladas, descuartizadas, decapitadas, empozoladas. Más allá de los nuevos escenarios del suplicio público que incluye cuerpos colgantes, cabezas rodantes y a pesar del costo social tan grande como inútil pagado por la sociedad mexicana, el narco goza de cabal salud.

La expansión de la presencia del crimen organizado y su actuación cada vez más franca, volvieron conspicua sus complicidades con diferentes figuras gubernamentales. Muchos episodios lo evidencian. Ahora, policías, militares y narcotraficantes forman una triada, némesis de la triada egregia analizada por Walter Benjamin cuando destacaba la ínclita relación de educación, cultura y juventud. A través de narcos y policías, el miedo se expandió por las ciudades del país. Muchos estudiantes y luchadores sociales fueron asesinados y sus muertes permanecen opacas bajo el ruin argumento de sugerir su posible participación en actos del crimen organizado. Posiblemente la expresión más contundente o por lo menos la que resulta más esclarecedora, es la muerte de Jorge Antonio Mercado y Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey asesinados en el campus mientras estudiaban y preparaban sus disertaciones el 20 de marzo de 2010. Tras asesinarlos, las fuerzas militares maquillaron la escena para simular que se trataba de miembros del crimen organizado caídos en combate. Gracias a la intervención de las autoridades del Tecnológico de Monterrey, se pudo conocer la impostura y se pudo constatar que se trataba de destacados estudiantes de posgrado de dicha institución.

En Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010, fueron ejecutados de forma artera 16 jóvenes de entre 12 y 20 años en Villa de Salvárcar, ante este acto doliente, el entonces presidente Felipe Calderón afirmó que se trataba de pandilleros, como si la adscripción a un barrio juvenil justificara los asesinatos. Días después, se pudo comprobar que no se trataba de pandilleros. Tras estos sucesos, Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados increpó a Calderón informándole que no era bienvenido en Ciudad Juárez. Este evento no emerge en el vacío, sino que se inscribe en el crecimiento de la desconfianza que amplios sectores sociales tienen hacia la clase política. La repercusión negativa de la violencia desplegada con la llamada guerra contra el crimen organizado en las y los jóvenes son claras, contundentes. En Ciudad Juárez la cuarta parte de las víctimas de la violencia que ahí se vivió entre 2008 y 2010 era menor de 24 años y más de tres cuartas partes de ellas era menor de 35 años (eL COLEF, 2010).

Después de tanta muerte innecesaria, resulta urgente cambiar la estrategia prohibicionista, tras la cual se esconden intereses económicos, moralistas, geopolíticos y autoritarios (Valenzuela, 2003; Valenzuela, 2012b). Basta ya de seguir líneas efectistas que destacan las virtudes reales e inventadas del auge y caída del capo de turno. Debemos reorientar las preguntas y pedir el control real de los bancos e instituciones que lavan el dinero del crimen organizado, que se informe de manera clara por qué la DEA lava dinero del Narco, por qué la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entregaba armas a narcotraficantes mexicanos a través de las operaciones Receptor Abierto (2006-2007) y Rápido y Furioso (2010-2011), se deben limpiar las instituciones policiales y militares permeadas por el narco así como investigar su presencia en el campo político y castigar a los responsables por acción u omisión de tanta muerte y violencia ocurrida en nuestro país. En varios Estados de la Unión Americana (Washington, Colorado, Oregón y Alaska y Washington D.C.), han legalizado el consumo de marihuana con fines recreativos y en California presentaron la primera máquina expendedora de marihuana. En varios países, como Uruguay, se avanza por otros senderos menos cruentos e hipócritas sobre el asunto de las drogas, mientras en países como México o Colombia, entre muchos otros, la conjunción drogas, política y poder, ha dejado un saldo gigantesco de violencia, muerte y deterioro social.

¡Fue el Estado! Y…

La existencia de un orden patriarcal y adultocrático junto a condiciones sociales definidas por la precariedad (económica, social urbana, laboral, educativa, cultural), no implica que existan condiciones necesarias y suficientes para que se presenten procesos de feminicidio o juvenicidio. Para que esto ocurra debe existir una fuerte degradación del funcionamiento de las instituciones que posibilite la permanencia de procesos de corrupción e impunidad, estos aspectos, son parte de lo que hemos definido como Estado adulterado (Valenzuela, 2012), pues sólo cuando existe una simbiótica complicidad entre figuras institucionales y personajes del llamado crimen organizado, se pueden presentar situaciones tan graves de descontrol y muerte como las que México ha vivido en los últimos años.

En México no existe un Estado fallido, pues el estado mexicano ha sido eficiente para garantizar la reproducción del sistema capitalista neoliberal y la acumulación privada, generando una fuerte ampliación de los niveles de desigualdad social. También lo ha sido al reprimir los movimientos sociales que luchan por otros mundos posibles. No podemos considerar al crimen organizado como otro Estado, en la medida que su fuerza así como la garantía de sus considerables ganancias, descansa en las protecciones gubernamentales, por ello preferimos hablar de la existencia de un Estado adulterado, concepto que implica la acción concertada entre fuerzas del Estado y del llamado crimen organizado. Es un estado mixtificado, remedado, trucado y corrupto que ha sitiado los espacios de libertad de la mayoría de las y los mexicanos en aras de garantizar las cuantiosas ganancias que genera la venta de drogas, fortalecer la dimensión geopolítica de las estrategias prohibicionistas y profundizar el control social a través del miedo, la violencia y la muerte.

Sólo reconociendo el solapamiento entre Estado y crimen organizado puede entenderse la presencia y reproducción del feminicidio y del juvenicidio. Estos actos lacerantes no existirían sin la complicidad del crimen organizado con fuerzas institucionales en sus distintos niveles (en tanto empresa internacional, el funcionamiento del narcomundo incluye apoyos de institucionales y financieros globalizados). No obstante, la principal imagen de esta relación se encuentra en la escasa credibilidad de las instancias de procuración de justicia ante los ojos juveniles, así como el descrédito de los partidos y la pérdida de confianza en los políticos.

El legado de Cronos

Tiempos aciagos, tiempos de esperanza

Hace unos años, nos sorprendimos con la irrupción de movimientos sociales caracterizados por una fuerte presencia juvenil que generó expectativas y dudas al interrogar sobre sus capacidades y alcances, pero también sobre su cercanía y distancia con los movimientos sociales del sigloXX, como el de 1968, fecha ominosa en la historia nacional, cuando soldados, granaderos y un grupo especial perteneciente al Batallón Olimpia, identificables por portar un pañuelo o guante blanco en la mano, realizaron la masacre de cientos de estudiantes, jóvenes, mujeres y niños. Crimen masivo que permanece impune y cuyos autores han recibido apoyo y protección de las instituciones nacionales. El 2 de octubre representa la confrontación de los vientos de cambio que recorrían el mundo con transformaciones importantes encabezados por mujeres y jóvenes que apostaron por formas de vida más libres y democráticas, sin embargo chocaron con los rasgos endurecidos de regímenes políticos autoritarios y con anquilosadas fuerzas institucionalizadas que actuaron de forma criminal y no vacilaron en disparar contra la inerme multitud.

Tras el 2 de octubre de 1968, el régimen político mexicano fortaleció sus rasgos represivos y volvió a dar pruebas de afanes autoritarios y asesinos en el 10 de junio de 1971 cuando el grupo paramilitar denominado Los Halcones, agredieron a una marcha estudiantil, dejando como saldo muchos muertos, heridos y detenidos. La guadaña sangrienta del gobierno mexicano se amplió a niveles impensables tras los eventos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, con la Guerra Sucia que recorrió varios países latinoamericanos con regímenes militares, donde se secuestró, torturo y asesinó a decenas de miles de jóvenes. Muchos de ellos perecieron en plena tortura al no resistir el pocito, la picana o los toques eléctricos, otros perdieron la vida en los vuelos de la muerte y en múltiples ejecuciones sumarias. Además, decenas de miles fueron secuestrados, detenidos y encarcelados. Como respuesta a estas acciones represivas que cerraban los espacios para la acción crítica y la protesta democrática frente a los rasgos endurecidos de los diferentes regímenes políticos latinoamericanos, surgieron diversos proyectos políticos conformados desde posiciones que apostaron por la vía armada, estimuladas por la inspiración que generaba el triunfo de la revolución cubana y la derrota de las tropas estadounidenses en Vietnam (después vendría el triunfo de los sandinistas en Nicaragua). En este ambiente, se definió la convicción en muchos jóvenes que consideraban que no existían condiciones para una acción política democrática y muchos creyeron que la única opción posible era la vía armada.

La Guerra Sucia de los años setenta representó la muerte de cientos de miles de jóvenes latinoamericanos que soñaron con la posibilidad de construir un mundo mejor, pero encontraron el rostro más feroz e inhumano de regímenes políticos capitalistas que no dudaron en torturarlos, desaparecerlos, asesinarlos, lanzarlos desde aviones, dejarlos en fosas clandestinas, eran imágenes desbordadas de un Cronos que devora insaciable a sus hijos con un saldo de más de 30.000 muertos y desaparecidos en Argentina. La Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), registró 8.961 desaparecidos en la dictadura y 380 centros clandestinos de detención.10 La lista de la infamia incluye más de 5.000 asesinados en el Chile de Pinochet, miles de asesinados en Centroamérica con las políticas de tierra arrasada y más de 500 desaparecidos por las fuerzas policiales y militares mexicanas.

La presencia estadounidense se ha dejado sentir en el diseño de la Guerra Sucia en América Latina en clara complicidad con los regímenes militares y gobiernos dictatoriales en ésta y otras regiones. Las decenas de miles de jóvenes asesinados a través de esta estrategia amplifican el orden conminatorio asentado en el manual de la CIA revelado por Wikileaks, donde se ordena que maten a los rebeldes como parte de las mejores prácticas contra objetivos de alto nivel (HVT: High Value Targeting). Donde, además de las estrategias implementadas en la década de los sesenta, setenta y ochenta en varios países, se ubican acciones como el ataque en Sucumbíos contra las FARC en 2008, donde murieron (además de Raúl Reyes), más de veinte colombianos y cuatro jóvenes mexicanos que se encontraban de visita en el campamento, cuyos padres y familiares siguen pidiendo justicia y castigo para los responsables (Pietrich, 2014: 2). Para completar el cuadro, el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos presentó en diciembre de 2014, un informe derivado de una investigación sobre prácticas de la CIA, donde muestra su sistemático y persistente uso de tortura en cárceles clandestinas ubicadas en diferentes partes del mundo, entre las cuales se encuentran insomnios inducidos, toques eléctricos, submarinos y alimentación rectal.

#Estamos hasta la madre

Entre los factores que participan y definen a los actuales y siempre nuevos movimientos sociales, se encuentran: el papel de los dispositivos electrónicos, el código emocional como elemento constitutivo del sentido de estar juntos, el hartazgo frente a los discursos legitimados del poder, de los políticos y de los partidos mayoritarios, el papel de las redes sociales, el encuerpamiento de las multitudes, la desigualdad retratada en el dato escatológico que confirma que el 1% de la población acapara el 50% de la riqueza mundial mientras que el 99% vive en la pobreza y se sigue empobreciendo bajo la égida del proyecto capitalista neoliberal.

La irrupción del movimiento #Yo soy 132, en 2012, propició vientos de esperanza cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana se opusieron al engaño que intentó reducirlos a la condición de jóvenes violentos, agresivos, y zafios; incluso se argumentó que ni siquiera eran estudiantes sino infiltrados con intereses aviesos. El detonante fue la posición del candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, quien intentó justificar lo ocurrido en el poblado de Atenco en 2006, donde las fuerzas del orden agredieron a colonos que se oponían a malbaratar sus tierras para que se construyera un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México. En Atenco, las fuerzas de seguridad desplegaron su capacidad represora asesinando a un joven y a un niño, violando a 26 mujeres, encarcelando a cientos de colonos y dejando un número impreciso de heridos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que en Atenco hubo una grave violación de los Derechos Humanos y un uso excesivo de la fuerza, por ello, la respuesta del candidato priísta ante las y los estudiantes de la Universidad Iberoamericana asumiendo la responsabilidad de lo ahí ocurrido, convocó un memorial de agravios e imposturas que derivaron en que los estudiantes le increparan airados. Con Peña Nieto, cerraron filas una parte importante de la clase política y los principales medios masivos de comunicación. A partir de este evento, se desplegaron una serie de movilizaciones estudiantiles que lograron convocar la presencia de diversos sectores sociales con el elemento identificador: #Yo soy 132. Emblema que contiene lecciones que se vinculan y diferencian de otras experiencias juveniles como la llamada Primavera Árabe, Los Indignados del 15M, los Occupy Wall Street, los Dreamers, los jóvenes de la Asociación de Estudiantes Chilenos, la MANE colombiana, la revuelta brasileña (Valenzuela, coord., en prensa).