Soberanos e intervenidos E-Book

Joan E. Garcés

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Siglo XXI de España General
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2012

Seitenzahl: 1053

Beschreibung

En este brillante y documentado ensayo, Joan E. Garcés se sitúa en el intento de desvelar las estrategias políticas, económicas y militares de las grandes potencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que han acabado sometiendo o, como mínimo, interviniendo en estados independientes mediante mecanismos que se podrían definir suavemente como globalizadores. La política mundial ya no es un asunto de "buenos y malos", sino de intereses concretos que se ponen en práctica y que determinan una serie de consecuencias de extrema importancia. Ahora que la globalización es un asunto cotidiano, ahora que la aceptación de este fenómeno económico y político alcanza cotas insospechadas, sería un error omitir la lectura de este alegato a favor de la soberanía y la autonomía de los pueblos para decidir su destino, y del desarrollo de la cultura política como el arma suprema que poseen las comunidades para alcanzar sus objetivos. "Creo que desde ahora Soberanos e intervenidos será un libro insoslayable para quienes intenten profundizar en la trama internacional de este siglo. Por una parte, las intervenciones de Estados Unidos (invasiones, asesinatos programados, chantajes económicos, penetración cultural. etc.) en los países de América Latina, con evidente menoscabo de su soberanía y, por otra, las interconexiones en clave de poder en la propia Europa, con determinaciones de enorme trascendencia para los respectivos pueblos pero resueltas a espaldas de los mismos; unas y otras acotadas por una documentación irrefutable, convierten la libro de Joan Garcés en una lectura obligada para quienes pretendan recoger del pasado las duras lecciones que a veces sirven para clarificar el presente." DEL PRÓLOGO DE MARIO BENEDETTI

Leseprobe

Siglo XXI

Joan E. Garcés

Soberanos e intervenidos

Estrategias globales, americanos y españoles

Prólogo: Mario Benedetti

Diseño de portada

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Joan E. Garcés, 1996, 2012

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 1996, 2012

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: [phone]

Fax: [phone]

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1653-1

Prólogo

En el campo de la política internacional abundan los politólogos profesionales y los augures espontáneos que nos brindan a diario superficiales diagnósticos sobre el presente y el futuro de este mundo, cada vez más complejo, en que sobrevivimos. Pocos de esos profetas se acuerdan del pasado, como si allí no hubieran nacido todos los buitres y todas las palomas que hoy nos sobrevuelan; como si la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, la explosión interracial de la ex Yugoslavia o los bombardeos rusos sobre Grozny, fueran el resultado de una partenogénesis ideológica y no la consecuencia de antiguas confrontaciones, de viejas disputas no resueltas en su hora o de la hipócrita asunción de las componendas a que suelen llegar las naciones más poderosas. «Recuerdo lo que no quisiera recordar» –dijo Cicerón hace más de dos mil años–, «y en cambio no puedo olvidar lo que quisiera dar al olvido». Y en fecha mucho más cercana escribió Borges: «El mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria».

De ahí que los más conscientes y rigurosos investigadores de la historia, esos viajeros de la memoria colectiva que con paciencia y tesón van reconstruyendo y/o descubriendo el pasado que es de todos, hayan luchado siempre con enormes dificultades, ya que por lo general eso que descubren, ese ayer que corrigen o destapan, resulta demasiado incómodo a los decididores (el término es de Lyotard) de hoy e incluso invalidan algunas de sus hipótesis más difundidas. Su mérito es por tanto innegable, ya que su exploración, que tiene la pujanza de lo verdadero, va siempre contracorriente. Y como no existe un sindicato que agremie a estos trabajadores de la verdad, su faena suele constituir un desvelo aislado, que pocas veces encuentra adecuadas vías de difusión y menos aún figuras políticas dispuestas a rever su propia fábula.

El español Joan E. Garcés es uno de esos empecinados y lúcidos restauradores de la historia política de este siglo xx a punto de extinguirse. Su currículo incluye un período que fue decisivo en su posterior tarea investigadora: integró el equipo asesor de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y fue uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del Presidente, a quien acompañó hasta sus últimos momentos en el palacio de La Moneda. Si finalmente pudo salvarse y salir de Chile, fue gracias a la decidida intervención del embajador de España en Santiago. Desde entonces ha seguido con profunda atención las complejas evoluciones de la situación chilena.

Esa estrecha vinculación con la realidad latinoamericana, agregada a su militancia política (anterior y posterior a su estancia en Chile) en Europa y particularmente en España, le han convertido en un testigo excepcional a la hora de evaluar y medir los vaivenes y las dimensiones de los asuntos públicos (y no tan públicos) en ambos continentes. Pero Garcés no se ha conformado con expresar sus opiniones y pronósticos. Científico político y abogado de profesión, siempre ha sido consciente de la importancia de las pruebas, documentos y testimonios que validan o invalidan un juicio. En su función de insobornable verificador de antecedentes y localizador de hechos y dictámenes hasta ahora ocultos, Garcés no ha vacilado en instalarse durante un largo período en Estados Unidos y usufructuar (debido al lapso, ya transcurrido, que a esos efectos establecen las leyes norteamericanas) la «desclasificación» de documentos top secret, custodiados hasta ahora en organismos de extrema seguridad: Office of Strategic Services, Combined Chiefs of Staff, y en general los National Archives of the U.S. Hay incluso algunos de esos documentos que fueron “desclasificados” a pedido expreso del autor.

Sin embargo, Garcés no se limita a rescatar (su libro incluye reproducciones facsimilares) tales invalorables testimonios. Su erudición es apabullante y le permite ir vinculando esos legajos hasta ahora secretos con declaraciones públicas de determinadas figuras políticas (de ambas orillas del Atlántico) y sobre todo con controvertidas actitudes de esos mismos personajes. Soberanos e intervenidos, que es un título perfecto, también podría haber sido (si Graham Greene no lo hubiera usado en una novela de 1948) The Heart of the Matter o quizá mejor aún su título en castellano: El revés de la trama. Por eso, y mucho más, el libro de Garcés resulta fascinante. Hasta tiene algo de enigma policiaco, ya que al final nos enteramos de quién era el asesino.

Creo que desde ahora Soberanos e intervenidos será un libro insoslayable para quienes intenten profundizar en la trama internacional de este siglo. Por una parte, las intervenciones de Estados Unidos (invasiones, asesinatos programados, chantajes económicos, penetración cultural, etc.) en los países de América Latina, con evidente menoscabo de su soberanía y, por otra, las interconexiones en clave de poder en la propia Europa, con determinaciones de enorme trascendencia para los respectivos pueblos pero resueltas a espaldas de los mismos; unas y otras acotadas por una documentación irrefutable, convierten al libro de Joan Garcés en una lectura obligada para quienes pretendan recoger del pasado las duras lecciones que a veces sirven para clarificar el presente. «Se puede ser pesimista a fuer de realista» –escribe sensatamente el autor. El optimismo frívolo e hipócrita no llevará jamás a una humanidad más justa y solidaria, pero no cabe duda que de un pesimismo realista como el de Garcés puede surgir una vislumbre de progreso. Y un progreso, por cierto, nada superficial.

Mario Benedetti

Abreviaturas

ABC

American-British Conversations

ACHA

Acción Chilena Anticomunista

AID

Agency for International Development

APRA

Alianza Popular Revolucionaria Americana

ASEAN

Asociación de Naciones del Sureste de Asia

BCS

British Chiefs of Staff

CAME

Consejo de Ayuda Económica Mutua

CCS

Combined Chiefs of Staff

CDU

Christlich-Demokratische Union

CECA

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

CEDA

Confederación Española de Derechas Autónomas

CEE

Comunidad Económica Europea

CENTO

Central Treaty Organisation

CIA

Central Intelligence Agency

CSCE

Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea

EFTA

European Free Trade Association

ETA

Euzkadi y Libertad

FBI

Federal Bureau of Investigation

FDP

Freie Demokratische Partei

FMI

Fondo Monetario Internacional

FO

Foreign Office

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio

JCS

Joint Chiefs of Staff

JSP

Joint Staff Planners

JSSC

Joint Strategic Survey Committee

JWPC

Joint War Planning Committee

MAP

Military Assistance Program

NAFTA

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte

NSC

National Security Council

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OCEE

Organización para la Cooperación Económica Europea

OEA

Organización de Estados Americanos

ONU

Organización de Naciones Unidas

OPD

Operations Division, War Department Staff

OPEP

Organización de Países Exportadores de Petróleo

OSS

Office of Strategic Services

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

OTASE

Organización del Tratado del Sureste de Asia

PCCh

Partido Comunista de Chile

PDC

Partido Demócrata Cristiano

PPS

Policy Planning Staff

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

RDA

República Democrática Alemana

RFA

República Federal Alemana

SEATO

Organización del Tratado del Sureste Asiático

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SPS

Strategic Policy Section

SWNCC

State-War-Navy Coordinating Committee

TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

UCD

Unión de Centro Democrático

UEO

Unión de Europa Occidental

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

VSA

Viener Staats Archiv

Introducción del autor

Los Estados se forman, existen y perecen. Los pueblos con conciencia de tales permanecen. Mantener la neutralidad en las guerras de los Imperios fue una constante predominante en las corrientes democratizantes de los siglos xix y xx, que evitó a españoles y latinoamericanos ser arrastrados a la guerra hegemónica de 1914-1918. ¿Hubieran sobrevivido las fronteras de España si hubiera entrado en aquella Coalición bélica? La primera guerra mundial confirmó la separación de la naciente República de Irlanda de la Corona británica. El Tratado de Versalles reorganizó el mapa político de Europa, sustituyó el principio del Congreso de Viena de 1815 –el libre derecho de los reyes a mandar sobre los pueblos–, por el de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Su concreción redistribuyó los pueblos de la derrocada Corona de los Habsburgos entre los nuevos Estados de Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia y Polonia, el resto fue sumado a Italia; amputó del Imperio de los destronados Hohenzollern los pueblos de Prusia oriental, Memel, Danzig, Poznan y Alsacia-Lorena. En un proceso autónomo aunque paralelo, el derrocamiento de los zares fue seguido del nacimiento de los Estados de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania; una cadena de plebiscitos modificó casi todas las fronteras anteriores a 1914; los pueblos del Imperio turco fueron a su vez repartidos entre Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia.

El Tratado de Versalles de 1919, a diferencia del Congreso de Viena un siglo antes, no supuso la emergencia de una potencia dominante sobre Europa. La guerra de 1914-1918 terminaba en armisticio, no en el aplastamiento del expansionismo1. Al cabo de pocos años, casi todos los nuevos Estados se hallaban intervenidos por las potencias hegemónicas, que los utilizaban en sus combinaciones económicas, diplomáticas y militares, mientras sometían a sus pueblos a dictaduras militares o fascistizantes: en Polonia, golpe militar de Pilsudski –mayo de 1926; en Estonia, dictadura de Constantino Päts –marzo de 1934; en Letonia, dictadura presidencial tras el golpe de Estado de Ulmanis –mayo de 1934; en Lituania, dictadura de Voldemaras –diciembre de 1926– y régimen de partido único –diciembre de 1932; en Yugoslavia, golpe de Estado del rey Alejandro –enero de 1929; en Bulgaria putsch militar y gobierno Zankov –junio de 1923–, régimen autoritario del coronel Kimon Georgieff –1934–, dictadura del rey Boris VII –enero de 1935; en Rumanía, régimen personal de Carol II –febrero de 1938– y golpe de Estado que impuso la dictadura del Rey; en Albania, dictadura de Ahmed Zogou –enero de 1925. En la zona de influencia británica se sucedieron también los golpes militares: en España, dictadura militar entre 1923-1931, sublevación de un sector del Ejército en julio de 1936 que al cabo de tres años de guerra instauró la dictadura de Franco; en Portu­gal golpes de los generales Gómez da Costa –mayo de 1926– y Antonio Carmona, dictadura de Antonio de Oliveira Salazar (1932-1974); en Grecia golpe de Estado del general Ioannis Metaxas –agosto de 1936. En un contexto más original, Mussolini había marchado sobre Roma –octubre de 1922– y Hitler ganado las elecciones en Alemania –enero de 1933.

La derrota de los imperios germánicos en 1918, la influencia de las movilizaciones populares y de autodeterminación nacional en el centro-este de Europa, tuvieron su repercusión política entre los españoles. El 15 de noviembre de aquel año Alfonso XIII convocaba al líder de la burguesía catalana, Francesc Cambó (Lliga Catalana), para decirle:

El Ejército alemán está en plena derrota, los socialistas han tomado el poder en Berlín; en Viena la tropa insubordinada hace causa común con obreros y presos liberados; la Suiza alemana está sublevada [...]. Yo temo que venga un estallido revolucionario en Cataluña; que los obreros se unan a los soldados [...] no veo otra manera de salvar situación tan difícil que satisfacer de un golpe las aspiraciones de Cataluña, para que los catalanes dejen de sentirse en este momento revolucionarios y mantengan su adhesión a la Monarquía [...]. Hay que dar la Autonomía a Cataluña inmediatamente [...]. Es preciso que usted vaya a Barcelona en seguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario2.

Cuenta Cambó lo que manifestaba en aquellas horas el embajador británico:

ésta es la hora de Cataluña. Ahora ha llegado el momento de que los ingleses borremos la mancha que en nuestra historia pusieron los ministros de la reina Ana al traicionar a Cataluña [1714]. Diga a sus amigos catalanes que Inglaterra no consentirá ahora que se les atropelle si reclaman su autonomía: ellos han estado con los aliados durante toda la guerra, mientras que en el resto de España la inmensa mayoría estaba con Alemania3.

Cambó y el presidente del Consejo de Ministros, el conde de Romanones (Partido Liberal), ejecutaron la instrucción de Alfonso XIII y doce días después designaban a dirigentes de todos los partidos políticos para formar una comisión redactora de un proyecto de autonomía para Cataluña, que debía ser presentado en las Cortes para su aprobación. Figuraban en aquélla desde Antonio Maura y Eduardo Dato a Julián Besteiro, Alejandro Lerroux y Lluís Companys. La respuesta de los socialistas Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero (diputado por Barcelona del psoe, que tenía en el Parlamento español seis diputados), fue dirigirse «a los republicanos catalanes diciéndoles que si entraban en la Comisión desligaban a Cataluña de la causa de la República [...]. A [Marcel·lí] Domingo, Layret, Companys y otros republicanos catalanes les convenció plenamente este argumento, se impusieron al resto» y no se incorporaron a la Comisión4. Los proyectos políticos de socialistas y republicanos eran autónomos de los partidos conservadores. Dos meses después, seguro de que la revolución europea no alcanzaba a España, cuenta Cambó que el propio Monarca saboteaba el proyecto de Estatuto catalán.

El antecedente de 1918-1919 es interesante a más de un título. El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones después del fallecimiento del general Franco, los electores de Cataluña dieron cerca del 70% de sus votos a quienes se presentaban bajo siglas y símbolos ilegalizados desde 1939 por la Dictadura: socialistas (psoe), comunistas (psuc) y republicanos (Esquerra Republicana). La reacción del gobierno presidido aquel 1977 por Adolfo Suárez admite ser comparada con la de Alfonso XIII en 1918: convocó a Palacio al representante simbólico del autonomismo catalán –esta vez en el exilio, Josep Tarradellas, sucesor de Lluís Companys en la Presidencia de la Generalitat–, le ofreció el reconocimiento inmediato de la autonomía si viajaba a Cataluña a formar un Consejo Ejecutivo de integración que aceptara las limitaciones de soberanía popular y nacional legadas por la Dictadura y su sistema socioeconómico. Así lo hizo Tarradellas, comprometido en secreto desde noviembre de 1976 con el emisario Andrés Casinello5 en «acatar públicamente al Rey, a la unidad de España y respetar al Ejército, [...] a no ser federalista y quedar siempre al margen de los planteamientos valencianistas y mallorquines»6. Lo que en 1977, y después, no encuentra su equivalente respecto del precedente de 1918 es la respuesta que dieron el psoe y la izquierda republicana a la propuesta del Rey a Francesc Cambó. En junio de 1977 no existía al frente de los grupos que se envolvían en las siglas históricas un liderazgo endógeno, ni tampoco un proyecto nacional alternativo al que desde los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría se había programado para España una vez que falleciera Franco. Desde antes de junio de 1977 se habían comprometido en secreto con aquel proyecto Felipe González Márquez y Santiago Carrillo, sus hombres en Cataluña fueron diluidos en el Consejo Ejecutivo presidido por Tarradellas y, de ese modo, quedó neutralizada la esperanza popular de una alternativa sociopolítica a la herencia dejada por la Dic­tadura. Menos de cinco años después de 1977, la burguesía liberal catalana lograba lo que Alfonso XIII, su Gobierno y la Lliga buscaron sin éxito en 1918. Los propios términos de Cambó podrían describir el sentido de la “operación Tarradellas” de medio siglo después:

[...] a fin de dar un sentido al movimiento [...] desencadenado en Cataluña y conservar su control, propuse que [...] se reuniera la Asamblea General de la Mancomunidad, con la colaboración de los parlamentarios de Cataluña, para elaborar el Estatuto de Cataluña y [...] en nombre del principio de autodeterminación [...] ¡se presentara al Parlamento español para que fuera sancionado! La música era revolucionaria pero la letra, si bien se mira, era conservadora. El fijar una tarea a hacer, que duraría días, calmaba las pasiones y quitaba a las izquierdas la dirección [...]. Y si al redactar un Estatuto de Auto­nomía de Cataluña llegábamos a un acuerdo todos los partidos catalanes, que fuera también aprobado por las izquierdas españolas, quedábamos cubiertos [...] de peticiones [...] que en el porvenir formularan las izquierdas [...] a base de la República y la revolución social7.

Un lustro después de 1977, en efecto, las siglas democráticas históricas habían sido reducidas a minoría en el Parlamento autónomo y en la mayor parte de los municipios de Cataluña, eran excluidas del gobierno de la Generalitat, el psuc se desintegraba y Tarradellas era agraciado con el título de Marqués. Las causas estructurales de semejante desenlace se describen en los capítulos que siguen, sus precipitantes coyunturales fueron las operaciones puestas en marcha para mantener intervenida España más allá del régimen de dictadura. Una fase de las operaciones de intervención me tocó vivirla de cerca cuando era yo investigador de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de París, después que en mayo de 1974 había formado parte del equipo personal de asesoramiento del candidato de Unión de la Izquierda (ps-pc-mrg) en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, François Mitterrand. Integraban aquel equipo buenos amigos, entre otros Jacques Attali y Michel Rocard. La atención estaba entonces centrada en un país ibérico perteneciente a la otan, Portugal, donde el 25 de abril de ese mismo año capitanes agrupados en el clandestino Movimento das Forças Armadas, sin disparar un tiro, habían derrocado a la más larga dictadura conservadora europea. La hospitalización del general Franco el 19 de julio siguiente anunciaba el final inminente de la otra dictadura ibérica. A la vuelta de aquel verano de 1974 mi amigo Pierre Guidoni8 (Partido Socialista francés) me invitaba a asistir a un cónclave de «jóvenes socialistas españoles» en las afueras de París (Suresnes). Se organizaba en Francia con financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco. Decliné la invitación de ir a Suresnes. El camino de la recuperación de la soberanía nacional y las libertades democráticas, dije a mi amigo, no debiera pasar por una intervención preventiva como aquélla, de manual, en previsión de que la ruptura de Portugal con el régimen de dictadura pudiera extenderse al resto de la Península Ibérica. En el desierto político producido por casi cuatro décadas de sustracción de la soberanía popular –con la complicidad activa o pasiva de los Estados coa­ligados en la otan–, lo de Suresnes parecía una manera de cooptar a personas que, con financiamiento masivo oculto y apoyo diplomático-mediático abierto, contribuyeran a conducir la España posdictadura hacia los puertos señalados desde los propios Poderes intervencionistas. Lamento no haber errado en mi anticipación. El 24 de mayo de 1984, ante la Comisión del Parlamento de la R.F. de Alemania que investigaba la evasión fiscal del consorcio Flick (industria de armamentos), el socio de éste –Günter Max Paefgen– afirmaba que dinero negro evadido entre 1973 y 1976 era entregado a Alfred Nau –tesorero del spd y presidente de la Fundación Friedrich Ebert– y desviado hacia Mario Soares y Felipe González «para mantener la situación en esos dos países, que estaban a punto de pasarse completamente al otro lado (sic), para estabilizar la situación en la Península Ibérica y América Latina»9. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de pta –siempre en forma oculta10. En marzo de 1994, el Parlamento germano respondía a una interpelación del Partido Bündnis 90 que las fundaciones Ebert (socialdemócrata), Adenauer (democristiana), Seidel (socialcristiana) y Neumann (liberal) habían estipendiado aún en 1992 a dirigentes de organizaciones políticas homónimas de la Península Ibérica por una cuantía de 902 millones de pta, y en 1993 por 831 millones adicionales11.

La cuestión a tener presente es que entrar en una coalición militar supone asumir el riesgo de provocar que países y alianzas rivales, so pretexto de combatir a su respectivo adversario, programen intervenir en el territorio de nuestro propio Estado. Cuando en 1942-1943 Norteamérica preparaba el desembarco de su ejército en el Continente europeo y una de las variantes retenidas era hacerlo por Euzkadi, sus servicios especiales sondearon al Partido Nacionalista y al gobierno vasco en el exilio, que empezaron a recibir ayuda material de EEUU. Si el régimen de Franco hubiera sido beligerante entonces junto a Alemania, ¿cabe alguna duda sobre la intensidad y naturaleza que hubiera alcanzado la intervención en España de la coalición antigermana? Volveremos con más detenimiento sobre este extremo.

Un efecto de la larga dictadura vivida es la ideología, predominante en algunos círculos dirigentes, según la cual nuestros pueblos deben ponerse bajo la protección de las Potencias hegemónicas. En propiedad ello es más bien una racionalización, actualizada, del auxilio que en su día pidieron a las Potencias los sectores sociales que apoyaron y sostuvieron el régimen de dictadura. A pesar de que las circunstancias temporales sean distintas, la práctica de tal tesis genera hoy consecuencias semejantes: perseverar en el desmantelamiento de estructuras de las que depende la cohesión de la Nación, disuadir a la sociedad de la necesidad de un Estado democrático que la represente, que defienda a pueblos que aspiran a mantener, o recuperar, su soberanía interna y externa. ¿Qué consecuencias profundas derivaron del hundimiento en 1936-1939 de las estructuras democráticas, de la subsiguiente guerra interna y del aplastamiento de organizaciones cívicas construidas durante generaciones de esfuerzos democratizadores? Un Estado que depende de la Potencia hegemónica para sobreponerse a su propio pueblo es una prolongación del poder imperial. La duradera intervención a que han sido sometidos nuestros pueblos ¿les marca como destino la imposibilidad de construir un Estado democrático? La ocupación de su territorio, mercados y población por las fuerzas de la Coalición que ha sostenido la guerra fría (1945-1992), ¿no es acaso una consecuencia de la articulación de la propia coalición bélica con los sectores locales que apoyaron a la dictadura? La ideología predominante mantiene la fachada de un Estado, aunque intervenido, mientras baliza la disolución de sus supraestructuras en los moldes supranacionales que la guerra fría ha gestado. Son algunas de las cuestiones que abordaremos en los capítulos que siguen.

La subordinación del Estado a la Potencia hegemónica puede ser necesaria para sectores locales con estatus y poder vacilantes, pero con ello activan fuerzas internas y externas de desintegración del propio Estado. Mayores aún si éste es plurinacional. Cuanto más alienado se encuentra un gobierno a la Potencia exterior, mayor es su inclinación a reprimir las expresiones diferenciadas de identidad nacional. En la etapa que sigue al agotamiento de la Dictadura, al socaire de coberturas ideológicas construidas durante la guerra fría se ha formalizado un proceso de progresivo desmantelamiento de funciones y competencias inherentes al Estado democrático-soberano. En vez de reconstruir sus pilares representativos y participativos, la disolución del Estado en las estructuras supranacionales derivadas de la guerra fría ha sido el ariete dirigido contra quienes continuaban empecinados en recuperar constantes históricas opacadas durante la dictadura. Como las de asentar la convivencia entre los pueblos hispánicos en una federación democráticamente pactada, en el no alineamiento tras el Poder imperial de turno, en la libre determinación de cada personalidad nacional y cultural diferenciada. El abandono de los tres postulados exterioriza que “hacer la revolución burguesa” –misión que dijo haberse autoasignado el equipo salido del cónclave de Suresnes, y sus émulos en Portugal y en América Latina– si por un lado buscaba con otros métodos alcanzar fines que la dictadura perseguía con sus peculiares procedimientos, por otro lado ha contribuido a abrir las compuertas a efectos negativos previsibles y, por tanto, cabe pensar que calculados.

Los sistemas con realidades plurinacionales, desde Yugoslavia a Rusia o la India, han construido sus respectivos Estados federando a naciones y pueblos. Toda Potencia imperial que haya pretendido dominar ha buscado crear Estados divididos allí donde existía una sola comunidad nacional (p. ej., escindir Panamá respecto de Colombia, o la República Federal de Alemania respecto de Alemania, gestado el primero por la Administración de Theodor Roosevelt en 1903 y el segundo por la de Truman a partir de 194712). O bien desintegrar el Estado en tantos microestados como entes coexistían en aquél (naciones, conjuntos económico-geográficos, regiones, etnias, etc.). Un ejemplo de esto último fue el destino trágico e inhumano impuesto después de 1991 a los pueblos de Yugoslavia cuando las Potencias interventoras resolvieron poner fin –invocando principios altisonantes– a la continuidad de un Estado federal y no alineado que había preservado la paz y la vida de sus ciudadanos desde 1945. A lo largo del siglo xx, pocos Estados integrados por nacionalidades tan caracterizadas como las que confluyen en el de España han dejado de ser fracturados por el “Gran Juego” entre las Potencias –la excepción se ha dado allí donde el respeto interno a la identidad y libertades de cada uno de los pueblos que integran el Estado (amalgama interna) se ha sumado a la voluntad común de no dejarse absorber por una alianza bélica, ejemplo de la Confederación Helvética. Para las estrategias intervencionistas que esgrimen el concepto de los “equilibrios continentales”, una razón de sus políticas es el divide et imperat. En la onu están reconocidos más de cuarenta Estados con una población inferior a la de la sola ciudad de Valencia. Cuando el presupuesto anual de una empresa multinacional es superior al de todo el Estado belga, cuando más de un tercio del intercambio comercial en el Mundo se realiza directamente entre las solas empresas multinacionales, se puede entender lo que para estas últimas significa la mayor parte de los Estados: organizaciones administrativas susceptibles de subordinación y manipulación.

Pero a diferencia de los gobiernos, las grandes corporaciones multinacionales no están sometidas a responsabilidades políticas, ni a condicionamientos electorales, o a los vaivenes de la opinión pública. En cambio sí pueden atacar –o sostener– a los mercados y finanzas de gobiernos y Estados. Cuentan con agentes en los altos puestos de la Administración –que proceden de aquellas empresas o aspiran a entrar en ellas–, en los medios de comunicación y en las agencias donde nace la información. Crean noticias y orientan movimientos de opinión, como demostró Silvio Berlusconi en la Italia de 1994 al llevar el neofascismo al Gobierno por primera vez desde 1944. Y si algo rechazan las corporaciones multinacionales es una organización que las controle. Al Estado democrático-soberano, participado por sus ciudadanos, en principio el solo ente con capacidad-legitimidad para pretenderlo, lo desean débil, pasivo hacia ellas. No quieren ni oír hablar de participación de los trabajadores y consumidores en la dirección de las empresas, por cuanto limitaría el libre desplazamiento de un capital indiferente a la suerte de los puestos de trabajo y a los intereses a largo plazo de la economía de las naciones. Hoy pocos Estados o conjunto de Estados subordinan a las empresas multinacionales, pero éstas sí dominan a muchos Estados. Si algún gobierno o pueblo entiende reivindicar la libertad para organizarse dentro de sus fronteras, las fuerzas del abusivamente llamado “mercado libre” –las de los Poderes apoyados por y en empresas multinacionales– movilizan contra el rebelde la secuencia conocida de intervenciones encubiertas o preventivas, bloqueos financieros, represión, militarización, dictaduras, guerras internas o externas.

A pesar de lo cual, el sistema económico asentado sobre las empresas multinacionales cruje por doquier, desastres humanos y ecológicos se suceden. Si la anarquía es consustancial a la ausencia de estructuras organizativas, evitarla en las relaciones internacionales requiere la función ordenadora propia de los Estados. Las fuerzas económicas que pavonean su triunfo sobre estos últimos –minándolos o desmantelándolos–, generan con ello las causas de muchas de las manifestaciones anómicas y destructivas que discurren ante nuestros ojos. La alternativa en una economía mundializada debiera ser otra, caminar hacia un orden Planetario inspirado en principios jurídicos democráticamente gestados e igualitarios en su aplicación, que respete la identidad de los pueblos y sus libertades, avanzar hacia una Confederación de Estados que reconociera a sus miembros la libertad de decidir dentro de sus fronteras la forma de gobierno y el régimen económico de su elección. Sin embargo, en las relaciones internacionales continúa activo el principio según el cual cada cual tiene tanto derecho como de fuerza dispone. Ello es la negación del Derecho. Dirigidas España, Portugal y América Latina desde centros neurálgicos de la Coalición de la Guerra Fría, sus instituciones fueron adaptadas a las necesidades genéricas de aquélla. Terminadas las dictaduras de la guerra fría, los latinoamericanos y españoles no son los únicos que no han recuperado aún las funciones propias de un Estado democrático y participativo. En lo que a las funciones económicas se refiere, han sido abrogadas normas básicas de la capacidad reguladora y mediatizadora del Estado; se han desmantelado medios de producción de propiedad pública13 –cuya gestión se renuncia primero a mejorar para cederlos más barato al capital multinacional o especulativo, alejando a los municipios, sindicatos, cooperativas de trabajadores u organizaciones sociales del acceso a las empresas; se ha estimulado la enajenación de los sectores productivos de mayor rentabilidad a las multinacionales (en el alimentario, por ejemplo, estas últimas controlan en España más del 70% desde 1988); se ha cedido el control del comercio exterior, transporte, turismo y mercado de bienes de consumo; también la moneda ha sido subordinada a las decisiones del Banco Central de alguna Potencia.

En proceso complementario, han sido abandonadas las funciones ideológicas propias de un Estado identificado con la identidad de sus ciudadanos. Se ha entregado al capital privado –en gran parte multinacional–, la casi totalidad de los medios informativos que eran de titularidad pública –en el caso de España, los escritos en 1984, los radiales en 1985, los televisivos a partir de 1989, pero con la expresa voluntad del gobierno de Felipe González Márquez de impedir que pudieran disponer de aquéllos los colectivos sociales o cívicos representativos de ciudadanos, de universidades, sindicatos, entidades culturales, etcétera.

No se ha hecho excepción de las funciones inherentes a la defensa nacional, subordinadas a las estrategias del líder de la Coalición de la Guerra Fría. Las funciones estatales de política exterior se sometieron a las directrices de la Coalición y de sus instituciones complementarias. Incluso la concreción de las funciones administrativas y represivas del Estado depende de opciones de política exterior, de defensa y político-ideológicas decididas en órganos de dirección nacidos durante la guerra fría, a los que se reconoce la responsabilidad de delimitar, en último extremo, a quiénes debemos considerar como nuestro amigo o adversario social, político o económico.

¿Sirve semejante “Estado” para mucho más que para preservar una estructura social subordinada al capital migratorio y, en su caso, imponer el desmantelamiento de la estructura productiva al someterla a centros de decisión fuera de control? ¿Hacia dónde lleva tal dinámica? Si las empresas neurálgicas en, pongamos por caso, Andalucía o Madrid son singularizadas como tales no según criterios de interés nacional, o social, sino en tanto que integradas en el circuito del capital flotante japonés, alemán, etc.; si sus productos tienen que competir en el mercado de Galicia en igualdad de condiciones que las asentadas en Edimburgo, sus fuentes de aprovisionamiento están en Indonesia, o Hamburgo, y no en Murcia, su financiación depende de empresas con sede en Nueva York, sus plusvalías las reinvierte en Singapur y no tanto en su propia sociedad, sus bases operativas se deciden en Bruselas, su defensa reside por último en las directrices del Pentágono, si sus circuitos de información canalizan flujos creados por alguna Associated Press o sucursales locales, entonces los ejecutivos de tales empresas, que para viajar usan el pasaporte de la cee, pueden preguntarse en propiedad qué es, para qué les sirve un “Estado” que ha perdido hasta su mercado interior. Si postergan los intereses colectivos y nacionales y no miran más allá de su interés individual o corporativo, pueden esperar que dentro de su horizonte vital semejante “Estado” haya quedado reducido a un marco de administración-ordenación territorial, yuxtapuesto al de comarcas, regiones o municipios, a una referencia de historias pasadas. Lo decía a su manera Jacques Delors al afirmar que el futuro de España es ser la Andalucía de Europa14 –es decir, responden algunos andaluces, un destino de marginación, desempleo y explotación social que quienes lo sufren son los primeros en rechazar. Una reducida elite local puede esperar sacar provecho de semejante singladura –como la que se benefició del subdesarrollo de Andalucía–, la mayoría de la sociedad no.

Al capital local socio, o aspirante a socio –minoritario– del multinacional, le basta con velar que actúen las “fuerzas del mercado” –y los Poderes reales que en los hechos las dirigen–, rendirles pleitesía, para en contrapartida estimarse acreedor de su protección. ¿Contra quién? Ante todo, contra rivales o adversarios internos. Es notable la continuidad de estas posturas con las equivalentes del si­glo xix... Sin embargo, cuando las orientaciones de los gobiernos se deciden, en último análisis, en función de su alineamiento en una órbita exterior, el interés inmediato y a largo plazo de la comunidad nacional debiera radicar en rechazar ser sometida a las consecuencias de semejantes políticas. Los gobiernos que son instrumento de dominación sobre su propia población, más que en defensores de los intereses de ésta se convierten en blanco de sus iras, la Administración es percibida como delegada de un Poder ajeno más que expresión de la libertad e identidad cultural de los ciudadanos.

Nuestros sectores dominantes se dicen hoy deslumbrados por los efectos de la internacionalización del capital. Sus elites se obsesionan en contener, impedir la reemergencia de un fenómeno recurrente en nuestra historia democrática: la interacción entre intereses nacionales, culturales y populares. Sin embargo, existen recursos socioeconómicos y culturales susceptibles de impulsar un proyecto colectivo que recoja y desarrolle la ambición de crear instituciones públicas, y también económicas, abiertas a la participación efectiva de los ciudadanos en su gestión, como instrumentos de salvaguardia de su identidad en tanto que pueblos y culturas abiertos al ancho Mundo, sin xenofobias, autarquías, exclusiones ni subordinaciones –lo que pueblos incluso más pequeños en territorio, demografía y recursos han logrado, o se esfuerzan por alcanzar.

Un proyecto colectivo alternativo al programado durante la guerra fría hubiera requerido dar prioridad a reconstruir política y culturalmente el entramado social y cívico de la Nación. No fue así, el prolongado legado de décadas de dictadura fue la carencia de instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y militares endógenas, susceptibles de asumir democráticamente la defensa de los intereses y bienes propios y colectivos. Una anécdota puede simbolizar esta intervención indirecta en asuntos internos. En mayo de 1979, vigente ya la Constitución de 1978, celebradas dos elecciones parlamentarias y una municipal en régimen de pluralidad de partidos, Felipe González Márquez abría su informe escrito al Congreso de su organización afirmando, categórico, que la democracia era una realidad consolidada en España, y recababa su parte de mérito en ello. Cuando horas después la mayoría de los mil delegados votaron una moción discrepante con su línea política, González se negó a formar una Comisión Ejecutiva que respondiera a la resolución congresual. El alcalde de Madrid –Enrique Tierno Galván– subió a la tribuna a explicar que los delegados debían renunciar a darse una dirección no aprobada por González pues, de otro modo, «mañana mismo los alemanes cortan la financiación al partido, en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid». Los congresistas regresaron a sus casas sin elegir una dirección. Pero, acto seguido, el equipo González suprimió los controles democráticos internos y se garantizó en su partido, durante tres lustros, sufragios de apoyo del 100% –la corrupción reemplazaba a la ideología.

De la anécdota a la categoría. Desde que se les devolvió el derecho de sufragio en 1977, los españoles han votado mayoritariamente a siglas de organizaciones que fueron opuestas al régimen de dictadura. Sin embargo, si bien las formas mudan, el sistema permanece. Como se recordó el 16 de junio de 1987 al general, que, por primera vez desde 1939, declaró que las ff aa acataban incondicionalmente las decisiones del legítimo poder político. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si el Ejército se sublevaría «contra un Gobierno que decidiera otorgar a una región un nivel de autonomía, de autogobierno, en la que pudiéramos estar hablando de autodeterminación», el gobernador militar de San Sebastián –general Díaz Losada– contestó: «Si se acepta por parte de las instituciones de la Nación el que a una determinada región se le dé ese nivel de autonomía, habría que respetarlo [...]». El periodista precisó: «¿incluso habría que respetar una independencia o la creación de un Estado federal?». El General continuó: «Si las instituciones del Estado lo aceptan, habría que respetarlo». Por unas horas los ciudadanos se preguntaron si contaban con militares que respaldaban las decisiones propias de un Estado soberano y democrático, mientras que ciertos núcleos voceaban que las ff aa estaban por encima de la representación de la Nación. En el siguiente día el ministro de Defensa de González, Narcís Serra, cesaba al general Díaz Losada15. Pero obstruir vías políticas democráticas ha significado mantener a los vascos encerrados en una dialéctica de armas, sangre y violencias.

La vida de nuestra generación ha transcurrido en paralelo a la llamada “guerra fría”, la tercera de las guerras intraeuropeas del si­glo xx. Las tres han sido ganadas por la subcoalición que pudo movilizar en su apoyo los recursos económico-militares del Nuevo Mundo. A la postre, EEUU ha contribuido a liquidar sucesivamente a todas y cada una de las Grandes Potencias que conocía el Mundo a comienzos de siglo. Vistos desde una perspectiva no eurocéntrica, son los pueblos y Estados de Europa los que han perdido las tres guerras continentales. Pero también los de América Latina al reducirse sus espacios de autonomía en la sociedad internacional. A medida que el desarrollo histórico erosiona las estructuras internas y externas sobre las que se apoyan las dictaduras, emergen las realidades profundas de los pueblos. Los intereses sociales y las naciones con voluntad de sobrevivir necesitan construir nuevos instrumentos de interacción organizada. Las soluciones aplicadas durante la dictadura, y después, son conocidas. Sus insuficiencias, incapacidades y consecuencias están a la vista. En los capítulos que siguen las contemplamos bajo el prisma de experiencias de intervención –de sus metamorfosis–, a partir de documentos de Estado en su día secretos que recogen los fines realmente buscados y los medios empleados. Inéditos la mayor parte, en particular los conservados en los National Archives de EEUU –cuya consulta agradezco, así como la autorización para fotocopiar los textos originales que se reproducen, o citan, a lo largo del libro y otros que son su soporte documental16.

Nuestro interés se centra en conceptos estratégicos, en su articulación con decisiones y hechos de Estado. De ahí que nos apoyemos en fuentes documentales primarias, donde conceptos y actos son integrados por centros de decisión estratégica que sobredeterminan la suerte colectiva. Sin determinismos a priori, el lector es invitado a evaluar las interrelaciones de causa a efecto entre hechos y decisiones. De modo que, invirtiendo el ángulo de enfoque usual, podamos observarnos a nosotros mismos desde instancias exteriores. El análisis que sigue se sitúa, pues, en una perspectiva temporal larga, en torno de constantes estratégicas. El lector interesado por conceptos cuya vigencia mantiene al Mundo en estado de guerra encontrará, en la segunda parte, una reflexión sobre su génesis y proyección teórica y práctica. Antes de seguir adelante, sin embargo, quiero también reconocer a los colegas del Institute for Policy Studies, de Washington, D.C., la acogida y colaboración que me brindaron durante mis años de estancia en aquella capital.

1 El socialista André Cheradame, autor de L’Allemagne, la France et la question d’Autriche (París, 1902), exponía en Le Plan pangermanique démasqué. Le rédoutable piège berlinois de la partie nulle (París, Plon, 1916) que las conquistas territoriales previstas por el programa pangermánico de 1895 y 1911 estaban logradas en un 90% y, por tanto, los aliados anglo-franco-rusos debían rechazar una paz que al dejar intacto el potencial político-militar alemán, su hegemonía en los Balcanes y el “eje Hamburgo-Golfo Pérsico”, permitiría a Alemania extender su influencia a Oriente Medio, Asia, África y aspirar al imperio universal.

2 F. Cambó, Memòries, pp. 288-289 de la versión publicada en Madrid, Alianza, 1987.

3Ibid., pp. 288-289.

4Ibid., p. 297.

5 Militar adscrito al Servicio Central de Documentación del almirante Carrero Blanco, director del mismo durante el gobierno Suárez y destinado, un año después, al Centro Superior de Información de la Defensa (cesid).

6 Casinello fue enviado a negociar con Tarradellas por el presidente del Gobierno, A. Suárez, acompañado por Manuel Ortínez –antiguo director general del Ministerio de Comercio, vinculado a medios financieros e intermediario del vicepresidente del Gobierno Alfonso Osorio (democristiano)–, según cuenta este último en Trayectoria política de un ministro de la monarquía, Barcelona, Planeta, 1980, p. 322. Casinello era redactor principal del libro elaborado por los servicios de información de Carrero Subversión y reversión en la España actual, publicado bajo el seudónimo Carlos I. Yusti –según J. I. Sanmartín: Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1983, p. 199.

7 F. Cambó, ibid., p. 299.

8 Embajador de Francia ante el gobierno de F. González desde 1983 a 1986.

9El País, 7-11-1984, p. 19.

10 Una vía de financiación clandestina giraba en torno de empresas ficticias como Filesa y Time-Export. Su investigación por el Tribunal Supremo desembocó el 5 de mayo de 1995 en el procesamiento de 39 responsables de grandes empresas, bancos privados y miembros del equipo González.

11 Revista Tribuna (Madrid), 9-5-1994, pp. 40-42; diario El Mundo (Madrid), 24-5-1993, p. 1.

12 J. H. Backer, The Decision to Divide Germany. American Foreign Policy in Transition, Durham (NC), Duke University Press, 1978.

13 Entre 1985 y 1993 el sector público de la economía española fue reducido del 12 al 7% del valor añadido bruto, empleo y formación bruta de capital, según estimación del Colegio de Economistas.

14 Declaraciones de Jacques Delors en El País, 8-1-1989.

15El País, ABC y Diario 16 de 17 y 18-6-1987.

16 Las referencias oss corresponden a los archivos del Office of Strategic Services, y abc (American-British Conversations) a los del Combined Chiefs of Staff (ccs) de EEUU y el Reino Unido, ambos en depósito en la War Branch, National Archives of the U.S., Washington, D.C.

Primera parte

Intervención y Guerra Fría

1. Entre Alemania y Gran Bretaña. Intervención y guerra

Alemania absorbió a España en su zona de influencia en 1939, anexionó Austria y ocupó Checoslovaquia en 1938. Gran Bretaña asintió. La declaración de guerra británica a Alemania del 3 de septiembre de 1939 no ponía en cuestión, por sí misma, el acuerdo previo sobre la suerte de Austria, Checoslovaquia y España, sino su ampliación a Polonia. Pero, a partir de junio de 1940, el acuerdo británico en cuanto a España dio un vuelco. La causa: Francia había caído bajo dominio alemán –y antes Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda.

¿En qué circunstancia y a través de qué medios intentó el gobierno británico recuperar su control sobre España? Disponíamos de testimonios, como los de José María Gil-Robles (monárquico), que durante su exilio en Portugal había anotado en su diario de 3 de octubre de 1942:

[...] Celebro una entrevista con el embajador inglés en España, Sir Samuel Hoare, a la que asisten el agregado naval británico en Madrid y Sainz Rodríguez. El embajador expone la situación en términos parecidos a éstos [...]: no sería extraño que Hitler pretendiese obtener de España bases de aviación en el sur, con el fin de intentar cerrar el Estrecho y hacer casi imposible el abastecimiento de Malta. En Londres hay el temor de que dentro de un mes o mes y medio Hitler [...] dirija a Franco un verdadero ultimátum para que permita el establecimiento de bases aéreas alemanas en la zona del Estrecho. Si Franco accediese, Inglaterra lo consideraría como un casus belli. Sería preciso que en aquel momento un gobierno de fuerzas nacionales elevara su protesta contra la invasión, en Canarias o en tierras de África. Ese gobierno independiente, integrado por fuerzas conservadoras y de sentido nacional, sería inmediatamente reconocido por los Aliados y salvaría la posición de España en el orden internacional [...]. En Inglaterra se ve con los mejores ojos la restauración de la monarquía en España.

El testimonio de quien en 1933-1936 fuera líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (ceda), y ministro de Guerra, concentra conceptos básicos de la diplomacia británica. Londres no cuestionaba la dictadura del general Franco –como tampoco su sublevación en 1936 contra el gobierno constitucional. Pero si la Potencia rival en el Continente obtenía bases en España, Londres estaba dispuesto a reconocer que algunos españoles se autoproclamaran Gobierno bajo protección militar anglosajona1.

El 4 de enero de 1943 el agregado naval de la Embajada inglesa en Madrid visitó de nuevo a Gil-Robles:

[el oficial naval] ha llegado ayer de Londres, donde ha permanecido varios días en conversaciones con los principales elementos del gobierno y los jefes de los Estados Mayores. [...] Refiriéndose a España, mi interlocutor me aseguró, una vez más, que Inglaterra no desea una vuelta de las izquierdas2.

Que el gobierno británico vetara el acceso de las izquierdas a su programado gobierno para España no era baladí. Significaba continuar privando de los derechos políticos a la mayoría de los ciudadanos españoles. Según el comandante B. H. Wyatt, el Board of Ana­lysts de los servicios secretos de EEUU había estimado pocos meses antes que «80% de la población española podría sin lugar a dudas ser calificada de red [roja]»3.

En el diario de Gil-Robles, entre sus interlocutores, está ausente el Gobierno de Estados Unidos. Quien, sin embargo, no sólo estaba al corriente de los planes británicos de intervención sino que los mediatizaba. En 1942 los analistas norteamericanos subrayaban un rasgo histórico en la política británica hacia la Península Ibérica:

Pero si Gran Bretaña pudo mantener a Portugal separado de Iberia, su intento de apoyar a una Cataluña libre (a partir del siglo xviii) nunca ha tenido éxito [...]. Portugal, en gran medida gracias a la ayuda británica, se separó y desde entonces ha permanecido independiente como un satélite de Gran Bretaña,

y contemplaban también el presente y futuro de la antigua América española: «El nacionalismo español expresado en el concepto de Hispanidad, es una amenaza potencial a los intereses norteamericanos en América Latina»4.

I. Sobornar al mando de las FF AA

El plan al que sir Samuel Hoare, después vizconde de Templewood, invitaba al democristiano Gil-Robles había sido lanzado dos años antes. Las claves de su concepción, fines y medios se leen en un informe que he encontrado entre los documentos que el director del Office of Strategic Services (oss), William J. Donovan, hizo microfilmar después que Truman ordenara disolver el oss (fines de agosto de 1945)5. Su contenido es un modelo de los operativos que una Potencia moviliza para dirigir a otro Estado cuyos mecanismos de decisión están fuera de todo control democrático interno (documento 1).

Firmaba el informe en cuestión el 17 de abril de 1942 el teniente-coronel Robert A. Solborg, jefe de operaciones del oss para el norte de África y agregado militar en la Legación de EEUU en Lisboa (documento 2). Lo dirigía al brigadier general Raymond E. Lee, del servicio de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, Departamento de Guerra, en Washington, D.C. Puntualizaba que no dejaba copia dado que «la naturaleza de esta comunicación requiere el más extremado secreto».

El oficial norteamericano empezaba describiendo la fuente, y su importancia:

Acabo de pasar una semana en Madrid invitado por un viejo amigo mío, el capitán Allen Hillgarth, R[oyal] N[avy], y Agregado Naval de la Embajada británica, y logré conocer los detalles de un secreto que es compartido sólo por mi anfitrión, Sir Samuel Hoare, Mr. Churchill [primer ministro y primer lord del Almirantazgo], Lord Halifax [ministro de Asuntos Exteriores] y Mr. Eden.

Evaluaba la información en los siguientes términos:

La fuente de la información anterior es absolutamente irreprochable, y el hecho de que Gran Bretaña, a pesar de todos los reveses británicos, haya sido capaz de mantener a España en posición no beligerante, añade peso a la información anterior. La importancia de este complot no puede ser subvalorada cuando uno considera que la base naval de Gibraltar está a merced de los cañones españoles, y que si algo pasara en Suez, la Gran Bretaña necesitaría ser apoyada plenamente en España para mantener a este país no beligerante.

Los antecedentes guardaban relación con la evolución del conflicto del Reino Unido con Alemania:

En el verano de 1940, después del colapso de Francia, la entrada de España en la guerra del lado del Eje era considerada inminente, pues en esa época el Gobierno español y la mayoría de los altos oficiales del Ejército español creían firmemente en la victoria alemana. A la vista de la vulnerabilidad de la base naval británica de Gibraltar, la cuestión de mantener a España fuera de la guerra era una gran preocupación para el Gobierno británico, y la principal tarea de sir Samuel fue la de prevenir que España se uniera a las fuerzas del Eje. Al capitán Hillgarth6, debido a su prolongada residencia en España, a su profundo conocimiento de los españoles y de oficiales del Ejército y de la Marina española, se le confió la misión de encontrar la manera para resolver lo que parecía ser una importante situación donde los medios diplomáticos y políticos usuales no serían de ninguna ayuda dadas las fulgurantes victorias alemanas y la débil posición del Gobierno británico.

II. Juan March

El medio ingeniado era comprar a generales en posiciones de mando. El vehículo fue Juan March, el financiero de la insurrección contra el Gobierno democrático español en 1936:

Se decidió que debía hacerse un esfuerzo para generar en los círculos del Ejército español una actitud hostil a la entrada de España en la guerra, y se estimó que la mejor manera de lograrlo era sobornar a los generales españoles regalándoles dinero. El hombre seleccionado para esta acción era el bien conocido capitalista español Juan March quien, debemos recordar, fue el hombre que contribuyó a financiar la campaña de Franco.

Juan March invocaba ante los generales motivos de alto patriotismo, aparentando como que arriesgaba dinero propio:

Ni qué decir tiene que todas las negociaciones fueron conducidas con la consumada habilidad de que es capaz Juan March, disimulando cuidadosamente las huellas de Gran Bretaña y haciéndola aparecer como una iniciativa enteramente española, financiada por bancos e inversores españoles, con el único objeto de ahorrar a España los horrores de otra guerra.

¿Cuánto invertía el gobierno británico en sobornar al Mando del Ejército de Franco? En enero de 1943 el dólar se cotizaba a 21 pta. El valor adquisitivo de 210 millones de pta. de 1941 equivalía a más de 17 310 millones de pta de 1993 (más de 142 millones de dólares)7. Enorme suma para generales cuyo sueldo mensual apenas sobrepasaba cinco mil pta (238 dólares). Poco para lo que Gran Bretaña y su Imperio se jugaban8:

March contactó a un grupo de importantes generales españoles, en un número de alrededor de treinta, y sus argumentos ante los generales estaban respaldados por una suma de 10 000 000 de dólares puesta por el Gobierno británico a la disposición de aquéllos.

Pero el pago del precio estaba subordinado a una condición suspensiva a plazo fijo:

Se convino un acuerdo de seis meses de duración, que vencía en mayo de 1941, para que los generales insistieran en mantener la neutralidad de España durante ese período de tiempo.

A los generales, del dinero era mostrada la señal. Estamos ante un contrato de obra y no de arrendamiento de servicios. El enlace del gobierno británico entregaría la recompensa una vez demostrado el cumplimiento del trato:

La moneda fue depositada en Nueva York, pero los generales tenían permitido retirar algunas sumas en pesetas que les serían descontadas del monto total, a un tipo de cambio previamente acordado, cuando llegara el día de pagar el soborno.

¿Qué generales entraban en la operación? Señalaba al general Orgaz, jefe del principal cuerpo de tropas del Ejército, el estacionado en Marruecos (donde comenzó la sublevación militar de 1936), a quien describía como comandante general de Canarias –el destino que tenía Franco al sublevarse el 17 de julio de 1936. Y distinguía entre todos al general Aranda –«el famoso defensor de Oviedo, que ocupaba el puesto de director de la Escuela de Guerra en Madrid»–, llevándose la mayor parte de la recompensa –dos millones de dólares– dado que «se espera que esté a cargo de las Fuerzas Armadas españolas cuando la “Falange” sea derrocada». El objetivo británico era derrocar el Gobierno existente en 1940-1942, de mayoría falangista.

Los estipendiados se sentaban en el Consejo Superior del Ejército. Y efectivamente, en los primeros días de diciembre de 1940, aquél desaprobaba, por unanimidad, que España declarara la guerra al Reino Unido. El propio general Aranda informó de ello a uno de los agregados militares británicos en Madrid.

Relata José María Gil-Robles que el 14 de febrero de 1943 recibió en Portugal la visita de Juan March:

Según March, un grupo de generales se muestra cada vez más hostil a la política franquista. Forman ese grupo Aranda –que se dedica a cultivar a los elementos de izquierda–, Orgaz, Varela y Kindelán. Este último es el que más intransigente se muestra con Franco9.

Llegada la fecha del vencimiento del acuerdo –mayo de 1941–, continúa diciendo el teniente-coronel Solborg que el dinero británico –siempre gestionado por Juan March– no fue entregado a los conjurados, sino que la condición a cumplir quedó prolongada en otros seis meses –hasta noviembre de 1941–, «y un millón de dólares adicional fue agregado al fondo para cubrir la participación de nuevos miembros».

Vencido el segundo plazo, de nuevo fue ampliado por otros seis meses –hasta julio de 1942. Previo incremento del premio en otros dos millones de dólares. El total desembolsado por el Gobierno británico en el soborno ascendía así, en abril de 1942, a trece millones de dólares. Cierto es que el 15 de diciembre anterior los integrantes del Consejo Superior del Ejército –Varela, ministro del Ejército, Orgaz, Saliquet, Dávila, Ponte y Kindelán– fueron unánimes en manifestar a Franco que España no debía entrar en guerra con Gran Bretaña10.

El camino seguido por aquel tesoro fue accidentado. Surgió un sobresalto en 1941

cuando sobrevino la decisión del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos de congelar las cuentas de los beligerantes depositadas en bancos norteamericanos, y entiendo que con muchas dificultades finalmente se logró por un acuerdo especial, secreto, entre los gobiernos británico y el nuestro [norteamericano], que dichos fondos fueran transferidos a Suiza11.

El dinero quedó depositado en bancos suizos de modo tal que su control directo nunca estuviera en manos de los sobornados. El grueso de los dólares fue aportado a una sociedad anónima, de la cual March distribuía entre los generales títulos o acciones. En pesetas contantes y sonantes sólo habrían recibido los militares algunos anticipos para «gastos corrientes y especiales». El control británico –vía March– sobre los generales fue así mantenido a lo largo del tiempo. Algún día quizás se conozca cuánto tiempo duró la Sociedad Anónima, los cambios en los titulares de acciones, la evolución de su valor, si conocían la identidad de los restantes socios, la parte que se reservó el intermediario March y los beneficios colaterales para sus negocios. Un interrogante surge aquí, inevitable: en 1940-1942, Juan March, inconmensurablemente más rico que en 1936, no arriesgó dinero propio, ¿lo hizo al financiar la insurrección de 1936?

El general Kindelán, en carta de 25 de diciembre de 1943 a Franco, decía: «no poseo una sola acción de sociedad anónima ni ninguna otra propiedad», y a continuación le prevenía –matizando que no deseaba “sonar a delación”– del riesgo de desunión en el Ejército que «podría desembocar en un vergonzoso caudillaje», si no hacía posible el tránsito «al régimen monárquico “por Franco y con Falange” [...], comenzando por una Regencia, por Vd. con plena dignidad ejercida [...]. La fecha de la coronación del Rey será opinable y discutible, pero la urgencia de instaurar el Régimen en su forma de Regencia, lo es»12.

III. Ofrecimiento de golpe militar

El informe del Agregado Naval británico al teniente-coronel Solborg anunciaba algo más: la oferta por los sobornados de derrocar al Gobierno y sustituirlo por otro alineado con el Reino Unido y EEUU:

A medida que cambiaba el escenario en la escena internacional, tras los éxitos rusos y nuestra entrada en la guerra, esos gene­rales españoles que al principio hacían melindres a entrar en el acuerdo, hoy están más que ansiosos por mantenerlo e incluso han ido tan lejos como para sugerir que debe hacerse un pacto preciso, por escrito, con el gobierno británico que garantice el apoyo y la ayuda de éste a los generales cuando decidan derrocar al actual gobierno y ponerlo del lado de los Aliados13.

Pero el objetivo de Londres era controlar el alineamiento exterior del régimen de Franco, no acabar con éste. Los generales eran pagados para fines y secuencias decididos por el gobierno británico. Se observa cierta cautela y vacilación al pedir respaldo para derrocar el régimen:

No hay insistencia de parte de los españoles para establecer un acuerdo bilateral. Según mi información, se contentan con obligarse a una acción en favor de los Aliados cuando llegue el momento oportuno, y desean tan sólo que semejante compromiso sea firmado por un representante autorizado del Gobierno británico.

Una constante en la intervención de las Potencias es cooptar clien­tes que les sirvan a cambio de respaldarlos. Muchos cambios –y continuidades– en la dirección del Estado español tienen claves externas mal conocidas. También en períodos que no desembocaron en guerra interna. Ante el entusiasmo de los sobornados «Sir Samuel Hoare vacila sobre si debe firmar tal documento, el capitán Hillgarth ha sido convocado a Londres a una reunión con el Primer Ministro sobre este punto y sale en avión desde Lisboa el próximo miércoles».

En la precaria situación en que se hallaba, el Reino Unido no decidía ya por sí mismo algo tan trascendente sin previo acuerdo con EEUU. Que a la sazón estaba preparando su desembarco en el Mediterráneo meridional –Marruecos, 8 de noviembre de 1942. De ahí que los servicios de información británicos estimaran necesario informar a los de EEUU de las perspectivas que abría el soborno. El teniente-coronel Solborg seguía:

He recibido repetidos requerimientos de los británicos en Londres para que vaya y me reúna con ellos para discutir varios aspectos de operaciones especiales, y parto también el miércoles en el mismo avión que el capitán Hillgarth. El arreglo que me han hecho los británicos para que viaje a Londres al mismo tiempo que Hillgarth, y me encuentre allí mientras éste sostiene tales conversaciones con el Gobierno, no son una mera coincidencia, y creo que dispondré de un capítulo adicional de esta tragedia, o mejor diría tragicomedia, para informarle después.

En aquellas fechas los servicios de información de EEUU estimaban que España estaba madura para un cambio político interno. Constataban que «la gente sencilla sufre, como de costumbre, pues hay mucha hambre y miseria en todo el país. El peculado y la corrupción son rampantes [...]». Dos organizaciones detentaban los resortes del Estado:

En términos generales, la situación en España es muy crítica y preñada de toda clase de posibilidades. Franco deberá decidir pronto si se pone del lado del Ejército o de la Falange. La animosidad del Ejército contra el Partido es prácticamente abierta, y sólo el miedo de las consecuencias evita que la olla se desborde.

El cambio podía ser amplio en sus medios y consecuencias o limitado. La segunda opción consistía en alejar al Partido Único progermánico –la Falange Española y de las jons