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Los/las manifestantes cuestionaron las coberturas mediáticas, los intereses editoriales y poderes fácticos tras los mass media. Se exigía medios de comunicación que cumplieran su papel público: informar veraz y oportunamente.
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© LOM ediciones Primera edición, mayo de 2021 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN impreso: 9789560014085 ISBN digital: 9789560014238 Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56–2) 2860 68 00 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Registro n°: 105.021 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile
Comunicación en tiempos de revuelta
Juventud, televisión, violencia y rebelión social
La velocidad del sonido
Comunicación independiente: nuevos relatos comunes que cobran sentido
Algoritmos y desinformaciónen tiempos de crisis
Disputa simbólica y discursos críticos de la rebelión popular de Chile
El derecho a comunicar de los pueblos indígenas: evidencias de la movilización social y desafío del proceso constituyente
Registrar, estimular, resignificar. El estallido social de octubre de 2019 en la producción audiovisual.
Aquilatadas las primeras semanas post 18 de Octubre de 2019, embargaba el ambiente político, social y académico una especie de incertidumbre y esperanza únicas que hacían imposible obviar el tema y muy difícil levantar cualquier proyección certera. De algún modo, todas y todos estábamos obligados a buscar más explicaciones, profundizar análisis y repensar perspectivas a futuro que pudieran abrirse tras el ciclo de movilizaciones más importantes de las últimas décadas en el país. En medio del extendido Estado de excepción y las movilizaciones masivas, de a poco comenzaron a reabrirse universidades y espacios públicos o privados que habían visto interrumpido su quehacer habitual producto de las protestas y de la reacción policial. Con el paso de los meses y el anuncio institucional de la apertura de un camino constituyente que al fin abría la posibilidad de discutir una nueva Constitución para Chile, la sola idea de problematizar las bases de la cúspide de la pirámide jurídica impuesta en dictadura y, con ello, debatir el sustento del modelo neoliberal hecho nomenclatura jurídica, abría perspectivas impensadas. Sin embargo, la «salida institucional», anunciada a través de un hipermediatizado y cuestionado «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución»1, interponía profusas dudas sobre el proceso y su garantía efectiva de participación popular.
Por esos días, comunicadores y comunicadoras, reporteros ciudadanos, fotoperiodistas, profesores y estudiantes, en general, el mundo asociado al ejercicio y estudio de la comunicación, debatíamos –entre el asombro y la esperanza– la enorme crítica social emanada de las movilizaciones, para cuestionar el devenir de los medios y sus contenidos. Desde el primer día de protestas se cuestionó las parrillas programáticas, las coberturas mediáticas, los intereses editoriales y poderes fácticos tras los mass media. Por primera vez, muchos y muchas pudimos analizar in situ, en vivo y en directo, cómo la crítica social del pueblo movilizado del nuevo Chile también exigía un periodismo ético y medios de comunicación capaces de respetar los derechos de las personas.
A la vez, un trabajo reporteril de cobertura ciudadana comenzó a ser ampliamente reconocido por las masas y se transformó en herramienta clave para salir a las calles y conocer de primera fuente lo que estaba ocurriendo en materia de movilizaciones sociales, represión policial y violaciones a los derechos humanos que afectaban a actores y actrices movilizados.
En ese ajetreado contexto, comenzaron a surgir las primeras ideas de publicar una serie de análisis y artículos que pudieran revisar específicamente el problema del ejercicio periodístico y la comunicación en el marco de la revuelta. ¿Cómo se producía este hastío popular con las coberturas mediáticas tradicionales? ¿Cuánto descrédito se había acumulado en la población por años para que la crítica a los medios se transformara en una de las principales consignas de las protestas masivas? ¿Cómo consiguieron alcanzar tanta credibilidad nacional e internacional esos medios populares que incluso llegaron a ser factor de prueba para los informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos? Un sinnúmero de interrogantes que de alguna manera motivan, interpelan y dan sustento a esta publicación. La invitación de LOM ediciones a problematizar la cuestión de los derechos asociados a la comunicación, al ejercicio del periodismo y las coberturas mediáticas en el contexto de la revuelta (además de indagar en sus efectos para el debate constituyente) resultó ampliamente seductora para aproximarnos a esas inquietudes. Así, profesoras y profesores del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile asumimos el compromiso de interpelar lo vivido, de problematizar la comunicación y discutir sobre el eje discursivo mediático hegemónico y alternativo, en el marco de la rebelión popular que explosionó a este Chile.
Más de un año después de asumir el compromiso con los contenidos de esta publicación, tras el duro escenario de pandemia mundial vivido, las mismas y más preguntas aquí planteadas resultan vigentes. El proceso de manifestaciones críticas al modelo político, social y económico neoliberal impuesto en el país sigue su curso a través de las más diversas expresiones; también en el ámbito de la comunicación. Mientras, la discusión constituyente se abre camino entre la vía institucional y la presión popular, cuya expresión en el plebiscito de octubre de 2020 arrojó un aplastante triunfo de la opción «apruebo» una nueva Constitución, con un 80% de adhesión. Este libro recopila diversos artículos que problematizan todas estas cuestiones y que ahondan, desde distintos lugares, en el problema de los medios de comunicación, el ejercicio periodístico tradicional y aquel alternativo–resistente–contrahegemónico, que ha hecho de principal registro de las movilizaciones sociales.
Entre los textos aquí publicados, podrán encontrar el artículo de Lionel Brossi, Ana María Castillo y Vicente Rodríguez sobre desinformación en tiempos de crisis, y los filtros algorítmicos tras las redes sociales y su impacto en las formas de organización y movilización social. En otro sentido, podrán revisar el texto de Jorge Iturriaga e Iván Pinto acerca del registro audiovisual del estallido, y el análisis de la experiencia de colectivos audiovisuales que se agruparon para registrar la movilización social como alternativa contrahegemónica a la televisión masiva. Dino Pancani traslada al análisis sobre las y los jóvenes movilizados y su representación mediática en la rebelión social, profundizando en lo que llama la «violentización» de los adolescentes de parte de los medios de comunicación tradicionales, proceso que coincide con el hostigamiento gubernamental. Claudia Villagrán aborda el derecho a comunicar de los pueblos indígenas, tras su histórica omisión, tergiversación y folclorización en los medios de comunicación masiva que, tras su visibilización en el marco de la revuelta, ha abierto un enorme desafío para el proceso constituyente en curso.
En tanto, Juan Ortega y Patricio Jara se acercan al análisis de los medios de comunicación en dos sentidos complementarios. Mientras Ortega analiza lo que denomina «la voz de la calle» en la disputa comunicacional, ahondando en el rol que han jugado los medios y plataformas de comunicación alternativa como espacios de disputa de la construcción de la realidad, Jara profundiza en el papel de la radio. Así, examina factores como la inmediatez noticiosa de este medio tradicional, en tiempos de crisis social, y los efectos que provocó la revuelta en los cambios de pauta y estrategias de cobertura que, desde las encuestas, sitúan a la radio por sobre el alcance de las redes sociales.
Desde una perspectiva de análisis del discurso, me tocó transitar la reflexión hacia el estudio de la disputa discursiva tras la experiencia del 18 de Octubre, problematizando la resistencia de los relatos de actrices y actores movilizados frente al discurso político mediático. En otras palabras, el análisis de la disputa hegemónica al imaginario neoliberal. Incluso, en el amasado concepto de «estallido social».
En la publicación que tienen en sus manos podrán encontrar distintas perspectivas de aproximación, problematización y debate sobre los derechos asociados a la comunicación, al ejercicio del periodismo y al devenir de medios alternativos y tradicionales en tiempos de revuelta popular en Chile. La apuesta: constituir un aporte a la reflexión crítica de estas materias que pueda servir de insumo para un debate constituyente que, esperamos, efectivamente incorpore la participación ciudadana en un sano ejercicio de soberanía popular. De ser así, sabemos que es posible comenzar a trabajar por el fin de este largo proceso de transición pactada que ha azotado nuestro país desde el fin de la dictadura. Con ello, se abre la esperanzadora posibilidad de abrir paso a una democracia de mayor calidad, con espacios de participación efectiva, capaz de garantizar los derechos básicos que requiere toda persona para vivir con dignidad. Entre ellos, el derecho a la comunicación, como uno de los tantos a garantizar con rango constitucional, para cimentar la reflexión acerca de construir –tanto en lo jurídico como en lo concreto– un modelo de desarrollo distinto al que ofrece el neoliberalismo.
Javiera OlivaresCoordinadora
1 Para conocer detalles de dicho acuerdo, firmado por diversos parlamentarios y parlamentarias de buena parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, revisar: <https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf>.
Dino Pancani2
Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe.
No lo vimos venir, nadie se lo imaginó, fue una sorpresa, son expresiones del poder político que justificaban no haber previsto la rabia, la ira, el cansancio que la gente tenía y que se expresó a través de movilizaciones sociales que se expandieron por todo el país, desembocando en un estado de desobediencia civil.
Reiteradas declaraciones que daban cuenta de cierta ignorancia sobre la violencia estructural que han avalado y que eran identificables si hubiesen observado las condiciones sociales en que vive la población.
La autoridad tampoco consideró y/o eludió como motivo de este «estallido» la violencia verbal dirigida a la población por parte de autoridades del gobierno y algunos parlamentarios oficialistas; ofensas y mofas vertidas a través de las redes sociales y medios de comunicación, especialmente la televisión.
Los ejemplos son numerosos: Un ciudadano propuso rebajar los sueldos de los parlamentarios y la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, principal partido de la ultraderecha, contestó: «Cualquier “patipelado” se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público». Una profesora emplazó a la ministra de Educación y un diputado oficialista escribió: «Hay un primate suelto». Aquellas palabras se sumaron a las descalificaciones negacionistas de parlamentarios de derecha, referidas a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Dictadura.
Las ofensas derivaron en burlas; subir el valor del pasaje del ferrocarril metropolitano, suponía bajar el precio del boleto en horario de baja demanda: «El que madrugue será ayudado», dijo el ministro de Economía, proponiendo que los trabajadores lleguen más temprano a sus puestos de trabajo. En esa misma línea, otro secretario de Estado propuso que irse más temprano a trabajar redundaría en bajar el tráfico de los autos. Sobre las aglomeraciones en los consultorios, un ex ministro de Salud explicó que los pacientes quieren ir temprano a un centro de salud porque no solamente van al médico, «sino que es un elemento de reunión social»; su sucesor respondió a una parlamentaria que pedía mayores recursos para destinar a sanar y prevenir el cáncer: «A mí también me gusta hacer pedidos de Pascua». También describieron a la sociedad chilena como propietarios de «la casita, de dos departamentos». Dejo para el final la declaración que reúne ofensa y burla y fue hecha por el ministro del interior, Andrés Chadwick, quien al referirse al asesinato del comunero Camilo Catrillanca dijo: «Su muerte ha tenido origen en un delito común». Chadwick representa la continuidad entre Dictadura y gobiernos democráticos, de dirigente del pinochetismo devino a parlamentario y luego a secretario de Estado. Nunca ha enfrentado un juicio por los crímenes y atropellos perpetrados en Dictadura.