Balance temprano E-Book

Varios autores

• Herausgeber: Grano de Sal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2020

Beschreibung

"Este balance temprano es, sobre cualquier otra cosa, una convocatoria para evaluar la situación del país a partir de datos y hechos presentísimos, pues el ritmo de la improvisación y la destrucción demandan una respuesta rápida, así sea desde el campo del ensayo, el debate, las ideas". Ricardo Becerra y José Woldenberg, coordinadores de  " Balance temprano "  . A punto de cumplir dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador merece una evaluación rigurosa. Es lo que con agudeza y frialdad hace en estas páginas un grupo de académicos, atentos observadores de nuestra vida pública: Cordera y Provencio subrayan la falta de estrategia económica ante la crisis; Hernández Licona lamenta el desmantelamiento de los programas sociales; Woldenberg pasa revista a las pulsiones antidemocráticas del gobierno; Peschard muestra el dudoso combate a la corrupción; López Ayllón, López Noriega y Martín Reyes exploran la tirante relación del presidente con el derecho; Flores Vargas cuestiona la militarización de los más diversos ámbitos; Guillén López revisa la regresión de la política migratoria; Giménez Cacho desentraña las fuerzas externas que condujeron a la reforma laboral; Azuela, Carabias y Provencio muestran la injustificable ausencia de política medioambiental; Tudela señala la omisión del cambio climático en las prioridades estatales; Romero Vadillo identifica los retrocesos de la nueva reforma educativa; Acosta Silva alerta sobre la carencia de directrices para la educación superior; Salazar Ugarte analiza los retrocesos de la laicidad; Rojas contempla el fin del Estado cultural mexicano; Lazcano Araujo critica las acciones estatales en torno a la ciencia; Trejo Delarbre aborda los abusos en la comunicación gubernamental; Chertorivski exhibe los principales yerros en la gestión de la pandemia, y Sánchez Talanquer retrata el personalismo y la persistencia de drásticas políticas neoliberales. Convocados por Ricardo Becerra y José Woldenberg, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, estos autores hacen aquí un llamado a reaccionar y discutir —desde la izquierda democrática— las múltiples crisis que ocurren en el presente mexicano.

Leseprobe

Balance temprano

Balance temprano

Desde la izquierda democrática

RICARDO BECERRA YJOSÉ WOLDENBERG, COORDS.

Primera edición, 2020

D. R. © 2020, Adrián Acosta Silva, Antonio Azuela, Julia Carabias,Salomón Chertorivski, Rolando Cordera, Carlos A. Flores Vargas,Luis Emilio Giménez Cacho, Tonatiuh Guillén López,Gonzalo Hernández Licona, Antonio Lazcano Araujo,Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega, Javier Martín Reyes,Jacqueline Peschard, Rafael Rojas, Enrique Provencio,Jorge Javier Romero Vadillo, Pedro Salazar Ugarte,Mariano Sánchez Talanquer, Raúl Trejo Delarbre,Fernando Tudela, José Woldenberg

Diseño de portada: León Muñoz Santini y Andrea García FloresFotografía de portada: © Andrea Murcia/CUARTOSCURO.COM

D. R. © 2020, Libros Grano de Sal, SA de CVAv. Río San Joaquín, edif. 12-B, int. 104, Lomas de Sotelo, 11200,Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mé[e-mail]deSal grano.de.sal

Todos los derechos reservados. Se prohíben la reproduccióny la transmisión total o parcial de esta obra, de cualquiermanera y por cualquier medio, electrónico o mecánico—entre ellos la fotocopia, la grabación o cualquier otro sistemade almacenamiento y recuperación—, sin la autorizaciónpor escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-98994-0-0

Índice

Prólogo |Ricardo Becerra y José Woldenberg

1. Cinco grandes prioridades de política económica |Rolando Cordera y Enrique Provencio

2. Dinero en efectivo como política social |Gonzalo Hernández Licona

3. Las pulsiones antidemocráticas |José Woldenberg

4. El dudoso combate a la corrupción |Jacqueline Peschard

5. Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben).La tensión entre Constitución, reformas y gobierno |Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes

6. Pacificación y militarización: el gran incumplimiento |Carlos A. Flores Vargas

7. Un paso adelante, tres atrás La política migratoriaen tiempos de AMLO y Trump |Tonatiuh Guillén López

8. La reforma laboral, a la mitad del río |Luis Emilio Giménez Cacho

9. ¿Cómo está la política ambiental? |Antonio Azuela,Julia Carabias y Enrique Provencio

10. El cambio climático: balance temprano |Fernando Tudela

11. En educación, retroceso evidente |Jorge Javier Romero Vadillo

12. La educación superior en la nueva utopía |Adrián Acosta Silva

13. Una laicidad muy religiosa |Pedro Salazar Ugarte

14. El ocaso del Estado cultural mexicano |Rafael Rojas

15. Transiciones políticas y desarrollo científico.Notas y reflexiones sobre el caso mexicano |Antonio Lazcano Araujo

16. La perorata interminable Rasgos de la (im)políticade comunicación de López Obrador |Raúl Trejo Delarbre

17. La gestión del gobierno mexicano ante la pandemia |Salomón Chertorivski

18. Política personalista y neoliberalismo desde la izquierda |Mariano Sánchez Talanquer

Notas

Los autores

Prólogo

Ricardo Becerra y José Woldenberg

Solamente puedo decir que sobre esta tierra hay plagas y hay víctimas, y que, en la medida de lo posible, uno tiene que negarse a estar del lado de la plaga

ALBERT CAMUS,La Peste

Los meses trágicos del año 2020 no crearon, pero sí continuaron y profundizaron, una crisis que ya padecía el país en casi todos los órdenes.

La inverosímil caída del producto interno bruto —que confirma una depresión económica en este año— había sido precedida por un retroceso previo, con un resultado debajo de cero ocurrido en 2019. A la ortodoxa “disciplina fiscal” —signo distintivo de cualquier política neoliberal— se agregó la “austeridad” y la obsesiva contención del gasto, con una explícita aversión a cualquier reforma fiscal. Los impuestos pasaron a ser una mala palabra en el sexenio.

El debilitamiento del sistema público de salud tiene sus orígenes en años previos. Su presupuesto venía cayendo, pero esta situación no se corrigió en 2019 y tampoco en 2020 —ni siquiera en el área de control epidemiológico—, a pesar que desde Asia ya nos llegaban severas advertencias del sufrimiento que anunciaba la pandemia.

Las nuevas oleadas migratorias ya eran una realidad a la mitad de la década anterior y la dificultad para administrar su tránsito representaba un enorme desafío político y humanitario para el Estado mexicano. No obstante, en un giro inesperado, el país modificó su política hacia los migrantes para hacerla más restrictiva y cruel que la anterior, echando mano de la Guardia Nacional. El medio ambiente y su política no figuraron entre las grandes prioridades de la década pasada, pero el giro dado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ha acentuado el menosprecio a las instituciones y las capacidades públicas referentes al desarrollo sustentable. La política cultural vivía en una suerte de pasmo, sin gran visión ni promoción, pero ese pasmo fue sustituido por la demolición delmodelo cultural, que con trabajos apoyaba el gobierno mexicano. El Estado laico no fue una bandera activa en los años del presidente Peña Nieto, pero la confusión, los retrocesos y la incomprensión de su significado son un rasgo distintivo del presente gobierno: la distancia entre el Estado y las iglesias (especialmente las evangélicas) es más corta que nunca. Y en materia política las tendencias no son democráticas: polarización como método diario, persistente centralización y concentración del poder en la presidencia de la República, desprecio y descoordinación con los gobiernos de los estados, aversión hacia los organismos autónomos, hostigamiento a la crítica y a la prensa independiente, desdén por el diálogo político, rechazo al pluralismo y no pocos lances de imposición autoritaria, como la prolongación del mandato en Baja California —en buena hora frustrado por la Corte—, la instalación de “súper delegados” en toda el país o el nombramiento —tres veces ilegal— de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ni más ni menos.

En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, es difícil encontrar un campo de la política pública que no haya sido tocado o alterado por ese instinto que desprecia lo avanzado, lo conseguido, lo construido por generaciones anteriores, actitud que no soluciona sino que profundiza los síntomas de nuestras patologías previas. Ésta es una de las coincidencias básicas contenida en los 18 ensayos de esta obra.

Desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) consideramos que la situación es a tal punto grave que corresponde convocar a la realización de un balance más o menos urgente y puntual acerca del rumbo que el país ha tomado, a partir de las observaciones y la experiencia real de los autores aquí reunidos, todos ellos especialistas de primer nivel en cada uno de sus campos: Adrián Acosta Silva, Antonio Azuela, Julia Carabias, Salomón Chertorivski, Rolando Cordera, Carlos A. Flores Vargas, Luis Emilio Giménez Cacho, Tonatiuh Guillén López, Gonzalo Hernández Licona, Antonio Lazcano Araujo, Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega, Javier Martín Reyes, Jacqueline Peschard, Rafael Rojas, Enrique Provencio, Jorge Javier Romero Vadillo, Pedro Salazar Ugarte, Mariano Sánchez Talanquer, Raúl Trejo Delarbre y Fernando Tudela. Un elenco diverso y multidisciplinar, acompañado de quienes somos encargados de coordinar los trabajos y formular esta introducción.

Estebalance tempranoes, sobre cualquier otra cosa, una convocatoria para evaluar la situación del país a partir de datos y hechos presentísimos, pues el ritmo de la improvisación y la destrucción demandan una respuesta rápida, así sea desde el campo del ensayo, el debate, las ideas.

A las dificultades propias de la confección de un libro como éste, se agregaron las que han impuesto el confinamiento y los riesgos traídos por la pandemia. Eso explica, en parte, que algunos temas centrales no hayan podido ser abordados —la inaudita situación de y la incomprensible política hacia las mujeres en este tiempo, o la indispensable reforma fiscal— y, no obstante, creemos que, por la calidad de las plumas reunidas y por la relevancia temática que de todos modos se alcanza, podemos ofrecer un panorama muy completo del México en el dramático bienio 2019-2020. La discusión de nuestro instituto tuvo fortuna pues encontró en la editorial Grano de Sal y en su director, Tomás Granados Salinas, un decidido impulsor y, más allá, un aliado profesional capaz de ofecer en breve tiempo el presente volumen.

Crear un contexto de exigencia pública, un llamado de atencióndesde la izquierda democrática,es el otro propósito de este volumen, pues muchas decisiones vertebrales que definen el mandato de López Obrador hasta hoy no se encuadran, no caben en ese espacio de la geometría política: ni la militarización efectiva de la seguridad pública, ni el superávit primario (gastar menos de lo que recauda en un país con tantas necesidades), ni la enfática alianza con el presidente Trump, ni el trato dado a los migrantes, ni la rebaja absoluta a la política del desarrollo sustentable, ni el desparpajo y las deferencias especiales hacia las iglesias evangélicas (por poner sólo algunos ejemplos) pueden considerarse —ni lejanamente— parte del arsenal propio de una izquierda comprometida con la democracia.

Una última nota sobre la idea que el gobierno tiene de sí mismo. Como se sabe, muchas de las decisiones y las acciones que se señalan en el presente volumen están cuestionadas y son controvertidas por su legalidad, por su alcance y su arbitrariedad, de modo que atravesamos por un extraño pasaje de litigio constitucional —intentona de modificarlo todo— que, de prosperar, perfila para México una versión del presidencialismo monstruoso y recargado. Todo ello ocurre a partir de un equívoco: asumir que por haber ganado unas elecciones se encarna “la voluntad del pueblo” y por lo tanto está permitido hacer cualquier cambio o alteración en las instituciones y en la vida pública.

Decididamente no: en realidad, hay muchas cosas que la mayoría no puede hacer porque existen límites democráticos, constitucionales; unos linderos y unas condiciones que en su momento les permitieron existir, expresarse y reproducirse hasta convertirse en la mayoríade hoy,a la que a su vez le corresponde observar y respetar los fundamentos de la coexistencia más básica, resumida en una república federal, democrática, con división de poderes, laica.

Estas páginas están recorridas por esa preocupación y son expresadas en tono de urgencia, pues son cuestiones en las que se juega ahora mismo el presente y el futuro del país, sus reglas fundadoras, su democracia y, más allá, lo más elemental de nuestra convivencia.

1. Cinco grandes prioridades de política económica

Rolando Cordera y Enrique Provencio

La tercera década del siglo XXI quedará marcada por la conmoción múltiple del covid-19, que irrumpió al inicio de 2020 en su dimensión sanitaria y que pronto derivó en una profunda crisis económica con intensas repercusiones sociales y humanitarias. Las crisis económicas tienen un efecto destructor y a veces deletéreo. Sus efectos pueden prolongarse durante periodos largos, cuando la profundidad, la extensión y la duración de las recesiones impacta desmedidamente en los niveles de producción, inversión, empleo y otras variables clave. Para que esto no ocurra, o que al menos se atenúe, la política económica debe adaptarse para propiciar una recuperación sostenida y sobre todo para introducir correcciones de más largo alcance que favorezcan un mejor curso de desarrollo.

En sentido estricto, y en su faceta propiamente económica, la segunda gran recesión económica mexicana del presente siglo se inició con el estancamiento de 2019, es decir, antes de la pandemia del coronavirus. La primera fue, por supuesto, la ocurrida entre 2008 y 2009, que dejó sus huellas en varios terrenos, sobre todo sociales, en los que diez años después apenas se estaban superando los daños. Pero el punto de fuga que impone el covid-19 y su crisis interconstruida entre muchas dimensiones y escalas hace palidecer las experiencias anteriores y las comparaciones, pues muestra una realidad tan inédita como sorprendente, que se resiste a denominaciones y caracterizaciones.

En nuestro caso, el de México, lo que también resulta al menos sorprendente es que, ante una situación extraordinaria en todos los sentidos, las respuestas gubernamentales de política económica y social apenas hayan variado su rumbo y quedaran prácticamente inalteradas, como si se hubiera tratado de una oscilación leve y pasajera, que pronto quedaría atrás para volver a escenarios prometedores. Y no: las trayectorias previas a la pandemia no iban bien encaminadas antes del covid-19 y los acontecimientos de 2020 no son transitorios ni fácilmente superables.

Al contrario: la crisis múltiple de la pandemia nos colocó ante las insuficiencias y las vulnerabilidades crónicas de nuestro atraso —la desigualdad y la pobreza—, nos ubicó frente a las limitaciones de las estrategias de desarrollo y sus programas para atender las urgencias inmediatas, nos confrontó con los rezagos estructurales que nos han mantenido durante más de tres décadas en un rumbo de muy bajo crecimiento y creación de empleos dignos y bien pagados, nos expuso a las limitaciones del diálogo público y de las relaciones y los liderazgos políticos y gubernamentales, y nos plantó con mayor crudeza de cara a las incertidumbres de un mundo conmocionado por disrupciones de todo tipo.

La pandemia develó esas y otras realidades de golpe y de forma generalizada, y sobre todo por medio de la cruda y desigual exposición a la enfermedad y la muerte, de la fragilidad del basamento económico que debe sostener empleos, ingresos y medios de vida de la población, del limitado alcance de las redes de seguridad para amortiguar las emergencias y de la insuficiencia y la fragmentación de la oferta de bienes públicos y servicios necesarios para proteger a la sociedad y sus grupos más necesitados. Por todo ello, la crisis de 2020 nos confronta no sólo con las urgencias, de por sí complejas en su entendimiento y respuesta, sino también con los modos nacionales de organización para el desarrollo y, por lo tanto, nos llama a repensar tanto la recuperación como el reordenamiento de prioridades y medios para salir de la crisis enfilados hacia rumbos de desarrollo más promisorios.

ANTES DE LA PANDEMIA

Al terminar el primer trimestre de 2020, cuando estaban recién decretadas las medidas de aislamiento y cuarentena por el covid-19, y la movilidad y parte de las actividades económicas se desplomaban, la economía mexicana ya completaba cuatro trimestres consecutivos en decrecimiento económico. En conjunto, el producto interno bruto de 2019 tuvo un decrecimiento de 0.3% anual,1pero los antecedentes inmediatos del tropiezo económico del primer año del nuevo gobierno venían al menos desde el segundo semestre de 2015. Lo muestran distintos indicadores, en especial los agregados de la producción. La caída de los precios y de los volúmenes de producción del petróleo, ocurridos a mediados de 2015, y después las medidas de consolidación fiscal y los recortes presupuestales de 2016 contribuyeron mucho a que la economía fuera perdiendo vigor en los siguientes años.

Pesaron también las incertidumbres provocadas por el gobierno deTrump a principios de 2017 y en especial las amenazas de suspender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros aspectos que crearon un clima de desconfianza y que afectaron las inversiones privadas, mientras la inversión pública se reducía año tras año. Además incidió el clima de inquietud política que se generalizó en 2015, luego de los escándalos de corrupción y los hechos lamentables de Iguala, y del agravamiento de la inseguridad pública, entre otros elementos que incidieron en las expectativas y las decisiones económicas.2A mediados de 2015 se esperaba que la economía mexicana creciera a tasas de 4% anual los siguientes años, pero desde entonces tal expectativa empezó a declinar para cerrar la década en una expectativa de 2% y con una tendencia a la baja. De hecho, el último trimestre de 2018 ya tuvo un ligero decrecimiento del PIB medido con ajuste estacional.3

En el primer año de gobierno, buena parte de las opiniones se ocuparon de caracterizar la situación y las tendencias económicas, tratando de esclarecer si México estaba o no en recesión, si se encontraba en estancamiento o en una desaceleración de las actividades productivas, del consumo y de los demás agregados. Éste no fue sólo un intercambio de dichos técnicos sino que tuvo una clara componente política, pues por parte de las autoridades federales hubo un empeño constante por restar importancia a los indicios o las evidencias que mostraban que la actividad económica ya perdía fuelle desde principios del nuevo gobierno, y sobre todo por eludir la discusión acerca de la necesidad de favorecer políticas que contuvieran la desaceleración y propiciaran el crecimiento económico.

En términos generales, el mal comportamiento económico de 2019 se debió sobre todo a tres factores: primero, a la caída de las inversiones privadas, que suelen ser el principal factor de dinamismo o estancamiento de mediano plazo; segundo, al débil desempeño del consumo, que es el componente más grande de la economía, con más de la mitad de la demanda, y, en tercero, a la reducción de los gastos gubernamentales generales, especialmente los de inversión. Si la economía no entró en una recesión o caída más significativa ese año, que habría afectado no sólo al producto sino también al ingreso, al empleo y a las ventas al menudeo, fue porque a pesar de todo el consumo nacional se sostuvo, entre otras razones porque los salarios se recuperaron significativamente durante 2019 y porque las exportaciones mantuvieron cierto dinamismo, al menos durante una parte del año.4

Una de las decisiones notables y positivas de 2019 fue la mejora de lossalarios, y no sólo de los mínimos. El salario mínimo real tuvo un aumento de casi 13%, el más elevado de las últimas cuatro décadas, tras unas alzas menores que ya se habían iniciado en 2016. Esta decisión puede ser considerada como uno de los cambios más significativos y positivos en la política económica, pues frenó la muy prolongada historia de castigos a los trabajadores asalariados de menores ingresos y tuvo repercusiones en los salarios mayores al mínimo. De hecho, el salario promedio de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó en poco más de 3% en términos reales en 2019 y algo parecido ocurrió con los salarios medios en general.

La crisis de 2020 probablemente cambie la expectativa de recuperación sostenida del salario mínimo para los siguientes años, pero la experiencia inicial mostró que su supuesto efecto inflacionario era una rémora intelectual. El deterioro del mínimo durante décadas fue tan profundo y prolongado que recuperarlo llevará mucho tiempo. La decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de diciembre de 2019 se adoptó en línea con el objetivo de conseguir que, hacia mediados de la década, el mínimo alcance el nivel equivalente al costo de lo que necesitan dos personas para superar la línea de bienestar que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), criterio con el que estaban de acuerdo incluso algunos organismos empresariales. Éste es uno de los aspectos que sería muy conveniente que se incluyera en las discusiones sobre la recuperación económica y en la estrategia de más largo plazo, pues está vinculado íntimamente con la superación de la pobreza por ingresos.

Gracias a la política de recuperación, la masa salarial mejoró 6% en términos reales en el año transcurrido entre el tercer trimestre de 2018 y el tercero de 2019, y éste es uno de los elementos que mejor explica el fortalecimiento de la confianza económica de ese año, al menos la de los consumidores. El otro elemento fue la asignación directa de más transferencias monetarias a la población de ingresos más bajos, que fue percibida como una prioridad gubernamental a favor de los pobres.

El estancamiento económico de 2019 cobró cuentas sociales con el bajo crecimiento del empleo. La tasa de desempleo no aumentó, pero, si se toma en cuenta el número de asegurados en el IMSS, resulta que en 2019 sí continuaron creciendo, pero fue el menor aumento desde 2014. No es que la tasa de desempleo haya crecido mucho, pero aumentó la población en condiciones críticas de ocupación, lo que refleja mejor los problemas en el empleo. De hecho, en 2019 se creó menos de la mitad de empleos formales que en el promedio de los años 2013-2018, lo cual refleja claramente las consecuencias de la contracción productiva.

La política presupuestal del gobierno federal en 2019 y la aprobada para 2020 fueron restrictivas en general, con algunos reacomodos internos en el destino del gasto. Por un lado mejoraron las asignaciones en algunos programas bajo los nuevos criterios de asignación directa a la población beneficiada, aunque en conjunto las funciones de desarrollo social no hayan tenido un incremento efectivo como proporción del PIB. Por otro lado, se mantuvo una estrategia de reducción de la inversión pública en general y en algunos sectores, sobre todo en medio ambiente y agua, en comunicaciones y transportes, e incluso en salud y otros destinos de alta repercusión social, además de ajustar drásticamente los gastos corrientes y de operación de las actividades públicas. Sólo algunos proyectos de inversión, sobre todo en petróleo, tuvieron mejoras.

La trayectoria de contención y consolidación fiscal que se ejerció desde 2016 no cambió con el nuevo gobierno: se consolidó en el contexto de la oferta política de austeridad y combate a la corrupción, sin hacer gran distinción, con las consecuencias económicas de los ajustes presupuestales, sobre todo de la inversión pública, y del debilitamiento de los servicios y bienes públicos o de la capacidad operativa para el ejercicio de las funciones gubernamentales. Era indispensable e impostergable impedir dispendios y cualquier signo de corrupción en el quehacer gubernamental, implantar un ejercicio del gasto honesto y riguroso, y sobre todo lograr que el presupuesto favoreciera a los grupos de población de menores ingresos, pero muchas medidas se adoptaron sin estimar bien las consecuencias y en el camino se afectó a la misma población que se buscaba beneficiar. Esa línea de acción marcó también el ejercicio presupuestal de 2020, con consecuencias que más adelante se reseñan.

Es un hecho que el nuevo gobierno no intentó una política presupuestal menos restrictiva, que al tiempo de implantar nuevas prácticas de gasto favoreciera el fortalecimiento de los servicios y las funciones sociales, y sobre todo iniciara el proceso de recuperación de las inversiones públicas, sobre todo en el sur y el sureste del país. Era y sigue siendo necesaria, sobre todo ante las urgencias de recuperación, distinguir entre las prácticas anticorrupción, o la llamada austeridad republicana, y la austeridad económica. Esta última es nociva para el desarrollo social y para la salud económica general, pues deprime la demanda y sobre todo termina afectando la infraestructura y los propios servicios de educación y salud, los de abasto de agua y de calidad ambiental, los servicios de electricidad ylos de vivienda, entre otros, tal y como viene ocurriendo desde hace años, sobre todo después de 2016.

Los damnificados de la consolidación fiscal han sido muchos sectores, programas y proyectos y áreas, pero la inversión pública se cuenta entre los más dañados. Sus niveles se encuentran entre los más reducidos de la historia contemporánea de México. Las inversiones privadas no han complementado a las públicas y menos las han sustituido, y en conjunto la capacidad y el potencial de crecimiento han resultado dañados a largo plazo. Esto se agravó entre 2019 y 2020. A fines de 2019 hubo algunos esfuerzos por articular un programa de inversiones públicas y privadas que alentara la recuperación económica y fortaleciera las capacidades productivas. El resultado fue insuficiente para cambiar el rumbo económico y para frenar la desaceleración y el estancamiento.

La pandemia tomó a México, en resumen, con una economía en decrecimiento, afectada por la contracción de la inversión y, ya al iniciar 2020, de casi todos los agregados económicos. A fines de 2019, las exportaciones, sostén del crecimiento en los años previos, ya también estaban declinando. No todas las actividades o ramas económicas estaban claramente en crisis, pero algunas, como la construcción, ya arrastraban varios años de declive, afectadas por el muy bajo nivel de la obra pública o por las elevadas tasas de interés. Las actividades petroleras, por su parte, también tenían ya varios años en descenso, incidiendo no sólo en las finanzas públicas y en el ingreso de divisas, sino también en la dinámica de varias entidades federativas.

En la perspectiva regional, debe recordarse que no sólo los estados con mayor actividad petrolera registraban una contracción en 2019 y en años previos, aunque en el panorama de conjunto sí destaca el hecho de que algunas de las entidades del sur y el sureste cerraron la década pasada con los peores índices de desempeño económico y, de hecho, con niveles por debajo de los registrados en 2013, exceptuando a Yucatán y Quintana Roo, por supuesto, que tienen dinámicas bien diferenciadas. La convergencia de la crisis petrolera y del desplome de la inversión pública llevó a varios estados de la República a profundizar sus rezagos económicos y a distanciarse aún más del resto del país, y a reducir aún más sus potenciales de crecimiento futuro.

La previsión oficial para 2020 fue que la economía mexicana crecería en 2%, ya una meta disminuida frente a lo que se había esperado en línea con una trayectoria de mejor desempeño hacia 2024.5Al iniciar el año, tal meta se consideraba excedida y de hecho las estimaciones ya prefiguraban otro año incierto, en el que, si acaso, apenas se conseguiría frenar la desaceleración, gracias al relajamiento de la política monetaria, la reducción de las tasas de interés, un crecimiento de la demanda de exportaciones y la entrada en vigor del T-MEC.

EN LA PANDEMIA Y DESPUÉS

En sentido estricto, y al menos seis meses después de iniciada la pandemia de covid-19, México no tuvo una política económica nacional integrada y explícita frente a la crisis, al menos no en lo presupuestal y de apoyo al empleo y al aparato productivo. El rasgo más notorio es que, desde que se reconoció la emergencia, la respuesta gubernamental se sostuvo en el marco del programa de acción definido para 2020 y de hecho para todo el periodo 2019-2024, con unos ligeros ajustes. Ante la nueva y extraordinaria situación, no se reconoció la necesidad de adaptar el esquema preestablecido.

Como en tantos otros países, el impacto económico fue muy intenso, sobre todo en el segundo trimestre, con un efecto que se manifestará como la crisis más grave conocida desde la Gran Depresión de 1929-1932. Según lo estimado a principios de agosto de 2020, el PIB se reducirá un 10% durante el año.6Considerando las expectativas de crecimiento de 2021 en adelante, es probable que los niveles de producción de fines de 20187se alcancen entre 2025 y 2026 (véase la figura 1.1), si no se presentan fluctuaciones a la baja una vez iniciada la trayectoria ascendente en 2021.

Las consecuencias de largo alcance de este hecho —que el restablecimiento económico lleve entre cinco y seis años— pueden ser muy costosas no sólo en términos productivos y sobre todo sociales, por lo que exigen una reflexión colectiva y urgente sobre la necesidad de adoptar no sólo un programa de recuperación que permita acortar ese tiempo de espera para volver a los niveles productivos de 2018, sino sobre todo de repensar la estrategia de desarrollo de largo alcance, lo que al parecer no se encuentra ni en el imaginario colectivo, ni en las agendas políticas y ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y es que el efecto de fondo de esta interrupción va más allá de la simple recuperación de los niveles productivos, y puede extenderse y marcar el paso generacional, sobre todo de la población joven. Como una ilustración de este efecto de fondo, considérese la estimación resumida en lafigura 1.2, que compara los años que implicó la recuperación del producto por habitante en tres crisis previas, frente a lo que puede suponer la crisis de 2020. Como se sabe, la medida del producto por habitante es sólo una aproximación que no toma en cuenta los efectos distributivos y que tampoco refleja directamente los efectos en el bienestar, que pueden ser más leves o más intensos según las estrategias de compensación o reparación que se adopten. Hecho el recordatorio, obsérvese que las sucesivas crisis de los años ochenta del siglo pasado condujeron a que el producto por persona de 1982 se recuperara apenas en 1994, cuando estaba por detonarse una nueva crisis.

FIGURA 1.1.PIBde México, 1993-2020 (esperado) y proyecciones a 2026, en miles de millones de pesos de 2013.

FUENTE: elaboración propia con base en datos delINEGI, Banco de Información Económica. Para el periodo 2020-2026 (línea punteada) se considera la proyección del Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: agosto de 2020.

Mírese ahora la estimación para el producto por persona después de la crisis de 2020, que se proyecta bajo el nuevo supuesto de bajo crecimiento esperado durante toda la década de los veinte, y también con el supuesto de que no habrá recaídas notables en los próximos años. De ser así, el producto por persona de 2018 podría estarse recuperando apenas en 2029 o 2030. Se insiste en que ésta es una medición típicamente aproximativa e indirecta, pero que tiene implicaciones reales en ausencia de las acciones necesarias para resarcir los daños sociales vinculados al deterioro o el bajo dinamismo productivo que deja una crisis.

FIGURA 1.2. Años de recuperación del valor del producto por persona, para volver al del año previo a las crisis indicadas.

FUENTE: elaboración propia con base en datos delINEGI, Banco de Información Económica, yConapo, datos abiertos de indicadores demográficos, 2019. Para 2020 y años siguientes (línea punteada) los datos de crecimiento esperado delPIBprovienen del Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: agosto de 2020.

Las crisis y la eliminación de ingresos que representan son antes que nada una pérdida de bienestar, tanto por la vía de las estrecheces en los medios individuales o familiares como por la de los bienes y servicios públicos que acaban mermados en cobertura o en calidad, por la menor disposición de recursos tributarios a ser distribuidos o invertidos por medio de los presupuestos. Lo anterior tiene expresiones concretas: los niveles de pobreza previos a la crisis de 1995, por ejemplo, se alcanzaron realmente apenas en 2002, y eso a pesar de que el producto por persona perdido en la crisis de 1995 se recuperó muy rápido. Por su lado, la proporción de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en el cuarto trimestre de 2019 seguía siendo superior al de los trimestres previos a la crisis de 2009.8Lo anterior le da sentido al comentario de que este tipo de oscilaciones económicas pueden implicar alteraciones generacionales, que interrumpen expectativas de vida y frenan la movilidad social, entre otras consecuencias. Y eso es, precisamente, lo que podría estar ocurriendo de nuevo en la década de los veinte, o al menos eso insinúa la perspectiva de largo plazo en el producto por persona (véase la figura 1.3).

Toda crisis representa una interrupción, en ocasiones una ruptura, de las trayectorias de acumulación de capacidades productivas, lo cual espropio de la condición cíclica de las economías. La crisis de 2020, como se ha repetido, es distinta: no surgió de alteraciones en las variables propias de las economías, de desequilibrios atípicos o de la inestabilidad de los mercados, restricciones de demanda y otros factores más o menos convencionales de origen. Es una crisis asociada al corte intempestivo e inducido por la necesidad de frenar la expansión del coronavirus, corte que se difundió a todo lo largo de las cadenas de producción, la suspensión de actividades productivas, el descenso abrupto de la movilidad aérea y terrestre, entre otras vías. En la mayoría de los países, además, fue una interrupción inducida y hasta obligatoria, explicada y justificada por razones sanitarias.

FUENTE: elaboración propia con base en datos delINEGI, Banco de Información Económica, yConapo, datos abiertos de indicadores demográficos, Conapo, 2019. Para el periodo 2020-2025 se considera la proyección del Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: agosto de 2020.

Por su propio origen y naturaleza, el efecto inmediato y de largo alcance de la peculiar crisis de 2020 puede ser más intenso que el de otras grandes recesiones, ya que su comportamiento no sólo estuvo asociado a la situación sanitaria sino que la recuperación también dependerá de ella. Por lo mismo, restañar la economía, superar el impacto en el empleo y la pobreza, volver al menos a la situación preexistente, no significará una operación técnica convencional de política económica y social, sino un trabajo de reordenamiento colectivo que pondrá a prueba el orden político, las capacidades de acuerdo y reflexión, la disposición al diálogo público, entre otras exigencias.

La recuperación no surgirá espontáneamente, entre otras razones porque necesita ser modulada para hacerla compatible con la superación de la pandemia. Tampoco surgirá por sí misma una nueva estrategia de largo plazo que reencauce el desarrollo para compensar cuanto antes los efectos inmediatos y para superar los rezagos estructurales que ahí estaban antes de la pandemia y que ahora se han agravado. Hay que reconocer primero el paisaje social, humano y productivo que está quedando tras los trimestres más intensos de la crisis y que resultará de la pandemia cuando ésta sea controlada aceptablemente, cuando ya se disponga de las vacunas suficientes, de posibles antivirales y de otros medios para darla por encauzada.

Si bien la tarea que viene es de un orden superior en términos políticos e institucionales, la política económica y social jugará un papel muy relevante en dicha tarea, sobre todo por su posible incidencia en la recuperación de los medios de vida, del empleo y los ingresos, de los recursos presupuestales, de los apoyos productivos para relanzar las fuentes de trabajo, de la activación de los mecanismos de financiamiento para la producción y el consumo, de los proyectos regionales para facilitar la salida de la crisis a los estados más dañados, entre otras urgencias.

En esta dirección, quizá lo primero sea dejar de subestimar el efecto de largo alcance de la crisis y, para comenzar, admitir que los impactos ya sufridos no son menores ni de superación inmediata. Los impactos mayores en términos de contracción productiva, empleos e ingresos pudieron haber ocurrido en el segundo trimestre del año, de acuerdo con los distintos indicadores, pero el efecto diferido en la pobreza y la recuperación del empleo puede extenderse varios años, como ya se ha indicado. Incluso en perturbaciones económicas menos intensas, el restablecimiento de los niveles de empleo ha requerido periodos largos, como ocurrió después de la atonía de 2002 a 2004, que implicó casi cuatro años para recuperarse.9Lo mismo puede decirse de la pobreza por ingreso, cuyo crecimiento ha sido documentado por diversas instituciones y fuentes, y con diferentes métodos.10

Pensar la recuperación en una perspectiva de mayor alcance exige preparar las medidas de activación inmediata, para empezar, en la producción, el empleo y la pobreza, en línea con la revisión de la estrategia de desarrollo. Aunque impliquen división de tareas y calendarios simultáneos, ambos procesos deben emprenderse a partir del reconocimiento público,es decir, político, de que se debe hacer más y con más recursos para que la reanimación económica se emprenda junto con los cambios estructurales necesarios.

En la dimensión estratégica, el fin del primer bienio del gobierno 2018-2024 es una buena oportunidad para subsanar la falta de un plan de desarrollo. Aun cuando el plan vigente hubiera satisfecho los requisitos de una estrategia en toda regla, el cambio drástico de las condiciones nacionales y globales, la modificación tan intensa de las perspectivas para los años venideros, la alteración de las prioridades y las urgencias de apoyo al sistema de salud, por ejemplo, estarían haciendo indispensable convocar a la sociedad y a los poderes establecidos a revisar las nuevas circunstancias y a reformular propósitos y medios de acción. Un cambio de ese tipo no sólo se justifica sino que está previsto. Es, además, una oportunidad de diálogo y deliberación pública.

CINCO GRANDES PRIORIDADES DE POLÍTICA ECONÓMICA

En un marco así adquiriría pleno sentido, por su lado, un acuerdo más inmediato para una recuperación, que sigue condicionada al control de la pandemia y que por lo tanto aún exige de los apoyos necesarios para que la población pueda mantenerse en condiciones de aislamiento en los casos necesarios, sin correr más riesgos de empobrecimiento por pérdida de ingresos, lo cual aún requiere apoyos directos a las empresas con el fin de que puedan recontratar trabajadores y mantener a los que se han mantenido laborando. Esta fase de la emergencia no debería darse por terminada, pues, por una parte, la experiencia reciente de otros países está mostrando que las vueltas al confinamiento son necesarias ante nuevas oleadas o brotes del covid-19 y, por otra, es necesario apoyar la contratación de trabajadores mientras se recupera la demanda a niveles suficientes de solvencia para las empresas. Es necesario, además, que se le dé forma y formalidad a un programa de recuperación del crecimiento económico, que sea objetivo en el diagnóstico y preciso en las acciones que se emprendan, que sea visible y tenga seguimiento, que asuma las cargas financieras y presupuestales necesarias con la participación de la Cámara de Diputados. De no ser así, queda en la discrecionalidad y en la improvisación la tarea de apoyar para que se apresure la recuperación.

Tanto un programa de recuperación inmediata como una nueva estrategia de desarrollo de mayor alcance pueden tener en el siguiente presupuesto de egresos de la federación un punto de encuentro, en el que las prioridades sean tanto el fortalecimiento de las instituciones de salud y las políticas contra la pobreza, como la inversión pública y privada, la promoción productiva y la defensa del empleo, el desarrollo regional y la reforma hacendaria. Son cinco urgencias de la jerarquía suficiente para convertirse en una convocatoria de Estado, que le otorgue densidad a la política nacional y al diálogo público, y que facilite la distensión y la interlocución.

1] En el fortalecimiento de la salud y las políticas contra la pobreza, porque si algo revela la pandemia es que la vulnerabilidad de la salud pública significa el mayor de los riesgos ante enfermedades emergentes, pero también ante las convencionales de todo tipo, y que la inexistencia de un servicio de salud de acceso universal ha expresado las mayores de nuestras desigualdades, que son las que surgen por la enfermedad y, literalmente, por la muerte. Los gastos catastróficos, las pérdidas de empleo e ingresos, y las dificultades de acceso a la alimentación, por su parte, están detonando mayor empobrecimiento, y los programas sociales existentes no lo están conteniendo: no fueron diseñados para estas circunstancias, por lo que se impone una revisión de la política social y de los instrumentos de apoyo al ingreso de las familias.

2] En la inversión pública y privada, porque mientras no se aprecie un incremento sostenido de la formación de capital seguirá debilitándose la capacidad productiva, el crecimiento potencial de la economía y la generación de empleos dignos y bien pagados. El coeficiente de inversión previo a la crisis de 2009 ya no se alcanzó en los siguientes años y la crisis de 2020 está reduciéndolo todavía más. Fue sobre todo un problema de inversión pública, que en la actualidad representa apenas un tercio de su nivel de doce años atrás y cuyo desplome ha rezagado aún más la infraestructura, está arrastrando la industria de la construcción, sobre todo la obra civil, y limitando el crecimiento y la integración de algunas regiones. Para la inversión privada, la disposición de financiamiento bancario accesible y un papel más activo de la banca de desarrollo son los elementos clave, que en una estrategia coordinada de promoción pueden ayudar a mejorar las expectativas y la disposición a invertir. Antes de la crisis se tenían ya casi a punto programas de inversión de pueden reactivarse.Para la inversión pública, la limitante central sigue estando en la política vigente de consolidación financiera, que tendría que relajarse.

3] En la promoción productiva y la defensa del empleo, porque, como lo documentó el INEGI, tras la experiencia del segundo trimestre de 2020, la mayoría de las empresas, de todos los tamaños, careció de apoyos efectivos para sortear la suspensión de actividades,11situación que se continúa enfrentando y que está limitando la recuperación del empleo o la recontratación. Esto es particularmente relevante en sectores como turismo, construcción, restaurantes, establecimientos de servicios y en la propia actividad manufacturera, entre otros que han sido especialmente afectados por la crisis y que no siempre tienen acceso a financiamiento. Las medidas de política monetaria y financiera que se adoptaron principalmente en abril significaron un respiro para las empresas con acceso formal al crédito, que debería renovarse y en su caso ampliarse. Para el resto de las empresas la situación seguirá siendo crítica, por lo que no ha pasado el momento de contar con programas más amplios que los microcréditos, que no alcanzan a resolver apuros de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.

4] En el desarrollo regional, porque, vista por estados y regiones, en muchos casos la crisis es aún más intensa que en los agregados nacionales. De acuerdo con algunas estimaciones, un grupo de entidades habrá acumulado caídas de su PIB de más del 15% entre 2019 y 2020, y no sólo en aquellas donde el turismo tiene un peso determinante, como Quintana Roo o Baja California Sur, sino también en otras más diversificadas, como Puebla e Hidalgo, o algunas que ya acumulaban años de retroceso, como Tabasco. Otras, como Coahuila, tienen el impacto por la caída de la producción manufacturera. En conjunto, una respuesta con alcances regionales diferenciados tiene además la oportunidad de ser el espacio de diálogo para limar las rispideces que se están generando alrededor de la coordinación fiscal, que se perfila como uno de los grandes problemas a enfrentar en los próximos años.

5] Y en la reforma hacendaria, porque la crisis de 2020 está agravando la insuficiencia hacendaria crónica, arraigada en la historia contemporánea e intensificada en años recientes, incluyendo ya los del actual gobierno, que hasta la fecha mantiene su postura de no incrementar impuestos y de fincar el incremento de ingresos públicos en la eficiencia recaudatoriay el combate a la corrupción. Las limitaciones de esta estrategia son evidentes y, de no enfrentarse, lo más probable es que se prolongue la ruta de estancamiento durante la década entera.

Estas cinco grandes prioridades pueden anudar un replanteamiento de la estrategia de desarrollo y un programa inmediato de recuperación.

2. Dinero en efectivo como política social

Gonzalo Hernández Licona

El país que recibió Andrés Manuel López Obrador a finales del otoño de 2018 era uno que acusaba rasgos decepcionantes, más oscuros que claros, en materia social y económica. Puede decirse que había algunos avances, por supuesto, pero una visión del conjunto de circunstancias, datos e instrumentos mostraba que las cosas no iban bien, que los avances habían sido demasiado lentos o exhibían rezagos demasiado grandes. Nos encontrábamos ya en un periodo de estancamiento. México había hecho esfuerzos muy grandes para solventar carencias en materia de salud, educación y seguridad social, pero no tenía como correlato un crecimiento económico ni una expansión de sus capacidades para generar ingresos.

Estas cifras pueden ayudarnos a ilustrar tal situación: en 2018, las familias teníamos un ingreso promedio casi igual que en 1992. Crecimos con muchas dificultades a tasas menores a 2.5% anual entre 2015 y 2018 y, si tomamos en cuenta que la población sigue creciendo, y en consecuencia “nos toca” cada vez menos, el crecimiento del ingreso anual por persona fue de 1.1%. Casi nada.

Podemos ampliar la mirada y remitirnos a las cifras de un muy importante informe presentado por Coneval. En 2008, 44.4% de la población era pobre. En 2018, lo era el 41.9%, o sea, en diez años hubo una reducción de 2.5 punto porcentuales del total de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos más población en pobreza, 52.4 millones, dentro de un país también más grande. En realidad, luego de una década hay 2.9 millones de personas más que viven en pobreza en todo el territorio nacional (véase tinyurl.com/y45m3rk8). En 2018, la pobreza ascendía a 42% de la población y cerca de 7.6% se encontraba en pobreza extrema. En esas condiciones, no podíamos aspirar a superar nuestras profundas desigualdades.

Todos los indicadores lo subrayan, pero creo que la medición multidimensional de la pobreza arroja un retrato más claro del país en el que estábamos y en el que seguimos viviendo. Mientras la pobreza extrema de hombres que no son indígenas y que residen en zonas urbanas era de 3.9%, la pobreza extrema de mujeres indígenas en zonas rurales fuede 45.7%. Éste me parece el ejemplo más elocuente del tipo de sociedad, de la exclusión y de la discriminación con los que vivimos.

Algo acaso más preocupante es la persistencia del fenómeno, el hecho duradero de que no lo podamos corregir a pesar de muchos esfuerzos, porque se nos parapeta una realidad muy resistente, estructural: la falta de crecimiento económico.

SIN CRECIMIENTO, LA POBREZA VENCE

El crecimiento económico sigue siendo importante, a pesar de todas las disquisiciones recientes, porque expresa la manera en que un país se organiza para trabajar y generar ingresos. Si la economía no propicia las condiciones para que las familias obtengan ingresos, cada vez en mayor medida, es imposible escapar de la pobreza. Y si la dinámica demográfica sigue en ascenso, al cabo nos tocará cada vez menos de la riqueza y de los ingresos que produce el conjunto. En ésas estamos: nos hemos convertido en un país que no muestra suficiente capacidad para generar valor agregado —e ingresos— y por eso nuestro bienestar está comprometido. Somos una nación que va rezagándose porque cada año es habitada por más personas y que no puede generar el valor agregado correspondiente: de ese modo, a cada persona le irá tocando menos —un descenso del PIB per cápita, como dicen los economistas—. Ése es el país que heredó López Obrador.

Pero al escenario de virtual estancamiento se agrega un componente más: ¿cuánta gente participa en la generación real de valor agregado?, ¿cuánta gente realmente mantiene encendidos los motores de la economía? Respuesta: no la suficiente, lo que quiere decir que nuestra organización económica es injusta porque no todos tenemos las mismas oportunidades de participar y además porque desperdiciamos recursos humanos que podrían generar valor agregado. Es el caso de las mujeres que no obtienen ingreso alguno por lo que hacen, que no participan en ningún mercado, en ninguna innovación, pues no tienen oportunidades para concurrir a la economía y obtener ingresos: el país en su conjunto sale perdiendo. En un sentido amplio, el nuestro es un país injusto y también es un país poco eficiente.

Así, mídase como se mida, úsese la variable que se quiera, la desigualdad aparece como un rasgo dominante. ¿Cómo nos va a todos los mexicanos en materia de acceso a la salud? Hay gente que tiene acceso a unaatención de primera, de buena calidad, pero hay mucha más gente que ni siquiera conoce el procedimiento para entrar a una clínica. Si se elige la variable educativa ocurre lo mismo: hay quienes tienen la oportunidad de ir a escuelas de buena calidad y hay gente que no tiene más alternativa que acudir a escuelas muy mal dotadas. Y si, por ejemplo, se toma la variable del ingreso, veremos que hay un núcleo de mexicanos que tienen estándares superiores a los europeos más ricos y a la vez, en cambio, hay muchísima gente que no puede salir adelante, personas para las que 15 pesos diarios es la diferencia entre quedarse o no en la pobreza extrema.

Poco crecimiento, incremento de la población, poca capacidad de generar valor agregado, desigualdad en casi cualquier rubro de la existencia. Y debo insistir en la persistencia del problema: son síntomas que llevan entre nosotros 25 o 30 años, toda una generación, a la cual no le va mejor año con año y cuyas condiciones no mejoran a pesar de su esfuerzo. Así arribamos al 2018. Tengo la impresión que esos factores son un telón de fondo muy poderoso y ayudan a entender las razones del triunfo del presidente López Obrador. Aunque no son los únicos, por supuesto.

Hay un conjunto de circunstancias adicionales que explican el triunfo de Morena. Tiendo a creer que las alternancias que México vivió en las últimas décadas no sólo estuvieron ensombrecidas por el estancamiento y la falta de prosperidad para millones de personas, sino que esto precisamente provocó una decepción recurrente y enorme. Votamos por el partido A y no nos fue bien. Votamos por el B y tampoco nos fue bien. Volvimos a votar por el A, que enarbolaba una batería de reformas con las que se suponía que saldríamos adelante y tampoco ocurrió. En cambio, se sucedieron episodios de corrupción que volvieron a frustrar a una enorme cantidad de ciudadanos. Sin beneficios tangibles, sin ingresos, sin buenos salarios y con servicios básicos que no alcanzan, el coctel estaba listo. Inseguridad, pobreza y corrupción: tres ejes que fueron articulados en un discurso sencillo y muy emocional de parte del candidato López Obrador, curtido ya en muchas campañas y cuyo tinte popular conectó con ese momento del malestar mexicano.

Es obvio pero hay que subrayarlo: su discurso, sus presentaciones y sus mensajes fueron más creíbles para una gran parte de la población que vive y padece la realidad de la pobreza y la desigualdad. Nadie supo capitalizar mejor ese enorme malestar. Eso sí: cosa muy distinta es que el presidente tenga las ideas, el conocimiento y los instrumentos para encarar y resolver esos problemas.

POLÍTICA SOCIAL PREVIA

Antes de valorar las directrices y las acciones del nuevo gobierno, parece de elemental justicia reconocer qué es lo que México había edificado para auxiliar a la población pobre y más vulnerable. Porque, contrario a lo que se dice en la narrativa actual, México tenía piezas de política bien aceitadas —no perfectas—, pero que cumplían con sus propósitos y por lo tanto lograban atemperar la pobreza y la desigualdad. Debo ser enfático: no las resolvían, pero formaban un muro de contención que por un lado sacaba a una sector de la población de la pobreza y por otro tenía una focalización adecuada, aunque imperfecta. En concreto, me refiero a los programas Prospera, Seguro Popular y Empleo Temporal.

Prospera era el resumen de una política que tuvo razonable continuidad a lo largo de los sexenios. Era un programa presupuestario manejado por la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) que transfería regularmente recursos líquidos atados a las necesidades de salud, nutrición y educación básica. La idea era apoyar a la población más pobre entre los pobres para mantener a los niños en la escuela, aportar ingresos a su canasta alimentaria y dotarlos de un boleto de entrada al sistema de salud.

Este programa empezó en 1997 (bajo el nombre de Progresa) y su supuesto era que, en un futuro no muy lejano, México encontraría una senda de crecimiento económico que demandaría empleos cada vez más calificados. Si el programa lograba sus objetivos, entonces México contaría con la población preparada para ocupar los puestos en un mercado laboral en expansión. Este supuesto se desvaneció por la falta de crecimiento y, con la crisis financiera de 2008, las perspectivas empeoraron. Pero la culpa no es del programa y, por el contrario, gracias a él México pudo contener en parte esa oleada de empobrecimiento que la crisis trajo.

En su construcción adquirió rasgos que lo hacían eficaz, al menos en las áreas rurales, pues mediante la entrega de recursos monetarios millones de personas pudieron tener una palanca para permanecer en el sistema educativo e ingresar en el sistema de salud, recibiendo en paralelo cierta aportación para el sustento y la nutrición de la familia. Las transferencias que logró este programa fueron muy importantes y los estudios muestran que la transferencia redujo la profundidad de la pobreza. Al inicio de 2018, otorgaba apoyos a 6.4 millones de familias.

El programa tenía otros efectos positivos, muy inclusivos. Logró reducir casi a cero la brecha entre niñas y niños que acuden a la escuela, sobretodo en el medio rural. El hecho fundamental es que las becas de Prospera para niñas tenían un monto superior que la de los niños y eso favorecía tanto la permanencia (el número de años cursados por los menores) como la presencia femenina en las escuelas primaria.

El programa logró precisión para alcanzar a su población objetivo, especialmente la población indígena. Sus padrones de beneficiarios reflejaban bien la geografía, la sociología y la profundidad de la pobreza en el territorio nacional, y esto lo convirtió en el programa mejor focalizado de la política social. Progresa fue un programa que atendía en parte la problemática social, si bien sólo con ese instrumento no podríamos aspirar a salir adelante, pero cumplía sus propósitos: mejoró las condiciones de distribución del ingreso en la parte más baja de la distribución.

Además de Prospera, México había creado otra estrategia con elementos importantes de focalización: el Seguro Popular, cuyo foco era dar acceso a la salud al enorme sector informal de la economía, una población que no cotiza directamente en el IMSS o el ISSSTE pero que, con mecanismos relativamente sencillos, adquiría una llave para atender su salud en caso de padecer las enfermedades catastróficas más comunes.

Resaltó aquí dos características importantes. Por un lado, estaba bien focalizado —sin ser perfecto—, pues buscaba apoyar a la gente con menos recursos en el país. Y por otro lado, se les transmitía a esas personas la claridad y la certeza de su derecho a participar en el sistema de salud, al menos para atender un cuadro acotado de enfermedades. Posiblemente con un enfoque más integral, y con financiamiento, la solución habría sido un esquema de salud universal, sin distinción entre trabajadores formales o no. Sin embargo, este esquema tiene dificultades políticas y financieras, así que el Seguro Popular tuvo la facultad de cerrar la brecha de afiliación a los servicios de salud.

Otra vez, según los datos y la información captada por el Coneval durante varios años, gracias al Seguro Popular 20.6 millones de mexicanos adicionales tuvieron acceso a las instituciones de salud, desde su creación en 2003 hasta 2018. Gracias a esta política, el acceso a la salud fue el satisfactor que presentó el mejor comportamiento de todos (educación, pensiones, etcétera) y el que más contribuyó a explicar la disminución de la pobreza.

Tenía defectos: dependía de la base clínica y hospitalaria existente, que es desigual y de una muy heterogénea calidad en los servicios que ofrece. Y por supuesto, el registro estadístico sobre la carencia en salud desciende por el sencillo hecho de que más gente tuvo su credencial de Seguro Popular. La calidad de la atención médica no creció igual de rápido que la cobertura y los registros, pero aun así esos 20.6 millones de mexicanos inscritos constituyen un avance que no puede negarse.

Y, en tercer lugar, México contaba con el Programa de Empleo Temporal (PET), que tenía la misma virtud que los dos precedentes: estaba bien focalizado hacia la gente más pobre. Su operación no dependía de estimaciones, ni de cuestionarios del gobierno, sino de su diseño mismo, pues las personas que accedían a él lo hacían mediante su propio trabajo. El PET otorgaba un pago por jornal (alrededor del salario mínimo) a cambio de desempeñar un trabajo manual en áreas rurales. Pronto se convirtió en un verdadero programa de protección social, que suplía las carencias estacionales de la vida en el campo. Como se sabe, las localidades rurales dependen mucho del ciclo agrícola y hay meses en el que el trabajo se suspende, como cuando terminan las cosechas. En ese momento, ocurren dos cosas: o bien la gente consume sus pocos ahorros, ganados en la estación productiva, o emprende una migración a sitios donde sí hay trabajo, a otros estados o de plano a Estados Unidos.

Es allí donde intervenía el PET: como siempre hay cosas que hacer en la propia localidad, se contrataba a los trabajadores en una labor manual, para que no sobreviniera el desahorro, mantuvieran una parte de su ingreso y su esfuerzo se viera reflejado en el mejoramiento de su propia localidad. Este diseño hacía que las mexicanas y los mexicanos en pobreza extrema se acercaran natural, espontáneamente al PET, sin otra condición más que la de trabajar. Y cuando ocurría el cambio del ciclo productivo o las personas encontraban un trabajo mejor, dejaban el programa.

Por lo tanto, era un mecanismo “autofocalizado”. Además, no costaba mucho saber a dónde ir para implementarlo en esas zonas. En ese sentido, era muy eficiente. Y sostengo que hoy, ante la presencia de la pandemia, es un esquema que nos está haciendo mucha falta, pues aparte de otorgar dinero emergente habría posibilitado la rápida creación de una RED de soporte e ingreso para quienes se quedaron sin trabajo.

Hoy, en 2020, ninguno de los tres programas existe: tres programas importantes, relativamente bien focalizados, que fortalecían la protección social para la población. ¿Qué los sustituyó a partir de 2019? ¿Cuál es la idea básica que preside la política social en el presente? Para acercarnos a ese balance, quizá sea útil entender lo que pasó con el programa de estancias infantiles, que también fue eliminado sin evaluación, sin justificación argumentada ni evidencia demostrada.

Este programa consistía en apoyar la oferta de un servicio. No era un apoyo directo a las beneficiarias, sino a quienes ofrecían el servicio de cuidar a los niños, mientras las madres —muchas de ellas solteras— salían de casa para ir a trabajar. Este programa tenía varios supuestos detrás: hay una economía de los cuidados que debe ponerse en movimiento, una economía del lado de la oferta, una cierta infraestructura para hacerse cargo de la protección de niñas y niños, un Estado que entrega subsidios para un personal que se especializa, que por su trabajo recibe un ingreso y que procura que los niños no permanezcan anclados en el núcleo parental, sino que tengan un espacio más propicio para socializar con otros niños. Dicho con simplicidad, las estancias infantiles sostenían una plataforma productiva y social que resolvía una necesidad imperiosa de las madres trabajadoras por el lado de la oferta. Y esto es lo que se desmanteló. Una vez más: el programa tenía defectos y la infraestructura y los cuidados de los que hablamos podían no ser perfectos, pero estaban allí, atendiendo y desplegando un servicio que el Estado no estaba en condiciones de ofrecer.

Pero la mentalidad del presidente está colocada en otra dirección: él piensa que el subsidio debe ir directamente a las madres. Las estancias se consideran “intermediarias”. De lo que se trata ahora es que a la población le quede claro quién la beneficia. Y se da por sentado que las madres sabrán administrar mejor que nadie los recursos que se les otorguen. Este ejemplo parece muy ilustrativo tanto del diagnóstico como de la receta del presidente: lo que importa es la relación directa con los beneficiarios-ciudadanos-votantes. El objetivo central en este gobierno no es el acceso efectivo a los derechos, que implica no sólo accesibilidad —la cual se puede conseguir con transferencias en efectivo—, sino también son importantes la disponibilidad —que el servicio exista, que esté cercano— y la calidad.

El objetivo hoy es sólo la entrega en efectivo. La idea no es nueva, por supuesto. Viene de principios de siglo, cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México —democráticamente electo—, un joven López Obrador, entendió que se había generado un enorme hueco en nuestra vasta economía informal y que se estaba lastimando seriamente la existencia de los adultos mayores, quienes no habían cotizado en las instituciones formales de seguridad social y, por lo tanto, carecían de pensión.

Ese programa tenía toda la justificación social, porque vivíamos todavía los efectos masivos del Efecto Tequila, que había amplificado esa necesidad. Pero además tenía un filo político muy importante: entrega directade recursos monetarios, primero a miles y luego a millones de personas. Esto, que fue una innovación en su momento, una buena idea para atender una coyuntura crítica, se convirtió sin embargo en un canon, en una directriz fundadora de casi cualquier política social que imagina hoy el presidente de la República.